A un año de la dudosa muerte de la mendocina Magalí Morales (39) en una comisaría de San Luis, ninguno de los 6 policías implicados ha sido procesado y la carátula sigue siendo “averiguación muerte”.
Si bien la causa que lleva adelante el juez Osvaldo Pinto ha sido obviamente lenta y sin perspectiva de género –al punto que la defensa de los uniformados ha pedido que el caso sea archivado- , a la inacción judicial se contrapone el accionar del Estado Nacional y los familiares de la víctima.
Magalí murió el 5 de abril de 2020 en la comisaría de Santa Rosa del Conlara, ciudad que se encuentra al noreste de San Luis, a 17 kilómetros de Merlo. Sus familiares y amigos, organizaciones de Derechos Humanos y agrupaciones feministas puntanas se reunirán frente a esa dependencia policial el lunes próximo, a las 11, para pedir que se haga justicia y, finalmente, se pueda saber cómo murió Morales y cuál fue el rol de los uniformados que estaban en la comisaría.
Es que la versión oficial ofrecida por la Policía de San Luis y replicada por el juez días después del hecho, indicaba que ese día estaban vigentes las restricciones por DNI por la pandemia y la mujer fue detenida en la calle por no tener documentos. Lo cierto es que las cámaras de seguridad de la zona tiraron abajo esta versión: la mujer llegó en bicicleta a la comisaría, cruzó unas palabras con el comisario Heraldo Clavero, que estaba en la puerta y entró por sus propios medios, tal vez a ver a un uniformado con el que tenía una relación de amistad. ¿Qué pasó después? Nadie lo sabe a ciencia cierta ya que ningún policía ha declarado. Pero la versión policíal afirma que se suicidó ahorcándose en una celda.
En los últimos días el expediente ha tenido algunos movimientos importantes, explicó a los Andes el abogado querellante Santiago Calderón Salomón, quien representa a la familia de la víctima junto a Federico Putelli.
La Nación pide participar
El martes pasado, la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, le solicitó al juez constituirse en querellante.
“Esto se produce por las sospechas del anómalo accionar policial y frente a la posibilidad de que este presunto abuso de autoridad pueda llegar a un plano internacional. Para nosotros esta novedad es muy importante para el avance de la causa”, explicó el abogado.
Pero por otro lado y en contrapartida, el Defensor Oficial, José Francisco Pérez, quien extrañamente asiste a los uniformados aunque ninguno está imputado, ha solicitado al juez que la causa se archive ante la falta de pruebas.
Es que las pruebas forenses se estancaron por una larga serie de negligencias. La primera autopsia omitió puntos claves, fue incompleta. Luego se hizo una reautopsia pero ya muy lejos del día de la muerte. Por último, se hizo un estudio en La Pampa pero los especialistas dijeron que las muestras remitidas estaban en mal estado de conservación. Así las cosas, lo único que se pudo determinar es que la causa de la muerte fue “asfixia mecánica”. Pero no se pudo avanzar para saber si esa asfixia fue por ahorcamiento o por estrangulamiento. Es decir si se suicidó o fue estrangulada.
“La familia quiere que se siga investigando. Por eso hemos pedido que se haga una reconstrucción del hecho. Queremos que sean procesados los policías por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por privación ilegítima de la libertad y por abuso de autoridad. El juez le dijo a la prensa que iba a avanzar con procesamientos pero hasta acá no lo hizo”, afirmó el abogado.
Según Calderón Salomón, si Magalí hubiera roto la cuarentena, tendrían que haberla imputado por el artículo 205 y que se fuera a su casa. Sin embargo fue detenida, ingresada en un calabozo y una persona detenida en la comisaría declaró que fue obligada a orinar en la celda de la mujer. Además los policías informaron que la mujer gritaba pidiendo auxilio.
La versión oficial
Según un comunicado oficial emitido el 8 de abril de año pasado por el juzgado Penal de Junín, a cargo del juez Osvaldo Pinto, el domingo 5 de abril de la Comisaría 25 de Santa Rosa inició un sumario policial contra Florencia por tres delitos: incumplir la cuarenta obligatoria, resistencia a la autoridad y lesiones contra la autoridad.
Esta es la versión policial: cerca de las 9.30, unos policías estaban en la puerta de un banco, en la esquina de Santa Rosa de Lima y Rivadavia, cuando observaron a una mujer circulando en bicicleta a contramano.
Los policías le dijeron que frenara pero ella “haciendo caso omiso, la mujer se dirigió a la Comisaría. Al ingresar al lugar, la policía le solicitó el documento, pero la mujer manifestó no poseerlo”, aunque dio su nombre y domicilio.
Los policías le dijeron que iban a “demorar” por romper el aislamiento obligatorio y en esa situación “intenta fugarse lo que motiva que intercedan la agente Torres, Yohana y Oficial Principal Ontiveros, con quienes se produce un forcejeo, ante tal situación y debido a la violencia que presentaba dicha ciudadana se suma al proceder el Oficial Principal Mancilla, Daniel quien recibe un rasguño en una de sus manos”.
Entre los tres lograron reducirla y la trasladaron luego al hospital local “para ser atendida por el médico de turno” y luego la volvieron a llevar a la comisaría
A las 19.30 se produjo el desenlace fatal: el comisario Heraldo Clavero, llamó al juez para decirle que Florencia “se habría suicidado en la celda en la que se encontraba alojada en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara”.
Una hora más tarde llegó a la comisaria el juez, el médico forense, personal de criminalística y el jefe del comisario, el subjefe de la Unidad Regional III, el comisario Jorge Bustos. En ese momento se realizó una inspección de la celda y el médico hizo una revisión preliminar.
