En un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una instancia definitoria, ratificó las condenas aplicadas a ex funcionarios públicos y empresarios por la recordada tragedia ferroviaria de la estación Once, en Buenos Aires, ocurrida en febrero de 2012, durante la segunda gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. También ratificó la sentencia contra el conductor del tren de ese luctuoso accidente.
Además del caso del ex secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi, del empresario Claudio Cirigliano y del mencionado ferroviario, Marcos Córdoba, fueron confirmadas las sentencias de otros 15 acusados. La Corte rechazó todos los recursos que fueron interpuestos por los defensores de las personas condenadas, por lo que las sentencias quedaron firmes, es decir, en forma definitiva. Un dato determinante y significativo: los jueces supremos no encontraron “agravios constitucionales” para revisar las condenas aplicadas en el primer juicio por la tragedia ferroviaria.
Al comunicar su decisión, la Corte señaló que, en las instancias procesales previas a su consideración, ya se había dado por verificada “la deliberada decisión” de los directivos de la empresa a cargo del servicio de trenes de no realizar el mantenimiento adecuado de los bienes del Estado concesionados. Apuntó, además, que los funcionarios del Estado “tenían la obligación” de supervisar el control y la fiscalización del sistema de transporte ferroviario, “deber que deliberadamente incumplieron”, llevando a un deterioro grave del material rodante y a la disminución de su vida útil. Esto se enmarca en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Otras consideraciones de la Corte también condujeron a la comprobación de la existencia de la figura de estrago culposo agravado, por la muerte de 52 personas y heridas en casi 800, también como consecuencia de la ausencia de controles por parte de los funcionarios públicos ante las “pésimas condiciones en que se explotaba el servicio”.
Desde el punto de vista institucional, fue auspicioso para la vida republicana de la Argentina la drástica decisión tomada por los jueces de la Corte, porque la llamada tragedia de Once marcó un antes y un después en el abordaje de los casos de corrupción enquistados durante décadas en la vida pública del país. Lamentablemente, fue necesario que se perdieran muchas vidas para llegar a comprobar que, como se señala insistentemente con gran acierto, “la corrupción también mata”. La rápida y paulatina modernización del servicio de trenes urbanos que siguió a la tragedia, y a cargo del mismo gobierno responsable de ésta, demostró que cuando hay voluntad y probidad se le puede devolver a la ciudadanía lo que aporta a través de servicios confiables.
Hemos señalado en más de una oportunidad desde este mismo espacio que la corrupción debe marcar un límite infranqueable en la vida institucional de los argentinos. La discusión política e ideológica es sana y necesaria siempre que no vulnere las libertades públicas, el orden y la moral que consagra nuestra Constitución, pero la libre acción de la Justicia para investigar y sancionar a los corruptos, funcionarios y del sector privado, que se aprovechan del Estado para enriquecerse, es un derecho que cada ciudadano debe exigir.
