El 14 de diciembre de 2020 nuestra provincia dio media sanción en la Cámara de Senadores por unanimidad a la adhesión al Régimen de Integración Sociourbana, más conocida como Ley de Barrios Populares.
Es un proyecto de ley que plantea compromiso estatal de la provincia e invita a los municipios a adherir no solo a una ley, sino a un posicionamiento político multisectorial y multipartidario, que se vio plasmado en la sanción definitiva de la ley 27.453 a fines de 2018.
Los barrios populares son aquellos relevados en el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) y que surgieron de la respuesta habitacional autogestionada de ciudadanos en distintas partes del país.
En nuestra provincia, son 317 los barrios relevados.
El objetivo de esta ley es lograr la integración sociourbana de dichos sectores, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y permitirles acceder a servicios públicos esenciales.
La de Mendoza, es una adhesión muy propositiva, ya que plantea la obligatoriedad de capacitación sobre temáticas relacionadas con los barrios populares a los distintos funcionarios estatales y empresas prestatarias de servicios, a fin de garantizar derechos y no vulnerar a los residentes de dichas urbanizaciones.
Mendoza es la única provincia que, hasta el momento, plantea esta propuesta y no solo una mera adhesión.
El pasado miércoles 7 de septiembre, estaba en el orden del día el proyecto bajo expediente N° 79.174 para su tratamiento sobre tablas y sanción definitiva en Cámara de Diputados.
Muchos viajamos muchos kilómetros para presenciar este momento, había representantes de todos los departamentos.
Pero, al llegar, tomamos conocimiento que el oficialismo había decidido no acompañar en esta oportunidad, sin ninguna explicación formal, más que algunos intendentes no estaban de acuerdo con avanzar con la adhesión y el proyecto volvería a comisiones para continuar su tratamiento.
La tristeza y desazón se suman a la confusión que produce la postura del oficialismo.
¿Cómo puede ser que un proyecto que tiene media sanción por unanimidad, que ha sido trabajado por todos los bloques del Senado y ha recibido aportes, incluso del oficialismo, sea tan resistido en la Cámara baja?
¿Cómo puede ser que genere tantas dudas adherir a una norma que en la Nación fue parte de un posicionamiento político de diversos sectores y ha sido asumida como política de estado?
Esta falta de criterio, se observa a diario cuando funcionarios estigmatizan y hablan de “villas miserias” o cuando les niegan a los habitantes de los barrios populares acceder a servicios básicos por no contar con escritura de terrenos, vulnerando derechos y abriendo las puertas a las conexiones clandestinas, con el riesgo que esto implica o como cuando se planifican obras públicas sin integrar a estas urbanizaciones.
En un país como el nuestro, no se puede naturalizar la miseria como condición de vida de ciertos sectores.
Y tampoco se puede admitir la inacción como respuesta política ante una realidad evidente.
Auguramos un pronto tratamiento a este proyecto, con los aportes que sean oportunos para lograr la mejor ley posible (las leyes no son perfectas, pero sí perfectibles) y, principalmente, la decisión política provincial de visibilizar las realidades de los barrios populares para llegar a ser esa provincia integral y federal que establece nuestra Constitución y que todos anhelamos.
La autora es Concejala Malargüe (PJ) y Senadora provincial (MC)
