El 21 de junio de 2012, cuando Saulo Josías Rojas tenía 22 años, su mamá (Myriam Lucero) creyó estar tomando la mejor decisión y lo internó en una quinta de la fundación San Camilo (Pilar, Buenos Aires).
Ese lugar, clausurado a fines de noviembre, era en aquel momento uno de los centros de rehabilitación más importantes del país: allí llegaban jóvenes y adultos con graves problemas de adicción.
“Además del problema de adicción, mi hijo tenía diabetes y era difícil encontrar un lugar. Creí que iban a darle las herramientas para que pueda salir de esto. Lo que no sabía es que iba a salir en un cajón”, recuerda con la voz entrecortada Myriam (54) en su casa del barrio La Gloria (Godoy Cruz).
El 14 de junio de 2013 Saulo murió en la quinta Los Pinos. Según la autopsia, había sufrido un paro cardiorrespiratorio traumático, por asfixia.
Además presentaba golpes en la cara y la clavícula fisurada. De acuerdo a los trabajadores que lo encontraron aquel día en una de las habitaciones de la comunidad terapéutica, estaba colgado de su cinturón, con uno de los extremos amarrados a la reja de una ventana.
La historia de Saulo y de otros ex pacientes fue incluida en el libro "La comunidad", del periodista Pablo Galfré. Los escabrosos detalles derivaron en una investigación judicial y en la reciente clausura de la fundación. Además del joven mendocino, allí también falleció Felipe Mariñasky (44).
“Pensé que cuando lo cerraran iba a sentirme satisfecha. Pero sentí mucha angustia y rabia. Además hay otros lugares que funcionan de la misma manera”, sigue su madre, quien prometió ser la voz de Saulo.
Él y su madre -es asistente terapéutica- vivían en el barrio 7 de julio cuando a los 11 años le detectaron diabetes. “No podía jugar al fútbol y hacer las cosas que le gustaban. Y entró en una fuerte depresión”, rememora su madre.
Cuando su hijo tenía 14 años, Myriam le encontró los primeros cigarrillos de marihuana: “Fuimos a ver a psicólogos y psiquiatras, y ese día empezamos un camino que nunca terminamos”.
Hasta los 17 Saulo pasó por diferentes unidades de internación ambulatorias. Pero meses antes de cumplir los 18 la situación se tornó más crítica.
“Salía y no llevaba la insulina. Siempre terminaba internado, y me entró la desesperación”, recuerda Myriam.
Tras varios intentos frustrados de rehabilitación, el 21 de junio de 2012 madre e hijo llegaron a Pilar. "Lo dejé y me reuní con uno de los psicólogos. Cuando me quise despedir, me dijeron que no podía. Quería decirle: 'hijo, estoy con vos'", recuerda.
Durante el primer mes sólo pude hablar por teléfono con los responsables. “Me decían que Saulo estaba en la ‘sala de reflexión’. Después me enteré de que ese era ‘el engomado’, una celda pequeña con dos colchones en el piso y un tarrito para hacer pis. Allí los encerraban castigados”, dice con angustia.
Ya al segundo mes Myriam pudo hablar con su hijo, pero siempre había alguien escuchando cerca o desde otro teléfono. “Me alegró verlo gordito, pensé que estaba comiendo bien. No me di cuenta que estaba hinchado por la medicación”, relata Myriam.
En mayo de 2013 fue a visitarlo -sin saberlo- por última vez. “Lo noté raro. Veía en su mirada que le pasaba algo. ‘Aquí las reglas no son iguales para todos’, me dijo. Y cuando me estaba por ir, me agarró de la falda y me dijo que quería ser un bebé”, agrega.
El 12 de junio -dos días antes de que muriera-, la mujer llamó por teléfono y habló con su hijo, a quien notó “muy angustiado”. El viernes 14 de junio. a las 17, Myriam llamó de nuevo. Pero atendió una operadora y le aclaró que no iba poder hablar con su hijo.
Esa noche, a las 22:30, fue la madre de Saulo quien recibió un llamado de San Camilo. "Me dijeron que mi hijo había fallecido, que había tenido un infarto y lo habían encontrado en su cama. Dos días después el cuerpo llegó a Mendoza. Se fue con un sueño y me lo trajeron dormido", se quiebra la mujer.
A principios de 2014 Galfré se contactó con Lucero y la puso al tanto de su investigación. Gracias al contacto con el periodista -quien se estaba contactando con otros jóvenes que habían estado en la fundación-, Myriam conoció en detalle la pesadilla que vivió su hijo.
La causa por la muerte de Saulo está judicializada. Según destacó su mamá, se encuentran imputados por homicidio culposo los ex dueños del lugar, el ex director terapéutico y uno de los operadores. “Si pudiese volver el tiempo, no sería tan confiada. Igual a ellos (imputados) no les deseo el mal.
Solo espero que puedan dejar de ver a los chicos como mercancía”, sintetizó.
El caso de Agustina
Agustina Cuenca tenía 18 años cuando murió. "Señora, Agustina se suicidó", fue el contundente mensaje que escuchó su madre en el teléfono el lunes 11 de noviembre de 2013. La llamaba desde Buenos Aires el director del centro de rehabilitación en el que se encontraba internada la joven desde hacía 8 meses.
“El 10 de noviembre había estado con ella. Yo le dije que no baje los brazos”, rememora Alejandra Guiñazú (57), su mamá, y acota que tiempo después supo que el mismo día en que murió le habían suministrado 8 pastillas de clonazepam: “Ese lunes había vuelto a Mendoza, y a las 16:45 recibí el llamado de Gradiva (el nombre de la comunidad). A la noche volvimos a Buenos Aires con su papá, Julio”.
“Cuando los chicos llegan a esos lugares hay gran parte de responsabilidad de la familia”, agrega con tono de autocrítica los progenitores.
En 2010, un mes antes de que su hija cumpliera 15 años; Alejandra y Julio -separados- notaron un fuerte cambio en el carácter de Agustina. En esa época le encontraron los primeros cigarrillos de marihuana: "Se empezó a lastimar y no respetaba los límites".
Luego, un psicólogo les recomendó el tratamiento en un centro psicoterapéutico especializado de Mendoza. “Al principio íbamos los 3 juntos, después comenzamos a ir separados (cada uno con un psicólogo), y al final ella ya ni iba”, recuerdan los padres, y agregan que eso se extendió durante 3 años.
El panorama se fue tornando cada vez más riesgoso. "Estaba de novia con otro chico y consumían juntos. Además se escapaba por las noches y teníamos que ir a buscarla a la comisaría porque la encontraban fumando marihuana", destacan.
La recomendación entonces fue la de internarla, y fue derivada a Gradiva Mujeres (en Buenos Aires) por medio de la obra social.
La joven quedó internada y sus padres regresaron a Mendoza. Durante los primeros 45 días no pudieron ver ni hablar por teléfono con Agustina.
Pero intercambiaron llamadas con los responsables del lugar. Pasada la cuarentena, Alejandra y Julio se turnaban cada 15 días para visitarla.
En mayo de 2013 Agustina cumplió 18 años y debió dar su consentimiento judicial para continuar en el lugar.
"El día en que murió, Agus había tenido una crisis y las operadoras le habían hecho una requisa y le habían tirado todas sus pertenencias. Además la habían humillado adelante de sus compañeras", sigue Alejandra.
“En setiembre del 2013 nos dijeron que Agustina estaba sancionada porque le había sacado las agujas de coser y tejer a una mujer que estaba internada en el lugar, y se había tatuado la pierna. Además le tatuó su nombre a una compañera”, relatan los padres.
Promediando octubre, Agustina ya evidenciaba con claridad que su estadía era tormentosa. En la comunidad le habían dejado de suministrar un medicamento que tomaba -Valcote-, y la joven había vuelto a tener alucinaciones: “Tenía problemas con muchas chicas, porque entre ellas se robaban ropa, comida y otros objetos”.
Una de las últimas veces que Alejandra fue a visitar a Agustina, la encontró realmente mal. “Me dio una foto de ella y había un mensaje diciéndome que me amaba y que la perdone por todo. Me desesperé y le dije a un psicólogo de familia del lugar que el dolor más grande que tenía era que ellos no llegaran a tiempo”.
Luego de la muerte, los padres recurrieron a la Justicia. “El día en que murió, Agus había tenido una crisis y las operadoras le habían hecho una requisa y le habían tirado todas sus pertenencias. Además la habían humillado adelante de sus compañeras”, sigue Alejandra.
“Agustina decide morir porque la dejaron sin esperanza. La llevaron a esa crisis, la indujeron al acto y no le dieron posibilidad alguna de vivir”. asegura su madre.
Además, destaca que “las pastillas tranquilizantes” que ingirió antes de morir se las dio una de las operadoras de la institución “para que dejara de hacer tanto lío”.
Representados por el abogado Diego Córdoba, los padres accionaron por la vía civil contra Gradiva, la compañía de seguro y OSEP por inacción, malos tratos y falta de responsabilidad de los profesionales que tenían a cargo la salud de Agustina.
De acuerdo a la resolución del Juzgado Civil 62 de Buenos Aires, el 16 de octubre del año pasado las partes arribaron a un acuerdo y se ordenó a la institución y a la compañía de seguros a abonar un monto “por todo concepto derivado del hecho ocurrido el 11 de noviembre de 2013”. Y se dejó constancia de que la demanda contra OSEP continuaba su curso.
“Cuando murió Agustina, las chicas declararon todas las cosas que les hacían hacer. Es preocupante la falta de control a estas instituciones", resume Julio”.
Los Andes intentó contactarse con las autoridades de la comunidad terapéutica, aunque no hubo respuesta alguna de Gradiva ante la requisitoria. Ya en 1998, según publicó Página 12, habían denuncias por malos tratos en la institución.
