“En Mendoza no vamos a volver de ninguna manera a la fase 1″. La frase resonó en una Casa de Gobierno más vacía que durante el resto de la pandemia: era el feriado del 12 de octubre de 2020 y Rodolfo Suárez respondía así a la decisión presidencial de imponer más restricciones a Mendoza que habrían cerrado actividades económicas.
Aquel gesto de autoridad, para muchos sobreactuado, fue quizás el mayor acierto político del Gobernador.
La amenaza del coronavirus había hecho crecer su imagen a niveles irrepetibles, como les había ocurrido a todos los gobernantes, incluido Alberto Fernández. Y cuando ya empezaban a caer , algunos por un tobogán como el mismo Presidente, Suárez logró consolidarse con esa decisión y sostenerse hasta ahora.
El coronavirus ahora salió de agenda. El leve repunte de casos en noviembre (10% más que en octubre) no representa una amenaza y las restricciones son parte del pasado que nadie quiere volver a vivir. Aunque la explosión de casos en Europa y las nuevas cepas detectadas generan cierto escozor por lo que pueda ocurrir después del verano.
También pasaron las elecciones, que suelen distraer la atención de la dirigencia política, obturar cualquier negociación y patean siempre para después los planes gubernamentales.
Sin aquellas preocupaciones ni esta distracción, todas las miradas apuntarán únicamente a la gestión del presente y el futuro, no únicamente de la emergencia. Y para el Gobierno provincial será casi un volver a empezar.
En estos casi dos años consumidos por la pandemia y las elecciones, Suárez tuvo que resignar tres proyectos que aspiraban a ser los pilares de su administración.
Ahora, debe recalcular sus objetivos. La minería es un camino cerrado definitivamente por la resistencia social. Pero no da por perdidas la nueva ley de educación ni la modificación de la Constitución.
Como ya se anunció en la semana que pasó, el oficialismo insistirá con esta reforma. El Gobernador se envalentona con el respaldo de la mitad de los mendocinos que votaron a Cambia Mendoza hace dos semanas y con ese aval pretende presionar al PJ.
Aunque para avanzar en ese sentido tiene un obstáculo difícil de sortear. Si antes de las elecciones el liderazgo de Anabel Fernández Sagasti siempre estuvo condicionado por el peso territorial de los intendentes, después de la derrota, su conducción luce desgajada y cuestionada.
“No hay quien hable en nombre de todo el PJ. Deberíamos negociar con cinco o seis sectores para llegar a un acuerdo y eso es imposible”, se lamentan en Casa de Gobierno.
Suárez insistirá públicamente con los objetivos de su plan: bajar el costo de la política eliminando una cámara legislativa y hacer las elecciones cada cuatro años para evitar que la gestión se paralice año por medio.
Pero debe reunir dos tercios de los votos en las dos cámaras legislativas, para luego hacer la consulta popular, y ése es uno de los pocos límites que le quedan al oficialismo.
“Si el peronismo no acepta debatir los cambios que proponemos, va a ponerse más en contra de la sociedad y va a desaparecer”, aventuró hace unos días el mandatario ante uno de los suyos que debe negociar un acercamiento.
Recalculando
Los próximos dos años, si el coronavirus no se reaviva como amenaza, será el tiempo que tendrá Suárez para dejar su impronta en Mendoza
Y más allá de esos planes de dudosa concreción, la nueva apuesta, el gran objetivo definido es la obra pública, que en 2020 fue casi nula y este 2021 levantó algo, pero lejos de lo necesario y lo usual para un año electoral.
De hecho, una de las grandes críticas que ha repetido el peronismo en los últimos meses ha sido el bajo nivel de ejecución de los 11.800 millones presupuestados para obras.
En la página web del Ministerio de Hacienda sólo están publicados los datos hasta agosto y en ese momento el ítem “Trabajos Públicos” tenía 2.810 millones de pesos ejecutados, apenas un cuarto del monto asignado en el Presupuesto 2021.
En el Ministerio de Infraestructura reconocen que costó retomar el ritmo, que demoró el proceso de renegociación con las empresas y aseguran que esos datos mejorarán sensiblemente al final del año.
Prometen que llegarán al 90%, con el IPV en 70% y Vialidad casi en el 100%. También se muestran aliviados porque la cantidad de empleos generado por la obra pública en la provincia volvió a superar los 10 mil.
Para 2022, el monto destinado a infraestructura, a través de financiamiento propio, nacional y de organismos multilaterales, se acerca a los 30 mil millones de pesos. Este monto puede parecer mucho, pero el impacto cae cuando se considera que el Presupuesto contempla 425 mil millones de pesos de gastos.
En el Gobierno adelantan que en los próximos días se viene una sucesión de licitaciones para asegurar que las obras se inicien el año próximo, como el nuevo edificio del hospital Gailhac, en El Algarrobal.
El mayor interés de la gestión Suárez para la segunda mitad de su mandato es la infraestructura que sirva para potenciar el turismo. Ese, dicen, será su sello. No quiere quedar en la historia sólo como “el gobernador de la pandemia”.
En particular, se ilusionan con el plan de renovación integral del Cerro de la Gloria y su entorno, que a través del Corredor del Oeste y la reconstruida ruta 82, hoy en obra, se conectará con el dique Potrerillos.
Allí, a los ojos de todos cada fin de semana, está quizás la mayor deuda de los gobiernos de los últimos 20 años: el desaprovechado perilago.
El Gobierno llamó a licitación para concesionar la explotación del lado lujanino del embalse y asegura que en los próximos días se conocerá cuál de las dos ofertas presentadas es la ganadora. Es la prioridad que Suárez se ha fijado para esta semana.
Los riesgos de la hegemonía
Suárez debe ejecutar su plan B en un tiempo en el que verá declinar su poder. El triunfo de hace dos domingos disparó la carrera por la sucesión en la provincia y también en los municipios donde los intendentes no pueden aspirar a otro mandato.
Nadie quiere quedar atrás cuando ve que un potencial rival da un paso que lo posiciona.
Como muchos parecen no haber escuchado el pedido de poner en el freezer las aspiraciones hasta 2023, el Gobernador y Cornejo bajarán la orden en una reunión que planean para los próximos días. El que contradiga esa decisión corre el riesgo de ser el blanco de la ira de ambos.
El potencial enojo de los dos “jefes” seguramente logre que los radicales pongan un freno, al menos a la difusión de sus ambiciones. Pero es más difícil que asuste a su socio más díscolo, Omar de Marchi.
El jefe del Pro mendocino se ha caracterizado precisamente por desafiar a sus aliados radicales y difícilmente calle su pretensión de llegar a la gobernación. Un objetivo que no abandona pese a los dos intentos fallidos que ya tuvo, en 2007 y 2019.
Suárez, lo sabe, surfea sobre una realidad política favorable: el gobierno nacional genera muchos más odios que amores en Mendoza y el peronismo local no encuentra cómo revincularse con la sociedad.
Ese combo es el que ha ayudado a constituir el segundo período hegemónico desde el retorno de la democracia en 1983, como ya se dijo en esta columna la semana pasada. Tanto el iniciado por el peronista José Bordón en 1987 como el del radical Cornejo, desde 2015, lograron que al menos la mitad de la sociedad compartiera su visión del mundo.
Las hegemonías encarnan un riesgo institucional por la concentración del poder en las mismas manos. Los dos casos mendocinos tienen una ventaja respecto de lo que se ve en otras provincias argentinas: al no haber reelección, no es un caudillo el que detenta ese poder sino un proyecto, y así se diluye el personalismo.
Pero así como los caudillos se desgastan, los proyectos también: las ideas se agotan, los funcionarios se repiten, las internas afloran y se pierde el vínculo con la sociedad. Mucho de esto pasó con el bordonismo y puede repetirse con el actual ciclo político. Ese es el desafío de Cornejo, de Suárez y del que sea elegido como sucesor.
