La dirigente política y social Milagro Sala, que cumple prisión domiciliaria en la capital de Jujuy por estar acusada del delito de asociación ilícita, volvió a sorprender con declaraciones que hizo a un programa de radio. Dijo que “si no hay una reforma judicial, nosotros nunca vamos a poder recuperar la libertad”.
Se debe interpretar que Sala no sólo se refería a su caso personal y a los de otros detenidos vinculados a la organización que lidera, la Túpac Amaru, sino al grueso de ex funcionarios y allegados al kirchnerismo que, como ella, purgan penas por hechos de corrupción comprobados, pero a los que el oficialismo considera que fueron fruto de una persecución política por parte del gobierno de Mauricio Macri.
¿Se habrá tratado de un arrebato o de una imprudencia de Milagro Sala entre sus apreciaciones?
¿O, realmente, fue un blanqueo de intenciones a propósito de la polémica propuesta que ya se está tratando en el Senado?
Ya hemos opinado desde este mismo espacio que una reforma integral de la Justicia nacional es necesaria, es una cuenta pendiente de nuestra vida democrática como contención de una sociedad cada vez más demandante de celeridad y eficiencia en la resolución de casos de la vida cotidiana.
Pero si una iniciativa de esta índole lo que pretende priorizar es la influencia política en el Poder Judicial para consolidar un sendero de impunidad acerca de hechos del pasado más reciente, entonces estaremos ante una especie de vandalismo contra uno de los pilares centrales de la vida republicana.
Varios gestos del oficialismo alientan aquellas sospechas con respecto a las intenciones políticas de la enmienda en marcha.
Una de esas sospechas es haber puesto en la mira a la Corte Suprema, no sólo por quienes hoy la integran sino, fundamentalmente, por las funciones pensadas en el futuro para el más jerárquico tribunal argentino
Otra señal que inquieta es la conformación de la comisión asesora elegida por el presidente de la Nación para opinar sobre qué tipo de reforma se puede gestar.
No se puede dudar de la capacidad profesional de cada uno de los integrantes de ese cuerpo consultor, pero sí sorprenden y preocupan designaciones que no encuadran desde el punto de vista ético en virtud de los alcances de la reforma prevista.
Es el caso del abogado Carlos Beraldi, el principal defensor de la vicepresidenta de la Nación en las muchas causas que ésta ventila ante la Justicia.
Al mismo nivel de suspicacias se encuentra León Arslanian, a cargo de la defensa de Cristóbal López por su fuerte evasión.
En nuestro país hay muchos otros juristas prestigiosos, despojados de vínculos políticos y alejados de causas comprometedoras, que hubiesen podido aportar una propuesta para remozar a la Justicia sin suspicacias o desencantos.
Por lo tanto, el descaro de la dirigente Milagro Sala no debería ser considerado como una anécdota más.
Tal vez haya formado parte del preámbulo de una reforma que dañe aún más a la Justicia argentina colocándola a merced de intereses despreciables.
Politizar la justicia o judicializar la política son las dos caras de una misma moneda, con la cual se intenta confundir a todos en el mismo lodo para que la impunidad se imponga en medio de la confusión que se busca premeditamente a fin de aturdir a una sociedad sedienta de justicia pero muy desilusionada hacia la mayoría de la clase política.
