El inicio del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso en Ecuador, confirma los problemas de gobernabilidad crecientes en la región andina. El proceso se inicia en el Parlamento Unicameral el 16 de mayo. El total de legisladores es de 137 y para destituir al presidente hacen falta 92. En las mayorías necesarias para iniciar el juicio, la oposición superó los 80, y parece probable que alcance la cifra requerida para la destitución, que tiene como fundamento denuncias de corrupción contra el primer mandatario y miembros de su círculo más próximo. Impulsa el juicio político una coalición de tres fuerzas: el partido que desde el exterior lidera el ex presidente Rafael Correa, una fuerza política indigenista y el Partido Social Cristiano, una fuerza tradicional de centroderecha. Los dos últimos tuvieron en el pasado reciente alianzas tácticas con Lasso, al cual pasaron a enfrentar en los últimos meses. El presidente es el único electo por la centroderecha en la región en los últimos años, y se ha alineado con los Estados Unidos en forma coherente y sistemática. Pero sus errores políticos lo llevaron a perder en febrero de este año un referéndum que convocó para aumentar las penas contra el delito, y en particular el narcotráfico. El escenario probable es que tenga lugar la destitución, lo cual llevaría al poder al vicepresidente, Alfredo Borrero, un experto del área de salud, cuyo primer desafío si llega al poder será articular una coalición parlamentaria que le permita alcanzar gobernabilidad.
En Chile, el resultado de la elección de constituyentes, con un claro triunfo de la ultraderecha, ha dejado debilitado al gobierno de Gabriel Boric y con un futuro incierto hacia adelante. Chile se ha instalado políticamente sobre los extremos, entre un presidente que lidera un frente integrado por su propio partido, la coalición de izquierda Frente Amplio, el socialismo y el comunismo, y una fuerza de derecha que reivindica el gobierno de Augusto Pinochet. Esto torna incierta la aprobación de la nueva constitución, que deberá ser aprobada en un referéndum de participación obligatoria en diciembre, que hoy no se sabe la orientación ideológica de su texto. Pero en lo inmediato, los problemas son crecientes. La economía se ha frenado. La insurgencia mapuche va en aumento y ha obligado al presidente a disponer la extensión del despliegue militar en el sur del país, frente a la escalada de la violencia del extremismo mapuche. Al mismo tiempo, en el norte del país ha incrementado el despliegue militar por el creciente problema que implica la acumulación de inmigrantes -la mayoría de Venezuela y Haití-, que pujan por salir del país por la frontera norte con Perú, quien los rechaza. Ambos problemas inclinan la opinión pública hacia la derecha y ponen a Boric en contradicción con los postulados de las protestas sociales que lo llevaron al poder.
En Colombia, la situación del presidente Gustavo Petro comienza a tener señales de ingobernabilidad. Ha realizado un giro hacia la izquierda con el reemplazo de su ministro de Economía, José Antonio Ocampo, que era considerado un moderado para los mercados. Esto ha derivado en un incremento de la incertidumbre económica, que inevitablemente genera el primer presidente en Colombia de centroizquierda en más de medio siglo. Su política de “paz total” enfrenta dificultades. Busca incorporar a los acuerdos firmados en 2016 en Cuba por el presidente Juan Manuel Santos y la mayor parte del grupo guerrillero de ideología castrista FARC, al ELN -la guerrilla de izquierda que se negó a participar en dichos acuerdos- las disidencias de las FARC y a los grupos paramilitares que no se han desarmado y actúan en el campo de la delincuencia organizada.
En Bolivia la situación política es crítica y se complica la economía, con dudas sobre la estabilidad. El ex presidente Evo Morales logró que en la última elección presidencial llegara al poder su “delfín”, Luis Arce, quien ocupó la cartera de Economía en la presidencia del primero. Una vez en el gobierno, comenzaron a evidenciarse diferencias entre el presidente y su predecesor. Es la inevitable lucha por el liderazgo y por el control del poder en el futuro. Evo no ocultó su aspiración de volver al poder y Arce de retenerlo en la futura elección. Las diferencias políticas se profundizaron e incluso las protagonizaron las familias de ambos. Los bloques oficialistas en el Congreso se dividieron y entre los partidarios de ambos tuvieron lugar enfrentamientos en las calles. Paralelamente, se profundizó el conflicto entre el movimiento de base indigenista que gobierna, con la oposición, centrada en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, gobernado por fuerzas de derecha que participaron en la crisis que impidió una discutida reelección de Evo Morales a fines de 2019.
Por último, Perú completa el arco de la dificultad de gobernabilidad en la región andina, aunque el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha logrado una estabilidad precaria en el corto plazo y el gobierno hoy controla la situación. La presidenta ha sido denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las muertes en la represión y ahora el ex presidente Castillo es acusado en la justicia peruana por incitar a las protestas. Boluarte ha logrado un equilibrio inestable, aunque equilibrio al fin, al cumplir cinco meses en el poder.
En definitiva, el gran tema político en la región andina es la gobernabilidad.
* El autor es Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
