La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner insistió una vez más con su discurso en contra de la Justicia, tildándola ahora de golpista.
Su conocida teoría del lawfare sostiene que las causas en las que se la investiga como supuesta líder de una asociación ilícita fueron armadas por medios de comunicación hegemónicos y sectores concentrados del poder económico, con participación activa de algunos miembros del Poder Judicial, para perjudicarla.
En un seminario organizado por el Instituto Patria, que ella fundó, y el Instituto Lula, vinculado al expresidente de Brasil Lula da Silva, Fernández fue más allá y señaló que hoy el Poder Judicial cumple el rol golpista que años atrás desempeñaron los militares: “Aquellas doctrinas de seguridad nacional que utilizaban a las Fuerzas Armadas para desalojar a los gobiernos nacionales y populares fue sustituida por esta doctrina de utilizar a sectores del Poder Judicial en el armado de causas que destruyen, fundamentalmente, a los dirigentes nacionales”.
El ecuatoriano Rafael Correa, el boliviano Evo Morales, el brasileño Lula y la argentina Cristina Fernández serían, para ella, cuatro ejemplos perfectos de cómo se usa actualmente a la Justicia para impedir que ciertos líderes políticos latinoamericanos traduzcan su respectiva popularidad en votos que les aseguren cargos de gestión.
Vale recordar que, recientemente, la Corte Nacional de Ecuador dejó en firme una condena a ocho de prisión por corrupción en contra de Correa, y que en Brasil la máxima autoridad judicial anuló una condena contra Lula por fallas graves en el procedimiento, no porque lo haya encontrado inocente.
El caso de Morales es más complejo: desconoció en su momento el resultado negativo de un referéndum con el que pretendía legitimar su postulación a una reelección que era inconstitucional; forzó una habilitación judicial para ser candidato de todas maneras; y en las elecciones se produjeron irregularidades que fueron denunciadas por la Organización de Estados Americanos (OEA). Entonces, Morales renunció.
En el caso de la señora Cristina Fernández, su problema no es el hipotético lawfare sino las irrefutables pruebas que van acumulándose en distintas causas.
Ahora bien, es habitual que el discurso kirchnerista califique de golpista a quien se le opone o le marca sus límites. En mayo de 2008, en medio de la “rebelión del campo” por la resolución que instrumentaba un sistema de retenciones móviles crecientes a las exportaciones, el colectivo Carta Abierta se encargó de instalar ese “relato”: las protestas generaban “un clima destituyente”, evaluaron los intelectuales que apoyaban al oficialismo.
A partir de entonces, desde el atril, Cristina Fernández desafió en muchas ocasiones al “partido judicial” a que se presentara a elecciones. Luego, la presidencia de Mauricio Macri fue identificada con “la dictadura”, como si la continuidad de los gobiernos kirchneristas hubiera sido interrumpida por un golpe de Estado. Hoy, la Justicia sería directamente golpista.
En vez de construir relatos alejados de la realidad, que buscan desacreditar a los miembros de otros poderes del Estado o a los opositores políticos, el kirchnerismo debiera aceptar el ordenamiento legal e institucional.
