El Gobierno regional de Cataluña no se plantea en estos momentos convocar elecciones, y será el Parlamento regional quien se pronuncie, previsiblemente esta semana, sobre las medidas decididas por el Ejecutivo español para acabar con el desafío separatistas de las autoridades regionales.
El Ejecutivo propuso ayer el cese del presidente independentista de Cataluña, Carles Puigdemont, y todo su equipo, limitar las funciones del Parlamento regional y convocar elecciones autonómicas antes de seis meses para restaurar el orden constitucional en esa región autónoma.
Para frenar el proceso secesionista catalán, el Consejo de Ministros aprobó un decreto, que deberá ratificar el Senado el 27 de octubre, para ejercer temporalmente las competencias del autogobierno de Cataluña al amparo de la Constitución española.
En declaraciones a una emisora de radio, el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, aseguró hoy que "no está sobre la mesa" que el presidente catalán, Carles Puigdemont, convoque elecciones regionales anticipadas.
Según algunos analistas, esta circunstancia podría parar la aplicación efectiva de las medidas acordadas ayer por el Consejo de Ministros, siempre que el Senado no las ratifique.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció ayer que pedirá a la cámara legislativa catalana que celebre un pleno para decidir sobre el "intento de liquidar" el autogobierno de Cataluña, que consideró "el peor ataque a las instituciones" democráticas regionales desde los tiempos de la dictadura del general Franco (1939-1975).
Apuntó Turull que el pleno del Parlamento catalán adoptará una decisión respetuosa con el resultado del referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre -declarado inconstitucional- y en defensa de las instituciones catalanas.
Según los datos del Gobierno catalán, el 90 % de los votantes de esa consulta, celebrada ilegalmente y sin garantías, respaldaron la independencia de Cataluña.
La Junta de Portavoces del Parlamento fijará mañana la fecha del pleno de la cámara, en el que podría votarse un declaración unilateral de independencia promovida por los partidos separatistas catalanes.
"Cataluña será lo que decida el Parlamento, el representante legítimo de los ciudadanos, no lo que decidan otros", pues se trata de un "un tema de dignidad institucional", señaló Turull, que acusó al Ejecutivo central de "un golpe de Estado a instituciones democráticamente escogidas".
El Ejecutivo central justificó la aplicación de las previsiones constitucionales en Cataluña por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de las autoridades regionales independentistas a las leyes nacionales y atentar "gravemente" contra el interés general de España
El artículo 155 de la Constitución establece que, si una autoridad autonómica incumple las leyes de forma sistemática, el Gobierno aprobará medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta.
