Más allá de las expectativas ilusorias que generan el instinto de supervivencia y un vaso de sidra fría en la mano, el cambio de año no cambió nada. La Argentina sigue azotada por una pandemia mortífera que recrudece y amenaza la débil recuperación que habían empezado a mostrar algunos indicadores de la actividad económica.
El coronavirus está tomando mayor velocidad que la demanda agregada y corre casi tan rápido como los precios en las góndolas.
El mercado (consultoras y bancos) espera que este año el PBI crezca un 5,5%.
Una tasa considerable que deja de serlo cuando se observa la base de comparación y el derrotero de la economía en los últimos 34 meses.
En ese escenario en el que prima la incertidumbre, la dirigencia política del país mantiene –inquebrantables e incluso más radicalizados-, sus disímiles posicionamientos sin que exista posibilidad de un punto de encuentro que sume herramientas para salir de un escollo que dejará en la economía y la educación las secuelas de una guerra.
El horizonte del gobierno está puesto en 15 días. Porque gobierna Alberto Fernández, pero manda el virus.
Y esta situación extraordinaria ha impulsado al Presidente a proponer a los gobernadores nuevas restricciones sociales.
En Olivos existe el temor del minuto uno: que los hospitales desborden y se mueran de a cientos en las salas de espera y los pasillos.
Esta semana Argentina superará los 45 mil muertos por Covid-19. Es un número que marca el minuto a minuto de la toma de decisiones.
En el Gobierno no están tranquilos, pero remarcan que hicieron todo lo que estaba en las posibilidades y que por eso hoy no hay 300.000 fallecidos por esta enfermedad infecciosa. Era lo esperado sin cuarentena.
En la Sala de Situación del ministerio de Salud de la Nación se monitorea el desarrollo de la pandemia en cada uno de los 1.298 municipios.
Si bien la facultad de aplicar restricciones a la circulación hoy está en manos de los gobernadores, en la Casa Rosada están decididos a presionar si hace falta para que se actúe rápido ante los rebrotes.
El Gobierno está en una encerrona. Su posibilidad de éxito va atada en primerísimo lugar a la inmunización contra el coronavirus.
Y a eso se suman ministerios casi paralizados, errores groseros de gestión y comunicación a la opinión pública, con información confusa y cruzada, a destiempo y con contramarchas, como si la generación de certidumbre, seguridad y expectativas dependiera sólo de un algoritmo del azar.
Si esto fuera un juego en la ruleta americana, Fernández sería el crupier. El Presidente dirige y organiza el juego, reparte las cartas, paga (mayoritariamente con emisión monetaria por la situación de quiebra fiscal) y recoge lo que hay sobre la mesa, participando en representación de la banca, que en este caso son el poder de la ejecución y su compendio de responsabilidades constitucionales.
Del otro lado, la oposición está en gran parte representada por Juntos por el Cambio y con el resto atomizado entre un lavagnismo de interminable hibernación que cada tanto pega un grito en el Congreso; la izquierda que se queda en la queja; y sectores aliados que administran su apoyo en base al nivel de juego y negociaciones que le abre el Frente de Todos en cada debate sobre una nueva ley.
Como si la pandemia y la descomunal crisis económica fueran poco, este año hay elecciones.
Un proceso electoral siempre fortalece la democracia de un país, pero en una Argentina tan vertiginosa e inestable a veces termina golpeando con dureza el desarrollo cotidiano de las familias, por su impacto en la estabilidad política, en la economía y en las expectativas sobre cómo sigue la película.
En esa ruleta americana, Juntos por el Cambio (el mayor espacio opositor) se está jugando un pleno, la apuesta mayor. Está apostando todo a un solo número: el fracaso del Gobierno de Fernández.
Es una jugada arriesgada, peligrosa. Pero es la alternativa que el macrismo y sus socios ucerreístas y de la Coalición Cívica encontraron para capitalizar el apoyo popular desencantado con los que gobiernan y los resultados del confinamiento.
La última semana, Juntos por el Cambio salió a marcar la inconstitucionalidad de un supuesto “toque de queda” que nunca ocurrió, incluso cuando los gobernadores propios sabían que no iba a suceder.
Eso expuso otra vez que el tribuneo se sobrepone a la responsabilidad institucional y que el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica están apostando a la estrategia que les queda: que el gobierno de Fernández sea un fracaso mayor del que fue el liderado por Mauricio Macri entre 2015 y 2019.
En ese juego se superpone un alto grado de mezquindad e irresponsabilidad.
En medio de la pandemia, Juntos por el Cambio no ha acercado una sola propuesta para colaborar y el Gobierno convocó sólo a los que tienen responsabilidades ejecutivas, los tres gobernadores radicales y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, con el que además anda a tiro de demandas ante la Corte Suprema por una decisión política que Fernández tomó de atropellada, la reasignación de los fondos extra que Macri le había dado a su socio político porteño en 2016.
