Rodolfo Suárez tiene ante sí un panorama sombrío para las próximas semanas: los servicios que brinda el Estado paralizados por las huelgas, con los sindicatos envalentonados tras el alto acatamiento de la última protesta y la masiva movilización.
Ese pronóstico, que admiten en el propio oficialismo y con el que amenazan los líderes gremiales, pone a Mendoza ante un escenario de conflictividad que hace años no se daba, con el riesgo de escuelas sin clases y hospitales que no atiendan. Las mayores preocupaciones siempre de todo gobierno por su impacto social.
El enojo trasciende a los sindicalizados y de ahí la alta adhesión de la última protesta. Hicieron paro y marcharon los que nunca antes lo habían hecho. Por eso, el Ejecutivo buscará desde ahora convencer a los que no responden a ninguna estructura sindical para carcomer el resultado de futuras medidas, que ya se debaten internamente y hasta se anuncian.
Esa bronca de los estatales reconoce varias causas, algunas particulares de cada sector. Pero claramente hay una raíz común a todos: la inflación desbocada que adelgaza los bolsillos. Fue 36% en el primer semestre. Cuando se conozca el dato de julio, el acumulado de 2022 subirá, al menos, a 47%. Fuera de todo pronóstico.
De ahí la insistencia de Suárez y todo el oficialismo en echar culpas a la Nación. Tal vez en eso no haya muchas diferencias con los que marcharon y pararon. Todos saben que no se puede culpar a la provincia de la aceleración de los precios, más allá de que alguno de los gremios lo soslaye.
Pero el discurso trillado del oficialismo pateando la pelota al inepto gobierno de Alberto Fernández puede ser un arma de doble filo. De tanto ser usada para todo, durante los últimos dos años, puede terminar cortando al que la empuña.
Es el Gobierno local el que debe solucionar el atraso salarial. Siempre dentro de los límites que le impone su propia realidad financiera.
Durante el primer semestre, los fondos de la coparticipación nacional que recibió Mendoza aumentaron 7,5% en términos reales respecto del mismo período del año pasado. Ingresos Brutos, el tributo que más aporta al Estado provincial, creció algo menos: 5%. Pero el resto (Sellos, Automotor e Inmobiliario) han caído.
La cuenta que hacen en el Ejecutivo es que, durante el segundo semestre, lo que hasta ahora subió más que la inflación puede empezar a bajar por el estancamiento de la economía y la consecuente caída del consumo que se pronostican.
“Debemos ser responsables. Estamos en un país que tuvo tres ministros de Economía en julio. No sabemos lo que viene”, argumentan.
La llegada de Sergio Massa no cambia los problemas de fondo de la Argentina, aunque haya calmado por ahora a los mercados. No están los dólares que se necesitan para importar desde insumos imprescindibles para la industria hasta la energía y el gasoil de los que carecemos. Hay razones para el pesimismo.
Confrontación y autocrítica
Los gremios se sienten fuertes como no lo estuvieron durante más de seis años. Quizás el que más ganó la semana que pasó fue el SUTE: el paro docente rompió la barrera que puso Alfredo Cornejo cuando creó el ítem Aula, la herramienta que terminó con los paros clásicos de cada inicio de clases.
Por eso, cuando el jueves se sentaron a negociar, rápidamente los enviados del oficialismo intuyeron el “no” final. Aunque la secretaria general es Carina Sedano, las negociaciones pasan siempre por Gustavo Correa, referente de la CTA y militante del kirchnerismo muy cercano a Anabel Fernández Sagasti.
El Gobierno sacó el decreto con el aumento que aplicará en el sueldo de agosto en base a la tercera propuesta que hizo en la última paritaria. “Era la mejor posible”, dicen los que se sentaron a la mesa de negociaciones.
Es un 12% de incremento del básico y un 25% en el estado docente. Ambos impactan en la antigüedad y el ítem Aula, pero el primero también tiene efecto en otros adicionales. Con esas subas, aseguran, en agosto los docentes cobrarán, en promedio, 44% más que en enero.
“Le empatarán a la inflación”, argumentan en el Ejecutivo, aunque falta un largo mes para que sea palpable. Por eso aclaran que, si fuese necesario, reabrirán la paritaria en 15 días.
El gremio pretende que el aumento sea de 19% parejo en el básico y el estado docente. El incremento, por cómo impactaría en los adicionales, sería de 5 puntos más que el otorgado por decreto. También pide el no descuento de los días de paro y levantar la prohibición de hacer asambleas en horas de clases.
La cláusula de garantía, antes pedida, ahora es cuestionada porque asegura un piso salarial que empareja a los que recién empiezan a trabajar con los que llevan más de una década.
En los grupos de docentes, tras la movilización, empezó a circular la idea de un paro indefinido. En el SUTE lo descartan. Hablan, esta vez, de tres o cinco días. Ya hay plenarios convocados.
“Suárez se equivocó al decretar el aumento, va a llevarnos a una radicalización y vamos a terminar protestando en su casa”, avisa un dirigente docente. Del otro lado, un duro del oficialismo apoya al Gobernador: “El Rody los jodió sacando el decreto porque se quedan sin la caja. Si seguía negociando corría el riesgo de ceder e iban a terminar cogobernando”.
La escalada de la inflación reflotó en los estatales el recuerdo de 2020 cuando, por el impacto de la pandemia, no recibieron aumento y por eso, en particular el gremio de los profesionales de la Salud (Ampros), reclaman una compensación.
El número al que llegó Ampros es 50% “en etapas hasta febrero”. Pero saben que no lo obtendrán y preparan más medidas de acción. Entre los médicos, hay otro disparador del enojo, que se percibe en el clima que se vive en los hospitales: el acuerdo que cerró el Gobierno con los anestesiólogos, cuyo contenido aún se desconoce con precisión. Lo que parecía una solución echó nafta a otro fuego.
Más allá del reclamo común, entre los gremios hay muchas diferencias. Correa, del SUTE, y Roberto Macho, de ATE, tienen una puja particular por la CTA y por eso sus protestas corren por carriles separados. Los docentes caminan junto a Ampros, que no está dispuesto de ninguna forma a compartir la lucha con Macho. “No tiene códigos”, lo definen.
El líder de ATE pasó de ser un aliado del Gobierno y el primero en cerrar acuerdos a radicalizar la protesta con piquetes callejeros. Pide 40 mil pesos de base para los que menos ganan, un número que en el Gobierno despierta pavor y asombro a la vez. Por eso, no hay muchas esperanzas puestas en el encuentro de mañana.
La premonición de semanas de conflictividad gremial en las calles genera puertas adentro del Gobierno una autocrítica por las últimas decisiones.
“Debimos hacer las paritarias antes de las vacaciones de invierno”, asume un funcionario. “Nos comimos la curva, no supimos prever cómo se iba a complicar el país”, admite otro. “Debimos condicionar estas paritarias a que no hicieran paro”, dice un tercero. Desde afuera del Ejecutivo, un radical considera que lo ocurrido “es el resultado de un proceso de relajamiento de dos años en la relación con los gremios”.
Más cerca y puntual, también asumen como un error haber dicho que sólo hubo 32% de adhesión al paro docente: “Eso enojó a los docentes no sindicalizados sobre todo”. El número final que arroja el GEM es de 47% de ausentismo. Esos son los que efectivamente no van a cobrar el ítem Aula. “Muchos firmaron la asistencia en la escuela y se fueron -describen-. Hicieron paro “virtual”. Pero en la calle había mucha gente y la sociedad acompañó como nunca. Esa es la señal que debimos interpretar”.
