Cursos saturados, escasez de bancos, falta de espacio físico son parte de la radiografía de la secundaria pospandemia. ¿Tiene todo que ver con la coyuntura de una enfermedad que cambió nuestras vidas de un día para el otro durante dos años? No. Pero la vuelta a la presencialidad hizo darnos cuenta de que la inversión que debía realizarse en algunos ítems (como la compra de bancos y pupitres) o el mantenimiento que se debía hacer (como el arreglo de techos) aunque nadie ocupara los edificios eran fundamentales para arrancar el ciclo lectivo 2022 como corresponde y no a las apuradas con cosas “que se van solucionando en el camino”.
El también conocido como Nivel Medio ya venía requiriendo atención especial. Es que hace 16 años, la ley 26.206 de Educación Nacional le imprimía el carácter de obligatorio para las y los habitantes de Argentina. Y, en consecuencia, el Estado asumía un rol de garante de inclusión en un ámbito más acostumbrado a la expulsión de quienes no veían en la escuela un futuro o su contexto les impedía seguir el ritmo de estudio o no tenían las capacidades que entonces se creían necesarias para completar la secundaria.
Las estadísticas muestran que desde entonces cada año ha crecido la cantidad de chicas y chicos que acceden a la secundaria. Un informe de Argentinos por la Educación sobre este nivel señala que a nivel nacional entre 2007 y 2017, la matrícula por año de estudio crece en +14% en las provincias que tienen una estructura de cinco años de secundaria.
“La extensión legal de la obligatoriedad escolar (definición que se tomó en varios países de la región en este siglo) impone a la población a la vez obligaciones y derechos. Desde el Estado impone plenas responsabilidades y obligaciones para generar las condiciones efectivas, en cantidad y calidad para que se pueda cumplir ese mandato legal”, reflexionan en el documento publicado en abril de 2019.
Y destacan algo que parece de sentido común -aunque no siempre las autoridades lo tienen en cuenta- y es que esas condiciones tienen componentes presupuestarios como es contar con nuevas aulas o edificios escolares, más cargos docentes y no docentes en las escuelas.
El ejemplo, si bien es nacional, habla por sí solo: Si todos los estudiantes que estaban en primer y segundo año de la secundaria en todo el país (1.560.000 estudiantes) en 2016 hubieran continuado el 2017 en tercero y cuarto (1.160.000 estudiantes), se hubiesen necesitado de inmediato 400 mil vacantes y más de 13 mil aulas de 30 alumnos cada una.
La explicación viene de la mano de la geometría. Antes la estructura de la secundaria se parecía más a un triángulo: había en general casi el doble de divisiones de primer año que de quinto. Hoy esa realidad está cambiando y se parece más a un cuadrado; es decir, que se necesitan igual cantidad de divisiones de primer año que de quinto.
Si vemos los números de Mendoza, en 2011 (primer dato que se encuentra en el Sistema de Consulta de Datos Educativos Nacionales) había 397 escuelas (87 rurales y 310 urbanas), mientras que en 2020 había sólo cuatro secundarias más que hace nueve años (de las 401, 84 son rurales y 317 urbanas). Los alumnos pasaron de 128.252 en 2011 a 141.453 en 2020.
Si bien en nuestra provincia la tasa de repitencia ha ido bajando (fue de 9,74% en 2019, según una presentación que hizo la DGE a principio de 2020), la “no repitencia” establecida por el Gobierno nacional en 2020 implicó que la matrícula de 2021 se incrementara en 6 mil estudiantes -de acuerdo al Observatorio deNiñez, Adolescencia y Familia de la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua-.
Y a pesar de que la pandemia puso en jaque la relación de varios estudiantes con su establecimiento, desde la Dirección General de Escuelas señalan con satisfacción que hay 10 mil chicas y chicos más que en 2019.
La preocupación de los directivos es que la infraestructura no está preparada. A esto se suma -desde su punto de vista-, la falta de recursos y la falta de respuesta por parte de las autoridades escolares.
