Un poco nos habíamos olvidado o desacostumbrado al “lawfare” esa palabra tan usada por Cristina Fernández de Kirchner para defenderse de sus múltiples denuncias, imputaciones y hasta procesos en la Justicia por actos de corrupción. El “lawfare” o “guerra jurídica” para el kirchnerismo implica una especie de alianza (más o menos implícita según los casos) entre jueces, periodistas y políticos opositores para, con supuestamente pruebas falsas, encarcelar a la reina K y a sus principales seguidores. De ese modo, cualquier proceso legal que se siga no tiene la menor validez, porque está infectado con ese vicio. Conspiracionismo puro, incomprobable, muy utilizado también en otros lares por políticos de derecha como el italiano Silvio Berlusconi cuando fue acusado de cometer similares delitos. No hay ideología cuando se trata de enfrentar a la Justicia a fin de escapar de la misma y lograr la impunidad.
El gobierno actual, de filiación liberal (hasta ultraliberal, podría decirse) se suponía iba a continuar la tradición de su antecesor del mismo signo, la presidencia de Mauricio Macri, donde se sancionó en 2016 la ley 27.275, de información pública, que le daba sustento jurídico a las disposiciones constitucionales sobre el derecho pleno de acceso a la información pública, no sólo para los periodistas, sino para todos los ciudadanos que la requieren. Una ley liberal en el mejor sentido del término. Del mismo modo que lo es, e incluso más amplia, la ley 9070 de la provincia de Mendoza de acceso a la información pública, que fue aprobada por unanimidad de ambas cámaras legislativas el 30 de mayo de 2018 en la primera gobernación de Alfredo Cornejo. La tradición republicana mendocina, que viene desde muy lejos en la historia, podría ayudarle también al presidente anarcoliberal para mejorar su liberalismo institucional.
Sin embargo, en vez de ampliar el acceso a la información como sería la lógica conceptual filosófica de las ideas que defiende Javier Milei, éste tomó la actitud de restringirla, que es muy parecido a lo que intentaron los gobiernos kirchneristas al no legislar sobre este tema. Pero esos eran gobiernos estatistas, populistas y autoritarios que le habían declarado la guerra primero al periodismo y luego a los jueces, desde el momento que ambos comenzaron a investigar sus inmensos desfalcos al erario público, su colosal sistema estructural de corrupción estatal.
Se supone que contra eso vino a luchar el gobierno del economista anarcolibertario, del cual, además, hasta el momento no aparecen sospechas significativas de corrupción. Entonces jueces, periodistas y políticos que fueron opositores y denunciantes al kirchnerismo, podrían ayudarlo en su combate contra la casta, contra la política corrompida, que es el más significativo de los mandatos populares que motivaron su elección. En vez de que Milei los combata.
Por eso es muy difícil de entender la lógica de este gobernante sui generis, que en economía expresa un liberalismo a prueba de balas (como se vio el viernes en Mendoza en su polémica contra Cristina Kirchner) aunque en cultura es básicamente conservador (podríamos decir hasta ultraconservador), pero, y eso es lo verdaderamente preocupante, en los temas institucionales cada día se parece más a una variación tardía del populismo kirchnerista. Sin que sea posible encontrar, al menos prima facie, las razones, la necesidad de esa contradicción. Pero lo cierto es que el lawfare regresa según las acusaciones de Milei: los políticos son ratas (incluyendo, sobre todo, a gente que piensa muy parecido a él, como ese dirigente emblemático, auténtico y admirable liberal en serio, Ricardo López Murphy), los periodistas son, en su gran mayoría, ensobrados, y su concepción de la Justicia se va pareciendo cada vez más a un calco de quien parece temer que si no domina a los jueces, éstos tarde o temprano se volverán en contra de él. Igual que Cristina. Lo que ocurre es que Cristina tiene razón porque la Justicia independiente, aún con sus bemoles, posee mil causas en curso contra sus delitos, pero Milei no tiene ninguna, y no parece ir por ese camino. Lo más criticable por ahora es un tema menor: los abusos y las tonterías de esa Armada Brancaleone que son una gran mayoría de sus legisladores, arribados de los márgenes políticos, y que por ende actúan en consecuencia.
La furia creciente con que Milei viene insultando al periodismo y a los periodistas en general en principio son meras expresiones verbales propias de un estilo naturalmente ofensivo. Pero el problema es cuando esas valoraciones se transforman en actos de gobierno, del cual el decreto restrictivo de acceso a la información pública es su primera expresión concreta. Ya no meramente se insulta a la libertad de expresión, ahora se la legisla en contra.
Un decreto es éste que de haber existido antes le hubiera venido como perfecta excusa a Alberto Fernández para no tener que explicar una serie de supuestas relaciones privadas cometidas en Olivos que, como se verifica cada vez más, tienen una implicancia directa con delitos públicos. Porque esa diferencia que Milei pretende hacer entre lo público y lo privado de los políticos, más bien parece una excusa para ocultar bajo el nombre de lo privado ciertas desviaciones públicas. Lo de los perros es apenas un capricho, un enojo personal, pero que no explica el fondo de las motivaciones para elaborar un decreto que, según dicen los informados, ya venía pensado mucho antes de que alguien preguntara por sus perros.
Y en el cual tuvo inmensa participación el asesor todo terreno Santiago Caputo, alguien que según Milei forma con él y su hermana el triángulo de hierro del gobierno, los intocables, los indestructibles que pueden aniquilar a todos los que se les opongan o a quienes ellos quieran.
Santiago Caputo no solo es el numen del decreto de restricciones a la información pública, sino que es quien quiere más dinero para una SIDE que quizá lo necesite, pero que desea manejar directamente él, lo que genera dudas sobre si se requiere más presupuesto para mejorar la ciberseguridad o para espiar adversarios. Del mismo modo maneja los hilos para imponer la designación del juez Lijo en la Corte, porque quiere que los jueces supremos no les pongan obstáculos constitucionales a los DNU con los que principalmente le gustaría gobernar para no tener que negociar con la “casta”, ni siquiera con Macri a quien odia más que a Cristina porque amenaza compartir con él la influencia política hacia el presidente.
Caputo y sus trolls también ponen y sacan funcionarios a su entera voluntad con el férreo apoyo de un Milei que ahora ha decidido reconstruir la autoridad perdida en sus anárquicos bloques legislativos no mediante mayor participación política e intervención democrática en las decisiones de sus miembros, sino a través de la represión interna. Que en la era soviética se llamaban purgas. Expurgar al enemigo o al infiltrado o al enfermo de un cuerpo social sano. Con esa lógica se “purgó” del bloque al senador Francisco Paoltroni, uno de los pocos libertarios que parece criterioso y sensato y cuyo único pecado fue oponerse (como también lo hacen el expresidente Macri y la vicepresidenta Villarruel) a la designación del juez Lijo en la Corte. El presidente, que se cansó de repetir que a diferencia de los comunistas, los liberales no eran una manada y por eso había libertad de pensamientos y criterios de decisión entre ellos, acaba de incorporar la doctrina contraria porque a Paoltroni lo echó con la lógica de defensa de la manada. No hay, no puede haber otra explicación. Acá se trata de un hecho, no de una opinión. Con Paoltroni afuera, les pidió al resto ser manada. Basta con leer el discurso donde exige sumisión absoluta a su soberana majestad. Que me perdonen, pero eso no me parece liberal.
Si uno mira las actividades crecientes que va concentrando Santiago Caputo, hay un punto en común que las hermana: todas buscan acumular el máximo poder político posible en manos presidenciales. Sacarle poder a las instituciones de la República para entregárselas al unicato y al monopolio de su majestad real.
Es paradójico, en lo económico Milei dice interesarse en darle poder a la sociedad en contra del Estado (y en buena medida lo está haciendo o intentando).
Pero en lo cultural busca sacarse de encima o achicar al máximo a todo organismo de cultura, de cine, de ciencia y tecnología, de artes, incluso hasta a la universidad, porque los supone el dominio inexpugnable del progresismo, su gran enemigo conceptual. Pero a cambio le opone el fundamentalismo medievalista de sus principales ideólogos. Nicolás Márquez y ensayistas tan discutibles como él.
Ahora bien, en lo institucional ni quiere ampliar las libertades públicas como lo intenta en economía ni sacarse de encima organismos como pretende en lo cultural, sino acumularlos en su poder más unipersonal. Absolutismo puro. Y esa es la misión central del agente secreto al servicio de su Majestad, Santiago Caputo, todo lo demás que hace son meros adjetivos.
Esa división en tres de su gobierno, lo hace muy contradictorio a Milei. En particular, cuando las necesidades objetivas de esas “prevenciones” tendrían otras respuestas inmensamente más democráticas. O, mejor dicho, inmensamente más liberales.
Dejemos de lado el tema económico donde están puestas la inmensa mayoría de las expectativas de la sociedad y de cuyo éxito o fracaso dependerá el éxito o fracaso del gobierno entero. Acá Milei aún sigue siendo dueño y señor, ha logrado algunos objetivos meritorios en inflación o déficit y el duro ajuste está siendo soportado por la sociedad de una manera impensable con otros gobiernos. Eso es porque tienen esperanzas en que dará resultado. O sea, por ahora, Milei tiene licencia social para ajustar y perspectivas favorables en su área principal de gobierno. Todo eso es bueno.
Pero en lo cultural lo que debería hacer es desideologizar las instituciones que efectivamente prostituyó el kirchnerismo, devolviéndoles objetividad y tornándolas efectivas en su accionar y en sus logros, meritocratizándolas, evaluándolas por resultados, que esa sería la verdadera fórmula liberal, no la de suprimirlas o achicarlas porque fueron “ocupadas por el enemigo” y éste las ha destruido. Una tarea dificilísima luego de tantos años de manoseo y de adoctrinamiento intelectual, pero por eso aún más apasionante, sobre todo para los que se presumen de liberales. Desadoctrinar para que la cultura vuelva a poder de la sociedad entera en vez de seguir siendo propiedad de los militantes políticos de la cultura, esos que ayer fueron kirchneristas y hoy son antimileistas, pero básicamente se creen los dueños de la cultura.
Por último, en lo institucional debería hacer lo que se esperaba de él: al tener una minoría legislativa insignificante y bastante ineficaz, acordar en serio y de modo permanente con todos aquellos dirigentes políticos alejados del kirchnerismo y que no expresen las prerrogativas de la casta. La gente del PRO, la UCR no influenciada por el kirchnerismo, los peronistas republicanos y tantos otros partidos que están manifestando su deseo de ser una oposición colaborativa. Al periodismo debería aprovecharlo para que le ayude a controlar las posibles corrupciones que puedan cometer miembros de su gobierno, ya que a la mayoría el presidente apenas los conoce aunque suene paradójico (ya descubrió la prensa que los 6 senadores de LLA tienen la friolera de 88 asesores) o para que siga investigando las atrocidades de los gobiernos fernandistas. No debería temerle a las acusaciones de corrupción si él se siente impoluto. Y si quiere que le legalicen los DNU, más que querer constituir una Corte adicta, lo que necesita es una mayoría legislativa afín.
Tiene, por supuesto, a las redes sociales para confrontar todo lo que quiera con el periodismo tradicional. Y tiene su verba polémica para darle duro a quien considera equivocado. Está en su derecho aunque sus modales sean atroces. Pero hasta allí, solo hasta allí, porque cuando comienzan los instrumentos legales para limitar la libertad de prensa y de expresión (hoy con un decreto que les niega los instrumentos para que puedan efectivamente funcional al modo liberal), allí aparecen los problemas.
Por eso es tan importante esta polémica sobre la información pública que se está librando en los medios, en las instituciones y en la sociedad en general. Algo tan importante como lo del juez Lijo, un costo político innecesario para el gobierno existiendo hoy una Corte que ha demostrado, en la mayoría de sus miembros, ser claramente independiente de todo poder político. Habría que ampliarla entonces en ese sentido, en vez de poner a cortesanos del poder que sólo harán lo que quien esté al frente del Ejecutivo le ordene, sea éste quien fuera y sea la cosa que fuera.
En fin, que un auténtico liberal, además de abrir la economía, debería ampliar la información pública en vez de restringirla, agrandar para el pueblo y achicar para los funcionarios los organismos culturales en vez de querer suprimirlos y darle la mayor autonomía posible a todas las instituciones republicanas en lugar de buscar concentrarlas bajo su poder.
No es ni más ni menos que lo que haría Alberdi. Nuestro presidente todavía está a tiempo de continuar en un nuevo tiempo a su maestro, quien nunca llegó a ser uno de los dos políticos más importantes del mundo (como insólitamente piensa Milei de sí mismo) pero igual algo hizo: nos dejó una Constitución liberal extraordinaria y una vida entera al servicio de la patria. Vaya a ese espejo, Milei y déjese de joder con esa imitación bizarra del lawfare cristinista, con ponerle vigilantes, alcahuetes o ciberguerrilleros al periodismo crítico o jueces obsecuentes a la Corte independiente o gritarle rata inmunda a todo el que no piensa exactamente como usted.
Si dejara de hacer todas esas tonterías, incluso podría servirle para que la solución económica en la que usted está poniendo casi todos sus esfuerzos, esté más cerca de su real concreción. Una cosa es gritar para la tribuna, otra es trabajar para la historia. Y usted todavía tiene todas las posibilidades de elegir. Le aseguro que lograr un país liberal en serio es posible, sobre todo hoy que esa ideología tiene un gran apoyo popular que antes se suponía era exclusivo del peronismo o del estatismo. Pero también le aseguro que construir un país económicamente liberal pero medieval en lo cultural y autoritario en lo institucional, será mucho más difícil de imponer en un pueblo como el argentino. Usted debería tener más charlas con su desregulador por excelencia, Federico Sturzenegger, quizá el liberal más interesante de su equipo. Y menos con el más stalinista de su grupo, Santiago Caputo, un joven cuya modernidad la extrae de las cavernas. El país espera mucho de usted, no lo defraude para librar una guerra contra espejismos.
* El autor es sociólogo y periodista. clarosa@losandes.com.ar
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