El Gobernador encara desde mañana su primer viaje al exterior con inquietud por el contexto nacional, pero con el alivio que supone confirmar que el gobierno nacional aceptó excluir al vino de las retenciones a las exportaciones.
En lo estrictamente político, lo de los derechos de exportación constituía un reclamo fuerte por ser Mendoza la principal provincia vitivinícola del país. Pero, a la vez, con la necesidad de hacer sentir el reclamo por ser compartido con las demás fuerzas políticas, como es el caso del kirchnerismo. Gran parte del apoyo de Cornejo y los restantes gobernadores de Juntos por el Cambio a la gestión de Milei es por la coincidencia en la crítica al ahora principal sector de la oposición como responsable principal de la situación económica y social heredada.
En esa línea, el gobernador mendocino también criticó en los últimos días a su colega riojano, el peronista Ricardo Quintela, por su decisión de emitir una cuasi moneda para afrontar deudas del Estado provincial y hacer frente, en parte, el pago de sueldos del Estado.
“No es una buena salida a la devaluación del peso. Ya recorrimos ese camino y no es sano para la economía”, dijo el mendocino en una entrevista a una radio porteña, puntualizando sobre la decisión de su colega riojano: “Fulbito para la tribuna”. Para entendidos y amantes del fútbol, como él. Casualmente, Quintela ya tuvo que afrontar recientes protestas de empleados públicos en las calles riojanas en contra del pago de salarios con la cuasi moneda.
Para apuntalar su crítica a algunas administraciones provinciales peronistas, como la de La Rioja, Cornejo también hizo referencia al orden fiscal de Mendoza y de otras administraciones de Juntos por el Cambio. “Hay provincias que han hecho su esfuerzo de equilibrio fiscal” desde hace siete años, además de mencionar la reducción de planta de empleados públicos que se hizo en Mendoza.
En esa línea, antes de su viaje a España para participar de la Feria Internacional de Turismo, el Gobernador extendió por decreto las restricciones del gasto público para todo 2024 en la administración provincial. Si bien se trata de una medida a cumplir regularmente por los alcances de la legislación sobre responsabilidad fiscal, se destaca claramente en el complicado escenario que genera la crisis nacional.
Queda en evidencia que el gobernador mendocino se apoya en el equilibrio que le da su administración, de la que suele hacer alarde por su orden, a lo que se le debe sumar el respaldo que supone el pago que vino haciendo la Nación como resarcimiento por la promoción industrial, que, ya se sabe, no será para Portezuelo del Viento, como se acordó en su momento, pero sí irá a obras hídricas con las que la actual administración espera dejar una línea trazada.
Siempre en línea con las políticas de ahora, debe recordarse que una de las primeras medidas trascendentes de la actual administración fue otorgar dos meses más de vigencia para los contratos en el Estado que vencieron el 31 de diciembre. Y que se efectuó un pedido expreso a cada ministro para que en abril cada uno tenga previsto aplicar un ahorro presupuestario mínimo de 20%, de modo de poder mostrar la Provincia un número mensual significativo en cuanto reducción de los gastos.
Al respecto, en el Ejecutivo reiteran lo que ya expresaron transcurridas las primeras semanas de la nueva gestión nacional: las perspectivas de recaudación son complicadas, con más razón mientras no se resuelve la reversión del impuesto a las Ganancias, que de algún modo el gobierno nacional supedita al acuerdo que la oposición amigable y dialoguista le otorgue en estos días con respecto a la llamada ley ómnibus.
Es que el orden fiscal de esta provincia, elogiable, sin duda, puede perder sustentación si la marcha de la economía a nivel nacional se detiene. No deja de inquietar la incipiente retracción en el consumo que se advierte en general, como también la fría respuesta en materia turística en este primer mes del año. ¿Ahorro forzado por la coyuntura o decidida incapacidad para hacer frente al gasto recreativo?
En el ir y venir de dichos y propuestas, hubo en estos últimos días una suerte de amenaza del presidente Milei a los gobernadores aliados: si no hay ley ómnibus aprobada no habrá marcha atrás con Ganancias. Además de complicada y desafiante, la frase es un reconocimiento a la influencia de los jefes provinciales sobre los diputados que representan a sus respectivas provincias. El acuerdo de algún modo se obtuvo en las últimas 48 horas, como hemos visto, pero resta esperar la lectura de la letra chica que enviará el Ejecutivo y que esperan los diputados para acordar día y hora de sesión.
Volviendo a la quita de las retenciones a la industria vitivinícola, justamente se espera en el gobierno local que lo anunciado se confirme ni bien se conozca el texto definitivo de lo acordado en Diputados. Una palabra faltante, aunque sea por error, puede voltear en segundos la gran expectativa generada en las últimas horas en la industria madre provincial.
No obstante, la lógica expectativa final, la decisión también constituye un gran alivio para el ministro provincial del área, Rodolfo Vargas Arizu. En los primeros días del mes le había correspondido representar al Ejecutivo provincial ante la Nación por el tema, pero no tuvo el éxito esperado.
Para el empresario ahora funcionario, el logro puntual de la industria del vino, compartible con la gran cantidad de actividades exceptuadas en el resto del país, “es un triunfo de la razón”, según dijo en declaraciones periodísticas. Apeló al ejemplo de la importancia de una estrategia conjunta entre el sector vitivinícola y el gobierno local, que hizo valer su experiencia en el tema. Mucho se temía que ante el incierto panorama que aún ofrece la economía nacional, uno de los mayores costos de la retención quedase expresada en una merma de la presencia del vino en el mercado internacional de la vitivinicultura.
El ministro de Producción local estima que sin retenciones el vino tendrá un interesante escenario exportador, favorecido por el tipo de cambio vigente y una economía que mejorará en un tiempo no muy lejano, según su visión, expresada a los medios.
Cabe recordar, como ya señalamos, que todos los sectores políticos que representan a Mendoza en la Cámara de Diputados se unieron en esta partida, como era lógico esperar. Sin embargo, es muy significativo lo de los diputados que representan a La Libertad Avanza por nuestra provincia, que en este aspecto puntual debieron priorizar los intereses de la economía mendocina sobre los números que maneja la conducción económica nacional. Es justo aclarar que la misma actitud tuvieron los libertarios que llegaron al Congreso desde otras provincias que también cuentan con actividad vitivinícola.
También el gobierno mendocino celebra las modificaciones introducidas en materia de hidrocarburos en el megaproyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional. En esta área trabajó el diputado Lisandro Nieri, en línea con el pensamiento del gobernador Cornejo, representado en algunas reuniones por su ministra Latorre.
El oficialismo provincial vio con agrado que quedara sin efecto la privatización de YPF que había previsto el gobierno nacional junto con otras 40 empresas. La idea es que cada caso sea abordado en particular, no dentro de la ley ómnibus, como se pensó en un principio. Una situación similar se da con el Banco de la Nación.
Es probable que en estos temas sí se presentan diferencias conceptuales sobre los alcances de la acción del Estado entre legisladores nacionales que responden a Juntos por el Cambio, o Cambia Mendoza o directamente a Cornejo, y demócratas y libertarios alineados con el gobierno de Milei.
Con la prolongación del período de extraordinarias del Congreso al 15 de febrero se aproximan las sesiones que definirán el destino de la ley ómnibus con los cambios acordados entre el Gobierno y la oposición amigable de Pro, UCR y el sector que lidera Pichetto.
Trasciende que no ha variado la idea inicial de los diputados que pretenden garantizar la gobernabilidad: dar curso favorable al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por respeto a aquello que indica que el Parlamento nunca “bajó” un DNU a un gobierno de turno. Quedará a criterio de la Justicia decidir sobre los planteos en su contra efectuados o a efectuarse.
Y se cumplirá con la palabra empeñada en dar tratamiento al gran proyecto refundacional con el que el gobierno de Milei pretende hacer historia, pero siempre que se respeten los cambios sugeridos por los bloques y consensuados con el oficialismo. Ese es el trámite actual.
En contra de esta iniciativa hará paro y marchará hacia el Congreso la CGT el miércoles, en lo que constituirá la primera prueba de fuerza del gremialismo peronista, tan silencioso durante los cuatro años de Alberto Fernández, con el gobierno liberal. Punto de partida para un escenario de confrontación que seguramente la oposición montará en adelante para presionar contra las políticas de un gobierno que dispuso no tener la tradicional “luna de miel” de toda nueva administración, al plantear desde el arranque una clara política de shock.
Le tocará a la política local evaluar los alcances de la medida de fuerza en esta provincia, básicamente por su relación con los sectores estatales, a los que el Gobierno convocó anticipadamente para negociar en paritarias previendo el fuerte impacto de la elevada inflación en los salarios. No obstante, el gobierno provincial comunicó que, en línea con la Nación, descontará el día no trabajado a los estatales que adhieran a la medida de fuerza. Otra pulseada.
