Ahora que el alegato de un fiscal federal está exponiendo a la luz del día la trama que explica con detalles el veloz enriquecimiento del empresario Lázaro Báez, se entiende la tirria sin remedio que la vicepresidenta de la Nación destila contra la Corte Suprema de Justicia.
Cristina Kirchner intentó evitar de cualquier manera el banquillo de los acusados en un juicio oral y público. Logró, tras su regreso al poder, que la sobreseyeran en dos ocasiones: en la causa por las operaciones de dólar futuro y en el proceso instado por Alberto Nisman tras la firma del pacto con Irán. En una tercera ocasión obtuvo una novedad procesal: el extraño caso de una audiencia acotada y preliminar (diseñada a medida para evitarle el disgusto del juicio público) en el proceso por lavado de dinero en sus hoteles de El Calafate.
En la causa que ahora se ventila, por los trasiegos en la obra pública con fondos de Vialidad Nacional, la expresidenta intentó que la Corte Suprema impidiera el juicio oral y no lo logró. Ahora sí la ciudadanía puede evaluar con qué pruebas se la acusa.
La trama que está saliendo a la superficie es la de una organización ajustada y precisa para concentrar obras viales en la provincia de Santa Cruz; crear un empresario oferente para asignarle favores; simular una competencia inexistente en las licitaciones; adjudicar obras para que no las construyan; ayudar a eludir los controles por esos incumplimientos; anticipar fondos del presupuesto, beneficiar con ajustes de precios y facilitar los pagos antes que al resto de los proveedores de obra pública.
En días en que el Banco Central se asfixia por la ausencia de divisas, cobra relevancia la cifra que obtuvo Lázaro Báez entre 2003 y 2015 con esa aceitada maquinaria: 2.200 millones de dólares. Báez conformó su empresa con un capital de 3 mil pesos, unos días antes de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. Doce años después, había ganado la mitad del próximo desembolso que el Gobierno actual espera de rodillas en el Fondo Monetario Internacional.
El juicio a Cristina Kirchner explica mejor que la declinación final de Alberto Fernández y las volteretas ansiosas de Sergio Massa el origen -y acaso el destino- de la crisis que están pagando con sus bolsillos y penurias los millones de argentinos. La jefa política del oficialismo jamás buscó regresar al poder por el afán de disponer sobre alguna política pública. Cristina regresó para labrar la alfombra de su impunidad. Volver para zafar. Si se comprende que allí comienza y acaba toda la aspiración de su proyecto político, se entenderá por qué el Gobierno navega sin rumbo, incluso después de haber refrescado sus expectativas jugando la carta de Massa para reconducir una economía de naufragio.
Sergio Massa apenas puede ocultar que no cree haber asumido el ministerio de Economía sino una candidatura presidencial, pero la crisis resiste. Se anunció una breve carta intención con dos correcciones de rumbo que aún no se sabe cómo se ejecutarán: un ajuste de tarifas más ambicioso que el que había planeado Martín Guzmán (y volteó Cristina) y un canje voluntario de la deuda en pesos sobre el que Massa alardeó con un porcentaje inicial de aceptación del 60 por ciento. No aclaró que a ese piso bien puede llegarse con la demanda cautiva del mismo sector público, que toma más deuda sin ajustar su desmadre.
Para el ajuste tarifario -similar al que aplicó en su hora Mauricio Macri- todavía debe conseguir que Cristina le preste la lapicera en el área de Energía. Para el nuevo reperfilamiento de la deuda en pesos no basta con enunciar el propósito de renunciar a los anticipos del Banco Central. Deben darse señales concretas de coagulación de dos hemorragias: la de la emisión monetaria indiscriminada y la de recomposición -por ahora inalcanzable- de las reservas en dólares. Balance de la primera semana: con el humo no alcanzó.
De seguro esto habrá preocupado en su regreso triunfal a la Casa Rosada al exministro rutilante de Carlos Menem, José Luis Manzano, que se acercó con la certeza de un nuevo ciclo virtuoso. Los subsidios gerenciados por el kirchnerismo hicieron que Edenor, la mayor distribuidora de energía del país, fuera adquirida por Manzano y sus socios Daniel Vila y Mauricio Filiberti por una cifra modesta -60 millones de dólares como entrega y otros 40 a plazo- durante la pandemia. El aumento de tarifas de Massa será su tiempo de revancha. El Instituto Patria quedará rumeando los tiempos en los que Juan José Aranguren era cuestionado por colisión de intereses.
Con todo, el experimento Massa ya obligó a la oposición a revisar su estrategia. Mientras el Gobierno incluía desde los cayetanos de Juan Grabois, hasta los manzanos del Frente Renovador; sólo convenía para sus adversarios observar con cautela el desorden en el palacio y su derivación en la calle.
Ahora que Cristina está en el banquillo, Alberto Fernández en Babia, y Massa obligado a conducir con equipo y plan; la oposición también comienza a sentir que sus extremos se encogen. La crisis es como un embudo por donde sólo pasan las ideas sensatas.
