Un par de semanas atrás hubo dos noticias que en circunstancias normales -es decir, en una sociedad sinceramente preocupada por la educación- deberían haber puesto en alerta al mundo universitario.
El martes el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA emitió un comunicado repudiando la (supuesta) persecución judicial y mediática por razones políticas con la Vicepresidente. El jueves, haciendo caso omiso del estado general del sistema de educación pública, la comisión de educación del Congreso se reunió para tratar el proyecto de creación de tres (¡tres!) universidades nacionales.
Pocas veces puede verse de una forma tan clara el proceso de destrucción de la universidad operado por el kirchnerismo durante los últimos 20 años. Aunque invertidos en la secuencia temporal, estos sucesos muestran la causa y el efecto del plan de sometimiento del Estado al poder del kirchnerismo. En este caso, las instituciones universitarias.
Movido por un legítimo afán de desarrollo educativo y científico (cosa que no se deja ver en los documentos de la campaña electoral de 2003) o como parte del engorde sistemático del Estado gracias al boom de las commodities, el presidente Kirchner volcó recursos sustanciales a las universidades y organismos de ciencia y técnica.
Muchos académicos y científicos vieron en Kirchner al paladín de la universidad, la ciencia y la técnica, después de que el ministro Cavallo los ajustara y los mandara a lavar los platos y el ministro López Murphy anunciara que iba a hacer lo propio con las universidades. Hay mucho de memoria emotiva en eso: la bicicleta, la máquina de coser, el pan dulce y la sidra de la Fundación Eva Perón, pero adaptados al público ilustrado.
Lo cierto es que más allá de la asignación de recursos, el kirchnerismo nunca se preocupó por trazar un plan integral de educación superior, ciencia y técnica. Repartió dinero sin criterios de calidad ni evaluación de resultados. Si hubiera habido un plan estratégico, habría redundado en un fortalecimiento del sector y su autonomización dentro del Estado. Por el contrario, el reparto discrecional redundó en la formación de una clientela política: con doctorados y maestrías, claro.
Mientras iba ganando experiencia y destreza en el ejercicio del poder, el kirchnerismo advirtió las ventajas adicionales del clientelismo académico y científico: como usina de legitimaciones teóricas de las políticas de Estado y como órgano de adoctrinamiento.
La fundación de universidades nuevas ha seguido un criterio de fidelización de zonas políticamente favorables al kirchnerismo: la mayoría se concentra en el Conurbano, núcleo principal e insustituible de su poder.
A las funciones ya mencionadas, las universidades sirven para canalizar un segmento importantísimo de empleo público para la militancia (cargos docentes y no docentes) con alto valor multiplicador dada su capacidad de reproducción ideológica.
El resultado es un montón de instituciones de baja calidad académica y dudosa funcionalidad social, que se manifiesta por ejemplo en la paupérrima eficacia terminal, es decir la proporción de egresados respecto de la cantidad de ingresantes.
Hace años me decía una universitaria mayor, decididamente antiperonista: “estoy en contra de todo lo que hace este gobierno, menos de la creación de universidades nuevas”. Le estaban dando gato por liebre, claro. La operación de propaganda, por el contrario, era perfecta.
La Argentina es uno de los países de la región con menor porcentaje de graduados universitarios. Ha perdido lo que la diferenciara de los países vecinos durante muchas décadas: la calidad del recurso humano.
Las fundaciones anunciadas responden a la misma lógica clientelar, en el contexto del proyecto cristinista de asegurar el control político de la provincia de Buenos Aires: Delta, Pilar, Saladillo. Es un error pensar que el kirchnerismo solo domina las universidades que ha creado. Prácticamente todo el sistema universitario está bajo su control, puesto que es esencialmente compatible con la conducción política predominante de las universidades nacionales, la agrupación radical Franja Morada. En este sentido, el kirchnerismo potencia y eleva a política de Estado un proceso que tiene antecedentes profundos.
Sea la UBA o la Universidad de Hurlingham, la UNLP o la Universidad “privada” Metropolitana para la Educación y el Trabajo, existe un consenso apenas contestado sobre la misión y la función de la universidad argentina. Una enorme clientela ilustrada al servicio del kirchnerismo.
A veces algunas unidades académicas incurren en la grosería de hacer explícita la privatización ideológica de la que han sido objeto: el caso de UBA Filosofía y Exactas en su apoyo a la Reina Cristina. ¿Cuál es el límite de la autonomía de una institución del Estado, creada para un fin específico y sostenida con recursos de los contribuyentes? ¿Por qué razón el resto de las universidades y facultades no se desmarca de estos desbordes? ¿Es el silencio la mejor forma de defender la autonomía?
Parece ser solo la punta del iceberg. ¿Cómo romper este consenso que va degradando día a día nuestras instituciones académicas? La universidad, que se asume como el faro del saber y del conocimiento, no parece muy inclinada a recibir lecciones de otros actores sociales.
Sólo la puesta en práctica de proyectos universitarios que rompan explícitamente esta hegemonía, que se destaquen con nitidez de la mediocridad general y no teman plantear un desafío, con toda crudeza y desparpajo, a las universidades que se nieguen a hacerlo, puede ser el punto de partida de una transformación virtuosa. Para que no todo sea igual es preciso empezar a hacer las cosas de forma (muy) diferente.
* El autor es profesor de filosofía política de la UNCuyo
