En principio, es comprensible que tanto el Gobierno nacional como el provincial se hayan interesado por la sobrevivencia de Impsa, una empresa con el suficiente significado simbólico y real como para expresar muchas cosas positivas de la industria nacional capaz de expandirse por el mundo, más allá de todos los errores que se puedan haber cometido y de cómo la decadencia nacional la haya arrastrado por caminos cruentos.
Por eso esta “alianza” entre el Gobierno peronista de Alberto Fernández y el Gobierno radical de Rodolfo Suárez, debería merecer, en principio, una visión expectante para ver hacia dónde nos conduce el experimento, que tiene tanto de esperanzador como de preocupante.
Este experimento podría imprecisamente caracterizarse como una “estatización a la mendocina”, lograda con consenso mayoritario de oficialismo y oposición, tanto a nivel provincial como nacional, aunque no todos estén de acuerdo. Oposiciones que también tienen mucho de importante porque todas las objeciones que ponen los que están en contra deberían tenerse muy pero muy en cuenta para que las cosas no salgan mal. No hay una sola crítica de las emitidas hasta ahora que no merezca ser valorada como razonable. Como razonable era acudir al salvataje de una empresa muy significativa tanto para la Argentina como para la provincia. La cuestión es el modo en que se hace.
Dicen en off desde el Gobierno provincial que hay en la intervención local el deseo de evitar dos cosas: que la empresa se aleje de su relación con Mendoza, y que la participación del Estado lleve a una indebida politización que daría por el suelo con las mejores intenciones al transformar a Impsa en un botín político a distribuir entre las facciones partidarias. Pero está por verse, si de verdad ello se pretende, que la mera intervención minoritaria de la provincia pueda evitar que se imponga tan grave decisión.
El Presidente, en su discurso en la provincia, trató de ubicarse en el medio de las posiciones. Por un lado, elogió la supuesta estatización, como diciendo que esta vez será distinto a lo de Vicentín porque hemos actuado diferente. Como si fuera una revancha sin mencionarla: aquella vez fue Anabel Fernández Sagasti quien, en nombre de Cristina, quedó como la autora del proyecto y Alberto actuó de mero acompañante. Esta vez el presidente pretende ser el autor del proyecto a través de su gente y Anabel, vale decir Cristina, queda sólo como la acompañante.
Por eso, en esta “estatización albertiana” allí nomás aparecen las diferencias con Vicentín, aparte del consenso que aquella vez no existió: la de que en esta ocasión Alberto Fernández se mostró como una especie de FMI nacional y popular que viene a aportar dinero para salvar a la empresa de la quiebra. Que más que la estatización, lo que se impone es una buena negociación con los acreedores para que Impsa pueda pagar dentro de sus posibilidades las deudas y volver con el tiempo a ser viable por sí sola, nuevamente en manos privadas o casi.
Sonaría bien si las cosas marcharan para ese lado a fin de evitar caer en otra estatización horrible como fue la de Aerolíneas Argentinas, cuando se compró una empresa quebrada con todas las deudas y problemas sindicales, en vez de hacer una nueva o ayudar a la actividad privada a hacerla, lo que hubiera resultado infinitamente más barato en vez de que el que viaja en micro deba subsidiar al que viaja en avión, como ocurre ahora. Que no quiebre de nuevo sólo por la garantía que le da el Estado, no por su eficiencia. No está de más recordar que Aerolíneas fue entregada lisa y llanamente a La Cámpora. Advertencia por si las moscas…
Claro que si la intención de Alberto fuera la de reconstruir la empresa en vez de apropiársela, aún no se sabe a ciencia cierta la intención de Cristina que es la que, a los postres, siempre termina imponiendo su posición, que casualmente o no, generalmente resulta contraria a la que primero insinuó el presidente que gobierna pero no manda, o manda poco y nada.
En síntesis, si de lo que se trata es de volver a poner en pie a una empresa insignia, simbólica y prácticamente muy importante para el país y la provincia, a fin de que con el tiempo pueda recuperar su dinámica empresarial propia (dinámica que técnica y gerencialmente incluso debería mantenerse en su etapa estatal), bienvenida la decisión.
Ahora, si lo que se pretende es armar una empresa estatal más en áreas que son esenciales para el país pero no para que las maneje el Estado, deberíamos preocuparnos. Por eso entre otras cosas, desde hoy mismo, partiendo de la lógica con que se encare la designación de los directores estatales, Impsa debería continuar funcionando con lógica empresarial en vez de burocrática, otro desafío que rara vez se cumple con las estatizaciones K o con aquellas cosas que se le parecen.
Estamos entonces, ya lo dijimos, frente a una decisión que tanto debe alegrarnos como preocuparnos, porque son anchos y muchos los caminos en que puede bifurcarse su destino según la estrategia que se encare. Este gobierno nacional no es muy merecedor de confianza.
Sobre todo porque casi la totalidad de las estatizaciones con las que cada tanto se tientan los gobiernos kirchneristas (o los remedos de tales como lo fue Fútbol para Todos, otro quebranto estatizado) han sido un colosal fracaso y nada indica que no lo seguirán siendo.
Pero siempre puede haber una excepción, entre otras cosas porque los gobiernos pasan pero sus decisiones muchas veces los sobreviven.
Es por eso de desear que alguna vez pueda Impsa volver a ser lo que supo ser en sus mejores momentos, por lo que de ocurrir ello con el tiempo, la intervención del Estado habrá sido, por excepción, virtuosa si se ocupa más de sanearla que de subsidiarla para que los dineros de todos que ahora se aportan, mañana puedan ser restituidos al erario público.
Y que, aunque se trate de algún tipo de estatización, pese más que se haya hecho “a la mendocina” que de otra manera. Por eso acá, aun siendo minoritaria, la intervención del gobierno provincial puede ser clave. Esperemos que Suárez y su gente entiendan su gran responsabilidad.
