La designación y asunción de la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, doctora María Teresa Day, estuvo acompañada por una discusión política de tono muy exaltado, no habitual en este tipo de instancias, que dañó el clima de respeto institucional que caracteriza a nuestra provincia.
No es el propósito de esta columna detenerse en los planteos y objeciones que efectuó la oposición al gobierno provincial sobre la trayectoria judicial y profesional de la que ya es jueza suprema.
Corresponde aún que, pese a la asunción de la doctora Day, la Suprema Corte se expida sobre la acción declarativa de certeza que legisladores del justicialismo y otros partidos pidieron al máximo tribunal, con el fin de aclarar si la profesional propuesta por el Ejecutivo reunía los requisitos que la Constitución de la Provincia exige para ocupar el cargo que ya ostenta.
También se citó a una audiencia pública para quienes deseen expresarse sobre la designación.
Es importante poner de manifiesto es la preocupación que a la comunidad mendocina le debe generar el grado de intolerancia y agresividad que predominó entre los actores políticos a los que la Carta Magna otorga la enorme responsabilidad de evaluar la idoneidad de los magistrados.
No se puede desconocer que los pasos previstos por la Constitución provincial para poner en funciones a los jueces supremos se cumplieron en esta oportunidad; es el Poder Ejecutivo el que promueve y el Legislativo el que evalúa y resuelve.
Sin embargo, las diferencias que surgieron respecto de los requisitos para el cargo derivaron en una tirantez política que opacó a dichas instancias y que puso a la Provincia al borde de un conflicto de poderes al ser involucrado el máximo tribunal.
En la votación en el Senado faltó la oposición y la asunción de la nueva jueza fue pocas horas después en un acto sorpresivo y apurado.
Todo esto puede generar daños en el tejido institucional de la provincia de la que tanto nos enorgullecemos los mendocinos, ya que por momentos pareciera que lo partidario importa más que cualquier otra cuestión en el manejo de los tres poderes del Estado. No sólo en la designación de jueces sino en todos los cargos que requieren de este tipo de acuerdos. Una costumbre muy discutible que reiteran prácticamente todos los gobiernos proponiendo casi siempre a personas muy cercanas a sus círculos de poder o a sus concepciones ideológicas más definidas.
Sin embargo, si los candidatos cumplen todos los requisitos requeridos en cuanto a su calidad profesional más allá de sus tendencias políticas, cuando asumen el cargo para el que fueron promocionados, deberían ejercerlo dejando de lado dichas tendencias y basar todas sus decisiones en el bien público al que juraron defender, aunque ello a veces se contradiga con el partido del cual provienen o que los promovió. Pero vemos que eso rara vez suele ser así, predominando decisiones que siempre coinciden con la pertenencia política y, de ese modo, se constituyen los bloques cuando se trata de órganos colegiados.
En fin, es responsabilidad de la dirigencia política no repetir este tipo de episodios, de modo que la calidad institucional de Mendoza no pase a ser una nostálgica virtud perdida.
