“Es más efectiva la oposición de los tres peronistas de la Corte que todos los tuits, comunicados y denuncias de Anabel e Ilardo”. El que habla es un radical distanciado de Alfredo Cornejo, crítico de su modelo de acumulación de poder y viejo conocedor de los túneles de la política. Su definición explica con precisión la discusión desatada en los últimos días en Mendoza.
El pretendido debate jurídico-técnico sobre la conveniencia o inconveniencia de la reformar la Suprema Corte de Justicia es en realidad un debate sobre el poder. Sobre el poder que unos quieren ganar, que es el mismo que los otros no quieren perder.
Cada uno esgrime argumentos atendibles, razonables, estudiados cuando se hace foco en el aquí y ahora. Pero también acomodaticios y contradictorios cuando la mirada se extiende al pasado o fuera de la provincia.
No es novedad que la Sala 2 Penal y Laboral de la Corte es el último bastión del peronismo, el único rincón de los poderes del Estado desde el que puede influir, decidir e incomodar a la hegemonía oficialista. Allí, Omar Palermo y Mario Adaro juegan con ventaja frente a José Valerio.
Como ya se dijo en esta columna el 21 de noviembre del año pasado, el último resultado electoral alumbró un ciclo hegemónico radical (en alianza con el Pro), como aquel que ejerció el peronismo desde 1987 hasta 1999.
La votación legislativa de 2021 demostró que el Frente de Todos está lejos de ser una fuerza que la sociedad vea como alternativa. Y, por lo tanto, son pocas o nulas sus chances de ganar en 2023. Sin ese respaldo que da la posibilidad de una victoria, deja el terreno liberado a Cambia Mendoza, la alianza de la UCR y el Pro.
La prioridad de sostener la existencia de las salas en la Corte se explica en esa realidad política adversa del PJ, con una clara minoría legislativa que apenas le permite bloquear pedidos de endeudamiento y la reforma de la Constitución. Y con la la mitad de los municipios que gobernaba en 2015.
El peronismo hoy ni siquiera logra que el oficialismo respete leyes y pactos implícitos preexistentes que le aseguraban a la primera minoría espacios en organismos, entes y empresas estatales. “Alejandro Abraham está esperando hace tres meses que lo confirmen en el directorio de Emesa”, se quejan amargamente.
Estos desaires motivaron incluso algún llamado de Anabel Fernández Sagasti a Rodolfo Suárez hace ya tiempo. El Gobierno pidió a cambio apoyo para la reforma constitucional. El resultado es sabido: ninguno de los dos logró su objetivo.
Como si fuera poco, el futuro se le presenta adverso al partido de oposición: ni uno solo de sus dirigentes tiene la ambición de ser candidato a gobernador en 2023. Todos se ven derrotados. No hay un proyecto para el futuro. Su mirada se ha reducido a cómo resistir. La centralidad ganada por Cristina Kirchner le ha dado cohesión nacional. Pero en Mendoza le resta puntos. Y sin poder de fuego electoral, es difícil dar pelea en otros territorios de la política
Por el contrario, el oficialismo tiene bajo su mando al Ejecutivo, el Legislativo (24 de 38 bancas en el Senado y 29 de 48 en Diputados que le aseguran esta vez la aprobación de la reforma de la Corte) y los órganos de control que deben supervisar supuestamente que nadie se aparte del camino correcto. También domina 12 comunas (10 radicales y 2 aliadas).
Para 2023 cree que puede ir más lejos, con más municipios y más legisladores suyos. Todo pese a que crecen las críticas internas a la actual gestión gubernamental por su ineficacia.
En la Justicia, ya se sabe, marca la orientación del Ministerio Público Fiscal, o sea de la política acusatoria, a través del procurador Gullé. Y hay cuatro de siete ministros de la Corte que le responden. Pero, de nuevo, la Sala 2 de la Corte aparece como el hito sin conquistar, el de final imprevisible.
La sensación que siempre queda es que en cada votación se impone la obediencia partidaria, a uno y otro lado de la grieta cortesana. Unos y otros dicen que no es así. Que el 4-3 a veces puede ser 5-2 o 7-0 y que específicamente en la sala 2 suele pasar que Adaro acompaña la postura de Valerio en causas penales y no las de Palermo. O que Palermo y Valerio quedan enfrentados a Adaro cuando dirimen casos laborales.
Pero hay otras veces en las que sí manda la filiación. “Cuando es una causa política, como el reclamo de los intendentes del PJ por el límite a las reelecciones, siempre nos alineamos partidariamente. Es la costumbre en la Corte”, admite en estricto off the record un “supremo” consultado.
Discursos a medida
¿Por qué es tan importante la Sala 2 y nadie habla de la 1, donde hay dos jueces ligados a la UCR y uno al PJ? Porque el 75% de las causas pasan por la que tiene más presencia peronista, fundamentalmente por las demandas laborales (más de la mitad de todas las que ingresan a la Corte). Pero, sobre todo, porque es la preferida para iniciar planteos de inconstitucionalidad y acciones procesales administrativas. Esperan a que esté de turno para presentarlas. El famoso “forum shopping”.
El proyecto del Ejecutivo, que reconoce como autor intelectual al juez Valerio, apunta a eliminar las salas. Para cada causa que ingrese se hará un sorteo que definirá, entre todos, quiénes serán los tres miembros de la Corte que intervendrán, sin importar el fuero.
En ese bolillero se incluirá al presidente, que hasta ahora no interviene en los fallos y se limita a un rol administrativo, casi gerencial. Así, con cuatro radicales y tres peronistas, los primeros tendrán más probabilidades estadísticas de ser mayoría.
El tercer punto fuerte de la reforma es que estipula en qué causas deberá fallar el pleno de la Corte. Esto será precisamente en los planteos por inconstitucionalidad y en las acciones procesales administrativas que vayan contra reglamentos o normativas de carácter general (por ejemplo el ítem Aula), no en las que se originen en normas particulares (un cesanteado por el Estado).
El peronismo judicial estaba dispuesto a que se sortearan las APA y planteos de inconstitucionalidad, pero resiste la eliminación de las salas.
El principal argumento es que la Corte pierde así las especialización. Un civilista intervendrá en un caso penal y un penalista en uno civil, por ejemplo. Palermo, en la entrevista publicada en la página 4, hace una analogía con la medicina para echar luz.
Pero hoy esa especialización es relativa: en la Sala 2 un laboralista falla en casos penales y dos penalistas en demandas laborales. La sala 1, civil y comercial, no tiene ningún especialista en derecho comercial. “La Corte nacional no tiene salas y todos los fallos son del pleno”, remarcan en el oficialismo.
El radicalismo, que hace cinco años quería ampliar la Corte para sumar una sala (separando lo laboral de lo penal) y así potenciar la especialización, ahora quiere eliminar todas. Mientras que el peronismo, que se opuso en bloque a aquel proyecto de 2017, hoy pide más especialización.
En el Ejecutivo y el “lado radical” de la Corte sostienen que el sorteo dará más “transparencia”. Apuntan, dicen, a romper con fallos que pueden ser “a medida”. De hecho, aseguran que el proyecto ya enfrenta un fuerte lobby sindical y de las ART.
La transparencia también aparece en el discurso de dirigentes y jueces peronistas: acusan al Gobierno de querer controlar toda la Justicia para asegurarse impunidad. Detrás del plan, ven la mano de Cornejo, a quien apuntan como el ideólogo del mayor sometimiento que se recuerde del Poder Judicial a la política.
Así, de pronto, el radicalismo aparece propiciando un plan que rechazó con toda su fuerza cuando quisieron aplicarlo en la Nación. Y el peronismo cuestionando lo que le hubiese gustado aplicar para todo el país, pero no pudo.
Tal vez todos los argumentos sean ciertos. Lo difícil de dirimir es cuándo. Si hace cinco años o ahora. Pero sí está claro que, como aquella vez, para unos se trata de avanzar más y para los otros, de resistir.
