Así como la inflación descontrolada envilece las relaciones humanas, el valor de la moneda, destruye el trabajo, el largo plazo, el esfuerzo creativo, la inversión y el ahorro, la impunidad destruye los mecanismos de autocontrol que tiene todo ser humano para convivir en sociedad y también la confianza, que es la base de toda relación social armónica; aumenta la desvalorización de la verdad y vuelve normal convivir con la mentira.
Hacer justicia por parte de los jueces y fiscales, es la última instancia que tiene la República para garantizar la armonía social y la convivencia civilizada.
La única autoridad institucional, en una sociedad que genera impunidad, es un juez cuando no hace justicia, ya sea encubriendo, ocultando la información o dilatando en el tiempo la decisión, para hacer caer los plazos que tiene para ejercerla.
El poder político genera corrupción, pero sólo un juez, al negar la aplicación de la ley, lo hace impune.
Una investigación del Observatorio de Causas de Corrupción de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, mostró que la duración promedio de los expedientes de corrupción, es de catorce años.
El 75% sigue en trámite, sólo un 15% llegó a juicio y sólo siete tuvieron condena con prisión en suspenso, en los últimos 20 años.
Esta situación se corresponde con nuestro modo de pensar, valorar y entender la aplicación de la justicia; el poder y la verdad de las leyes en materia de corrupción.
A nivel popular se expresa en “roban pero hacen” y “mientras a mí no me falte la plata, que roben lo que quieran”” Si la economía anda bien que roben y hagan lo que quieran”
Esto significa varias cosas:
• Creen que la corrupción e impunidad no tienen nada que ver con el bienestar económico y social. Y sin embargo es una de las causas principales para definir el bienestar de una sociedad.
• Han perdido el “discernimiento” que es la capacidad para distinguir lo que está bien o mal.
• Creen que a ellos nunca los va afectar.
Y sin embargo aquí está una de las causas más importantes de la degradación institucional que se registra en nuestro país.
Por eso la impunidad es más perversamente dañina para la sociedad, que la corrupción.
Por complicidad, encubrimiento, negligencia, incompetencia, ausencia de sanciones por mal desempeño de los jueces y fiscales, en temas de corrupción, han sido proveedores de impunidad para la política y la gestión dolosa del Estado y han contribuido, sin duda, a sostener la ingobernabilidad que nos ha caracterizado todos estos frágiles años de democracia, al no garantizar la necesaria independencia, del Poder Judicial, del poder político de turno.
La duración de las causas es la principal causa de impunidad.
Así la perspectiva de los funcionarios judiciales, cuando de corrupción se trata, ha dependido del grado de fortaleza política del gobierno de turno y su injerencia en el Poder Judicial, junto a la coyuntura eleccionaria que les define la velocidad con que se avanza en los expedientes, a la espera de los resultados de la misma.
Lo que los ciudadanos debemos reclamar, habiendo aprendido el valor de votar y de la representación republicana, es la presencia de un Estado de derecho en el que nadie esté por encima de la ley.
Es el Poder Judicial el que debe terminar con la impunidad, al actuar conforme a criterios jurídicos imparciales y respetando, al mismo tiempo, las garantías constitucionales de todos los ciudadanos
La autocrítica y los cambios deberán venir fundamentalmente, del propio sistema judicial: jueces, fiscales, Consejo de la Magistratura y colegios profesionales.
El reciente hecho “emergente” que ha sacudido al país a través de la acción de los fiscales Luciani y Mola y toda su gente que trabajó arduamente, ha puesto de manifiesto que el cambio en la Justicia solo puede ser efectivo cuando venga desde adentro de su administración.
Y al mismo tiempo ha puesto luz dejando al descubierto, por contraste, todo lo que este Poder ha dejado de hacer en los últimos cuarenta años!
Mientras subsista el estado de autoprotección corporativa del sistema judicial, seguirá aumentado su cuota de desprestigio, en detrimento de aquellos jueces, fiscales y abogados honestos, que actúan conforme a derecho.
* El autor es sociólogo, especialista en procesos de cambio.
