El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Mendoza impuso una nueva pena para Ángel Sebastián “Gordo” Palumbo Cerdán, un “comerciante” domiciliado en el barrio Palmares de Godoy Cruz que formó parte de la banda de Zheng Cheng, un hombre de nacionalidad china que se dedicaba al contrabando y que se encuentra prófugo, aunque su banda integrada por 13 personas fue condenada a penas de van de los 2 a los 9 años de prisión.
Ayer el tribunal integrado por los jueces María Paula Marisi, Alejandro Waldo Piña y Alberto Daniel Carelli condenó a Palumbo a la pena de 3 años y 6 meses de prisión por ser integrante de una asociación ilícita en calidad de coautor.
El 2 de diciembre pasado la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas para todos los integrantes de la banda, salvo para Palumbo que, en junio de 2022 había sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión.
Sebastián Palumbo, fue uno de los que denunció reiterados pedidos de cohecho que algunos integrantes que actualmente son juzgado en la “causa Bento” le habrían solicitado para quedar libre en aquella causa de contrabando.
Las penas confirmadas en casación
La Cámara de Casación Penal confirmó las siguientes penas de la banda del chino: José Rodríguez Núñez: 9 años de prisión; Daniel Martínez Pinto: 9 años; Adrián Fourcade: 5 años y 6 meses; Sebastián Palumbo: 4 años y 6 meses (ahora pasó a 3 años y 6 meses); Sergio Espejo Reyes: 4 años; Eugenio Nasi Pereira: 5 años y 6 meses, Sergio Agüero: 4 años; Juan Marcelo Agüero: 4 años; Carlos Barón Knoll: 5 años y 6 meses; Mario Rodríguez Iturralde: 2 años en suspenso; Nam Ho Park Lee,: 5 años y 6 meses; Jorge Rojas Huerta: 5 años y 6 meses; y Pedro Escárate Vera: 4 años.
Contrabando millonario
El fiscal Fernando Alcaraz inició la investigación por contrabando en 2016, cuando se encontraron abandonados en el Corredor Andino tres camiones cargados con distintas mercaderías de origen chino que habían entrado por Chile y que tenían como destino nuestra provincia.
En ese momento se activó una investigación en la cual las escuchas telefónicas ordenas por el entonces juez federal Walter Bento fueron una de las pruebas más importantes.
En julio de 2018 se ordenó una batería de más de 15 allanamientos. Cuando fueron a buscar a Zeng Cheng a su casa del barrio Dalvian ya no estaba, por lo que quedó prófugo y con pedido de búsqueda nacional e internacional.
En ese momento Nasi fue aprehendido por Efectivos de Narcocriminalidad que interceptaron a un Peugeot 307 cuando circulaba por el interior del barrio Amsa, en La Colonia, Junín. Entre pesos argentinos, chilenos y dólares, lograron secuestrarle unos $4 millones.
El mismo camino siguió Rodríguez, detenido durante allanamientos realizados por personal de Narcocriminalidad, en el barrio Dalvian. Su agencia de seguridad fue allanada y se secuestraron algunas cajas con guantes de látex y juguetes, cuya procedencia sería China. En cuanto a Fourcade y Pinto, regenteaban el bar Viva la Pepa de Chacras de Coria.
Los allanamientos dejaron como saldo $ 5.000.000 secuestrados (entre dólares, pesos argentinos y chilenos); 12 vehículos de alta gama (cuatro BMW, 1 Minicooper, 2 Peugeot, 1 Ford, 1 Focus y 1 Fiat Utilitaria, 1 Citroën y 1 Fiat 500 0km); 10 pallet de pirotecnia (35.510 cajas); 25 pallet de cigarrillos (425.000 cajas); 16 pallet de termos (11.520 u.); 4 pallet de pelotas de fútbol (1.560 u.); 2 pallet de cintas métricas (13.920 u.); 2 armas de fuego ( 1 pistola 9mm. y otra 40 mm.), documentación y equipos de comunicación.
Según la investigación, cada uno de los acusados cumplió una función específica: los líderes aportaban el dinero y se encargaba de supervisar la logística e incluso conformar una importadora en Chile. El financista Palumbo ofrecía sus oficinas en Santiago de Chile, Mendoza y Buenos Aires donde se movía el dinero de las transacciones. Los empleados de Aduana ofrecían facilidades para que la mercadería ingresara al país ya que Barón Knoll era jefe de turno del control de Uspallata.
Los transportistas acondicionaban la carga en la modalidad conocida como “tapa”, en la que se coloca mercaderías tapando completamente las puertas de los semirremolques para que no se pueda ver hacia el interior donde viene la carga ilegal.
