El Gobierno nacional anunció la firma del Decreto 879/21, que entre otras cosas vuelve a fijar bandas de precios máximos y mínimos para los pasajes aéreos de cabotaje, sumando así un nuevo capítulo a las desacertadas medidas que viene tomando en relación con el transporte aerocomercial.
Estas políticas inadecuadas volverán a excluir a muchísimos argentinos, imposibilitándoles acceder al servicio por limitación en la oferta y aumento de los precios mínimos.
El cuadro que se presenta no es alentador, volvemos a un procedimiento que dejó rezagada a la Argentina si la comparamos con los países vecinos, restringiendo el círculo de quienes pueden ser usuarios.
El gobierno ha equivocado el diagnóstico, al fundamentar la norma habla de exceso de oferta y precios. Nada más alejado de la realidad.
Este decreto no sólo avanza en una medida tan errática como la descripta, también monopoliza los servicios en tierra y condiciona las llegadas de vuelos internacionales. En otra medida, tomada el mismo día, cambia el régimen de descanso de la tripulación. En definitiva, no sólo cambia las reglas de juego para las compañías low cost que hoy operan en el sector, sino que, además, condiciona la llegada de nuevos jugadores.
Alejar inversores y empresas no parece una buena receta para nuestros males. Lo más preocupante es que este decreto es un eslabón más de medidas desacertadas. El cierre del Aeropuerto El Palomar, la limitación de venta en cuotas de pasajes al exterior, la obsesión por la cuarentena, que, sin datos científicos, los hizo decidir la interrupción de los vuelos de cabotaje durante 7 meses y los internacionales que tenían como destino aeropuertos de interior del país durante la pandemia, entre otras.
El gobernador Suárez advertía oportunamente que tal como lo indicaban los especialistas, “tener los aviones parados durante meses no sólo significaba la desconexión en ese momento, sino que su mantenimiento se haría muy difícil”. Prueba de ello es el estado de la flota de aerolíneas.
Argentina es el séptimo país del mundo por extensión territorial, la conectividad aérea es crítica para facilitarle la vida a las personas e impulsar el desarrollo. El oficialismo, perdido en sus propios laberintos, pierde la perspectiva de una política de aeronavegación que pueda inducir a tener mejores servicios y costos.
El rubro aerocomercial es un negocio de alta complejidad, la conducción de Aerolíneas Argentinas requiere de una dirección profesional, seria, alejada de improvisaciones y fanatismos ideológicos. Es imperioso que la racionalidad prime sobre los prejuicios, para establecer parámetros claros sobre el rol de la compañía de bandera y su gestión.
Los datos corroboran que el gobierno vuelve a una política que fracasó; cito algunos ejemplos elocuentes: en el lapso entre 2001 y 2016 el rubro aerocomercial experimentó en Argentina un crecimiento del 21%, en tanto en el resto de la región, que no seguía esta política de bandas tarifarias, creció el 200%. Solo en el lapso entre 2016 y 2019 cuando se abandonó está política, se habilitaron nada menos que 1400 nuevas rutas en el país.
Desde un enfoque federal en 2009 cuando regía la ahora reimpulsada política de bandas, sólo 900.000 usuarios pudieron volar sin necesidad de hacer escala en Buenos Aires, en tanto en 2019, con las nuevas rutas, fueron 3.500.000 los pasajeros que no debieron pasar por el área metropolitana.
En un país sin trenes, con rutas deterioradas, con distancias enormes, no tener una buena política aerocomercial es realmente catastrófico. El gobierno nacional debe comenzar a comprender que en avión no sólo viajan unos pocos privilegiados. Se trata de miles de argentinos que hacen negocios, atienden su salud, se vinculan con sus afectos y también hacen turismo que tanta mano de obra genera.
El decreto en cuestión abre un plazo de 180 días para que el ministerio de transporte determine las bandas tarifarias, en dicho plazo espero que se reflexione, se abra un diálogo con los actores y se busque un acuerdo que no eche por tierra la posibilidad de operación de las aerolíneas low cost en el país.
Ojalá el Gobierno nacional no desaproveche una vez más la oportunidad de tener una política aerocomercial eficiente que les haga la vida más fácil a las personas, que promueva el desarrollo del país federal, con una mejor distribución del producto bruto geográfico y que facilite la vinculación con el mundo, para esto hacen falta reglas claras y aviones volando. Para esa agenda de futuro siempre me encontrarán trabajando.
*La autora es Senadora Nacional por Mendoza.
