Como un boxeador que acaba de recibir una piña en el mentón, el Gobierno no puede salir de su atolondramiento. No entiende muy bien qué pasó ni de donde vino ese golpe. Por las dudas, tira manotazos al aire, rogando que alguno dé en el blanco. Hasta ahora, no lo ha logrado.
La decisión oficial ha sido negar todo. Públicamente y también en off the récord. Según las máximas autoridades provinciales, nada de lo dicho por el pastor Héctor Bonarrico, ex aliado legislativo devenido en delator de acuerdos subrepticios, es verdad.
En esa negación se basa toda la defensa oficial. La primera medida fue anular el subsidio, de al menos 18 millones de pesos en dos años, apenas un par de horas después de que el ex senador provincial admitiera al aire en una radio que era el pago por un acuerdo político con el oficialismo.
El anuncio de la denuncia judicial por “tentativa de fraude a la administración pública” llegó un día después. Fue el tiempo que llevó encontrar un argumento para la derogación del acuerdo: con sus declaraciones, el pastor reveló un fin distinto al que el Gobierno creía que estaba destinado la ayuda que le había otorgado.
Fue poco después de que el Partido Justicialista también anticipara que irá a la Justicia para que investigue si hubo delito. Los apuntados en este caso son el referente evangélico y los funcionarios que intervinieron.
El “Bonarrico gate”, como rápidamente fue bautizado en Twitter, fue escalando sin pausa desde el jueves. Ese día, el otorgamiento del subsidio fue publicado en el Boletín Oficial y a primera hora de la mañana ya era la noticia destacada en todos los sitios online de Mendoza.
Palabras más, palabras menos, el pastor dijo luego a los medios lo mismo que había relatado algunas semanas antes cuando comunicó a sus fieles que la fundación que preside, de trayectoria breve y difusa, iba a recibir dinero del Estado.
En el templo estaban como invitados los intendentes de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, y de Capital, Ulpiano Suárez. También el entonces senador y ahora diputado provincial Diego Costarelli, a quien en la UCR señalan como nexo con Bonarrico.
“Si realmente el Gobernador no estaba enterado del convenio, alguien debería presentar su renuncia. O bien el Gobernador, que no se entera de lo que hacen sus ministros, o bien los ministros que actúan a espaldas del Gobernador”, disparó el evangélico en la que fue su última aparición mediática explosiva. Luego, bajó el tono.
Todas las miradas, propias y ajenas, apuntan al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, el funcionario en el que más confía el Gobernador y que ejerce desde hace algunos meses como jefe de gabinete, concentrando decisiones que van más allá de su función específica. Fue él quien hizo el seguimiento de todo el expediente.
La posición oficial es que ni Suárez ni Ibáñez sabían del acuerdo político que expuso Bonarrico. El trámite, aducen, fue similar al de cualquier subsidio que la Provincia entrega habitualmente a una ONG, una entidad o incluso un deportista que representa a Mendoza en un torneo foráneo.
“Si quisiéramos hacer una picardía, no la publicaríamos en el Boletín Oficial. Además, para qué pagarle si no lo necesitamos, no aporta ni un voto”, esgrimen en Casa de Gobierno.
Esa versión es desmentida desde adentro del propio radicalismo. “Bonarrico quería que le crearan una Dirección de Culto y le dijeron que no. Entonces, se les ocurrió esa salida en el Gobierno”, reconoció un dirigente al tanto de las negociaciones.
Hay un hecho que le sirve al Gobernador para desentenderse: él no firmó el convenio. El día que el acuerdo se oficializó, el 9 de mayo pasado, justo viajó a Buenos Aires para participar de la cena de la Fundación Libertad que tenía como invitado estrella al escritor Mario Vargas Llosa.
La responsabilidad de refrendar el acuerdo recayó entonces en el vicegobernador, Mario Abed, y la reacción del mandatario lo dejó expuesto.
Abed se mantuvo en silencio desde entonces, mascullando bronca. Ningún dirigente del oficialismo salió en su defensa. Pero sí se acordó de él, en reserva, una figura del PJ: “Lo que hizo Suárez con el vicegobernador es una deslealtad enorme”.
Junto a la rúbrica del juninense están la de Ibáñez y la del titular de Seguridad, Raúl Levrino, otro suarista de la primera hora. El ministro de Gobierno, pese a firmar, igual se hizo tiempo para estar esa noche en la misma cena que Suárez en Buenos Aires.
En el mismo lodo, todos salpicados
La bomba fue de tal magnitud que muchos en el radicalismo no supieron como reaccionar y apenas atinaron a culpar a sus rivales internos. Así, suaristas y cornejistas se responsabilizaron mutuamente de ser los padres de la criatura.
Esa diáspora oficialista tuvo eco en la oposición. Dirigentes del peronismo aseguran haber recibido llamados de radicales aportando más datos. “Ese acuerdo va a salpicar a los intendentes también, hay rumores de más casos”, avisó una voz del PJ.
El plan peronista es mantener “en agenda” el escándalo. De hecho, ya pidieron que Ibáñez vaya a la Legislatura a dar explicaciones. Lo tienen en la mira desde que firmó aquella cesión de tierras para el centro de esquí en El Azufre, Malargüe.
Desde el Ejecutivo, hubo una contraofensiva. Primero, contra Bonarrico. “Gordo chanta”, “viejo loco”, “inimputable” fueron algunos de los adjetivos usados. Faltó que lo tildaran de “pastor mentiroso”.
Al ex senador no es difícil cuestionarlo. Es resistido por gran parte de la comunidad evangélica y su nombre no inspira precisamente respeto entre sus pares. Además, su paso por la Legislatura no fue justamente destacado. No dejó ninguna ley trascendente, pero sí varias ausencias convenientes y algunos votos necesarios en la era Cornejo, sobre todo.
Su currículum incluye declaraciones e iniciativas polémicas, como aquella de prohibir la serie El Reino, una ficción que relata precisamente los avatares de un pastor corrupto que decide dedicarse a la política.
En el caso del peronismo, la reacción oficialista fue recordarle que tiene un ex gobernador y dos ex intendentes imputados. Como si hablar de los escándalos ajenos exculpara los propios. Ya lo dice Cambalache: en el mismo lodo, todos manoseados.
El caso Bonarrico es inaudito porque cuesta recordar que desde sus propias entrañas se dejara a la política tan expuesta. Es cierto, ninguno se puede hacer el distraído. Por ejemplo, siempre se habló de las “valijas” del peronismo que financiaban campañas necesarias para dividir a la oposición. Pero nunca nadie lo admitió.
El pastor si se quiere es un efecto previsible de “la política de la antipolítica”. Ingresó a la Legislatura dentro de aquel experimento que tuvo a José Luis Ramón como protagonista bajo el sello del Partido Intransigente. Ese proyecto endeble estalló y sus esquirlas terminaron a ambos lados de la grieta: el propio Ramón con el PJ y el ex senador con Cambia Mendoza.
Siempre atento a las encuestas, la reacción del Gobernador el jueves tuvo que ver mucho con el efecto que pueda tener en la gente lo que Bonarrico dijo. Un pacto así va en contra de los gestos que él dice impulsar para bajar el costo de la política. Por eso anuló el subsidio inmediatamente.
“La gente nos cree”, tranquilizó Suárez a los que se mostraron temerosos por el impacto del escándalo. Mucho tiene que ver en esa frase el convencimiento de que este peronismo que no hace pie, lejos de perjudicarlo, puede favorecerlo con sus críticas.
Tal vez allí radique el mayor riesgo para el Gobierno. Creer que es inmune a todo, que nada puede dañarlo y que los triunfos son permanentes.
Con una crisis en el área de salud todavía sin resolver, con tortitas que se parten en dos en las escuelas para que la merienda alcance para todos los alumnos y con una economía estancada hace una década, no hay tiempo para distraerse.
Tres intendentes oficialistas consultados coincidieron en su diagnóstico: el error no forzado es síntoma de un relajamiento peligroso.
El Gobierno descansa en dos datos irrefutables: Suárez es el dirigente con mejor imagen y hace seis meses ganó una elección con 50% de los votos. Pero nada es para siempre. Lo supo a la fuerza el peronista Rodolfo Gabrielli, que en los ´90 ostentó los mismos logros. Una vez concluido su mandato, vio esfumarse la adhesión popular y nunca la recuperó.
