Los números son contundentes, a octubre del año pasado teníamos casi 600.000 personas -125.000 hogares- por debajo de la línea de pobreza en Mendoza, según la Dirección de Estadísticas de Investigaciones Económicas.
La asistencia por la pandemia nos va dejando varios números que obligan a definir políticas. Hay 356.000 personas en nuestra provincia que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y 61.913 que recibieron en mayo la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que trabajan en 6.892 empresas locales.
Un análisis sobre las personas que reciben el IFE en Mendoza realizado por Valentina Ledda, investigadora del Conicet, indica que lo perciben mayormente mujeres (57%) y jóvenes de entre 18 y 24 años y de entre 24 y 35, ambas franjas etarias representan 63,5% de las personas beneficiadas y se explica por los problemas para conseguir empleo que tienen mayormente mujeres y jóvenes.
Ledda detalló que el 59% de los que perciben IFE en Mendoza son personas desocupadas o con trabajo informal, el 30% reciben Asignación Universal por Hijo (AUH), el 7% son monotributistas de las categorías A y B, el 2% personal de servicio doméstico y el 2% que queda son beneficiarios del Progresar. Los $ 10.000 del IFE representan el 40% de los ingresos que esas personas tenían antes de la pandemia según un estudio de la consultora Ecolatina.
“El IFE lo cobra una persona por hogar que no tenga trabajo registrado, las 356 mil personas que lo recibieron también nos indican hogares. En los datos de pobreza vemos que habían 125 mil hogares y el IFE está llegando a más del doble. Pero hay que aclarar que el IFE alcanza a gente de zonas rurales en donde la pobreza no se mide”, dice Ledda.
El Estado de Bienestar se consolidó con la crisis del ’30 y sus objetivos eran reducir las diferencias sociales, así es como instrumentó transferencias monetarias directas como pensiones y prestaciones por desempleo, pero también buscó estimular la economía a través de subsidios a empresas y productores. Además desplegó planes de complementación alimentaria, otorgó salud, educación, vivienda y programas que incentivaban el consumo. La crisis del Estado de Bienestar se dio por exceso de demandas que generaron más gasto público, inflación, déficit y deuda.
Pero la crisis sin precedentes que vivimos rompe todos los manuales, y será el Estado el responsable de mantener asistencia, ayudar a empresas y sostener servicios para las personas que seguirán cayendo en la pobreza o que sus ingresos disminuirán. Pero el Estado también tiene recursos limitados, llega pobre a esta pandemia. Por su parte la actividad económica paralizada le complica recaudar fondos. Un ejemplo claro es lo que sucederá con las jubilaciones, es que debido a la alta informalidad y al desempleo, no se podrán jubilar las personas mayores de 45 años porque no habrá dinero para pagarles por más de que hayan hecho los aportes, según un informe de la oficina de Presupuesto del Congreso Nacional.
En Argentina hay 165 impuestos nacionales, provinciales y municipales que sostienen 32 planes sociales, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. La presión impositiva impacta sobre las empresas y las complica para mantenerse, aumentar su cantidad y crear empleo para bajar planes.
Todo esto se entiende pero la urgencia manda y sabemos que antes o después más personas irán a los hospitales públicos porque dejaron de pagar la obra social o porque quedaron sin empleo. Lo mismo sucederá con la educación, más alumnos llegarán a la escuela pública. Fuerte desafío le espera a las escuelas estatales porque según un informe del Ministerio de Educación de la Nación, la brecha de conocimientos entre escuelas públicas y privadas se agrandó en la cuarentena. Es que el acceso a la tecnología que tienen los alumnos de escuelas privadas duplica al que tienen los de la pública. Complica el escenario que en 2016, durante la gestión Macri, se dejaron de entregar computadoras para docentes y alumnos. Si se hubiera continuado, hoy habría más de 4 millones de alumnos con máquina.
Mientras tanto se empiezan a pensar alternativas para los beneficiarios más complicados del IFE. Está la propuesta de avanzar con la Renta Básica Universal, un ingreso pensado en el mundo para todas las personas por el sólo hecho de tener latido, que les garantice vivienda, salud y educación. Evitando así la angustia por no tener ingreso y ganar libertad. Aquí sería de $ 17.000 para algunos de los que hoy reciben el IFE. Pero como el dinero iría directamente a las cuenta bancaria del beneficiario, algunos líderes de movimientos sociales resisten la idea porque ellos no administrarían el beneficio.
Dentro de las medidas que se toman desde el Estado sirven también los programas Mendoza Activa y Enlace, para mover la economía y capacitar a gente sin empleo. La tarea será que no se conviertan en inempleables los que hoy reciben el IFE, porque el mercado no los está esperando para asistirlos. También tendrán que ocuparse de que los que se quedaron sin ningún ingreso, caigan en el delito, el que seguramente aumentará por encima de los niveles anteriores a la pandemia. El conflicto social por la crisis y la puja distributiva será inevitable. Pensar en un servicio cívico como el que implementó el ex gobernador Julio Cobos, para contener a jóvenes que no trabajan ni estudian, no es mala idea.
El gobierno provincial cuadruplicó la asistencia social: “Asistimos a gente que antes no pedía ayuda porque trabajaban como plomeros, gasistas, feriantes, mozos”, dice Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social. Además, en distintos comedores comunitarios afirman que se les incrementó la demanda y que no reciben las donaciones necesarias para cubrir las necesidades. La Iglesia también tiene un rol clave en esto. Otro actor que se suma es el Consejo Económico, Social y Ambiental.
Lamentablemente las certezas que tenemos es que todo seguirá peor, pero esto no puede inmovilizarnos y mucho menos dejar de estar atentos a las decisiones que se toman. La clase política tiene que tener claro que la preocupación por la economía es la principal en las encuestas y no las reformas judiciales o constitucionales que se planean.
