El Ministerio de Justicia de la Nación se enfrenta a un desafío crucial en relación con la seguridad en cárceles federales, especialmente cuando se trata de presos de alto riesgo, como los narcotraficantes de Rosario. Recientemente, se dio a conocer que algunos reclusos han estado pagando grandes sumas de dinero para obtener privilegios dentro de las prisiones, lo que planteó serias preocupaciones sobre el control y la seguridad en estos centros penitenciarios.
Según informó Clarín, uno de los casos que generó controversia es el de un preso que pagó la increíble suma de US$ 3.000 a un guardiacárcel para que le ingresara una botella de fernet al pabellón.
Además, fiscales y jueces denunciaron que los presos de alto perfil en estas cárceles tienen un nivel de influencia que les permite tomar decisiones importantes, incluso ordenar homicidios desde su encierro. Ante esta situación propusieron medidas como la instalación de inhibidores de señal de celular en las cárceles para evitar el uso masivo de estos dispositivos, que están prohibidos, pero aún así son utilizados por muchos reclusos.
El Ministerio de Justicia está trabajando en un plan de contingencia para controlar a los llamados “Los Rosarinos”, un grupo de narcotraficantes que siguen manejando sus operaciones desde la cárcel, incluso planeando fugas peligrosas, como el caso de Alvarado, que intentó escapar en helicóptero desde la prisión de Ezeiza. El grupo está conformado por tres principales exponentes: Ariel “Guille” Cantero (35), líder de Los Monos; su archienemigo Esteban Lindor Alvarado (44); y el peruano Julio Rodríguez Granthon (29).
En su enorme mayoría, los narcos están alojados en dos complejos de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Federal (SPF): el CPI de Ezeiza y el CP2 de Marcos Paz. En algunos casos, los menos, la Unidad N° 6 de Rawson, Chubut, juega como la tercera pata de contención penitenciaria.
LA ESTRATEGIA DE LA SPF PARA LIMITAR EL PODER DE LOS NARCOS:
La realidad es que ninguna prisión cumple con los niveles de seguridad que exigen jueces, fiscales y la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar) para presos como los narcotraficantes de Rosario. Ante esta situación, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) diseñó un plan de contingencia como un primer paso hacia un proyecto más amplio que el Ministerio de Justicia de la Nación está preparando. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar un nuevo marco de encierro para los llamados “presos de alto perfil”, que en su mayoría son agrupados bajo el nombre de “Los Rosarinos”.
Alvarado permanece en el penal de Ezeiza, pero ahora se encuentra en el Módulo 6, que se reservó exclusivamente para “Los Rosarinos”, el grupo de narcotraficantes de alto perfil. Su ubicación específica es el pabellón “C”, donde comparte espacio con Mario Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina”, y su hijo Matías. En esta área, se le restringió el contacto con estos presos y solo se le permite una hora al día en el patio. Su familia se enteró del cambio cuando Alvarado gritó a otro preso que lo habían trasladado.
En cuanto a las comunicaciones, Alvarado solo puede llamar a tres familiares y a uno de sus abogados mediante un teléfono de línea. Los números permitidos están en una lista y cualquier otro intento de marcar será bloqueado por un software.
Por otro lado, Julio Rodríguez Granthon fue alojado en un sector especial en el pabellón 7 del Módulo 5 de Marcos Paz, el cual tiene un diseño similar al del líder de los Monos, “Guille” Cantero, quien también se encuentra en esa unidad penitenciaria. Cantero está en Marcos Paz después de pasar por Piñero, Rawson y Ezeiza. Granthon ocupa las tres alas de su pabellón, que consiste en un espacio de 18 celdas.
La situación generó tensiones legales y desafíos constitucionales, ya que los abogados defensores alegan que se están violando los derechos de los presos al limitar tanto sus movimientos y comunicaciones.
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