Según informaron varios medios, se pidió prisión preventiva a Julio Larrocca, vicepresidente 1° del Consejo Federal, en una causa por corrupción en Entre Ríos.
Junto a él, 16 personas fueron imputadas por la presunta venta irregular de tierras fiscales en la localidad de Puerto Yerúa, donde Larrocca fue asesor letrado. El pedido de prisión preventiva alcanza a todos los imputados.
En particular, Larrocca es acusado de peculado y defraudación a la administración pública.
El inicio del juicio estaba previsto para el próximo lunes, pero el fiscal de la causa, José Arias, consideró que hubo obstrucción de la justicia de parte de los acusados.
El también titular de la Liga de Concordia puede ser condenado a una pena de entre 2 a 10 años de prisión. Además, en caso de ser hallado culpable, será inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos. Según las fuentes tribunalicias consultadas, Larrocca está “muy complicado”.
Por la causa. Fabían Cevey renunció a la intendencia de la localidad de Puerto Yeruá, luego de confesar, ante el juez Alberto Funes Palacios, que había realizado un fraude al Estado, mediante la venta de terrenos públicos.
El fiscal de la causa, José Arias, investigó la compra a precio vil de terrenos fiscales en Puerto Yerúa, ocurrida en 2010. El papel de Larrocca, en el esquema global, para el fiscal Arias, fue determinante.
“El caso es muy sencillo. El intendente Cevey, la secretaria Brassesco y el abogado de la Municipalidad, Larrocca, se pusieron de acuerdo para quedarse con lotes de 1.200 a 1.700 metros cuadrados, en lugares hermosos, aprovechándose de una serie de normas pensadas para adjudicar sin licitación pequeños terrenos a gente muy humilde, para que se puedan construir una casilla donde vivir”, reseñó Arias, en declaraciones realizadas al portal El Entre Ríos.
Un ejemplo claro de las maniobras cuestionadas involucra al hijo adoptivo de Larrocca, Marcelo Alcides. Según se consigna, el valor del terreno adquirido por Larrocca Jr. asciende a los 40.000 dólares. Sin embargo, el monto abonado aproximado fue 7.000 pesos.
Asimismo, existe la sospecha fundada de que el dinero no fue girado al municipio. Esa operatoria se habría repetido con al menos otros siete terrenos de valor similar, según las fuentes consultadas.
Los beneficiarios han sido o son funcionarios de primera línea del municipio y sus parientes. En algunos casos, dichos terrenos fueron revendidos a particulares.
José Galvani, un empresario de la construcción, se acogió al mecanismo de “probation”, evitó el procesamiento y devolvió un terreno que había comprado. Según trascendió, se trataría de la parcela del hijo de Julio Larroca, que tras adquirirla, se la habría revendido a Galvani.
Si hay condena, Larrocca puede apelar y evitar que la sentencia quede firme. El mecanismo de apelación está garantizado por las leyes vigentes. Pero el inciso “d“ del árticulo 53 del reglamento del Consejo Federal fija esto: “Un miembro no puede estar afectado por alguna inhabilidad moral manifiesta o incapacidad legal”. Una condena en primera instancia de un delito, aseguran los especialistas en derecho penal, es una inhabilidad moral manifiesta para ejercer cualquier cargo.
En ese marco, Gabriel Godoy, presidente de la Liga de la Rioja y de la federación de dicha provincia, es el primer candidato firme a suceder a Larrocca.
Esta situación se suma a las denuncias que pesan sobre Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de AFA, quien también fue denunciado por formar parte de una organización que usurpaba campos”.
De acuerdo con el testimonio de una de las víctimas de usurpación, Toviggino está relacionado con Adrián Páez, quién fue condenado por delitos similares en Córdoba y también estuvo implicado en la compra de un terreno en Salta donde luego apareció una avioneta con 200 kilos de cocaína.
