Luego de que la fiscal de cámara María Gloria André solicitara penas de prisión perpetua para los 4 integrantes del Clan Barrera, considerándolos coautores del secuestro y asesinato de Diego Aliaga (51), mañana será el turno de la defensora de Yamil Rosales, el único acusado que ha logrado alejarse de la máxima pena, tras acogerse a la figura de “imputado arrepentido”.
Promediando la ronda de alegatos la situación es esta: la fiscal realizó el siguiente pedido de penas: perpetua para Diego Barrera (52) su pareja, Viviana Sacolle (52) y para los hijos de la mujer, Gastón (30) y Lucas Curi (28); y 25 para Yamil Rosales.
Luego, Juan Day, abogado que representa a los hijos y a la hermana de Aliaga, solicitó al Tribunal Oral Federal 1 –conformado por los jueces Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli- tres perpetuas: para Barrera, su pareja y para Gastón Curi ; y para Lucas Curi y Yamil Rosales, 15 años para cada uno.
La semana pasada, el defensor oficial Leonardo Pérez Videla, representando a Diego Barrera, abrió el turno de los alegatos defensivos con una serie de pedidos que los jueces deberán analizar: 1) absolución para Barrera y que el juicio se declare nulo por vicios en la instrucción; 2) que sea condenado por homicidio preterintencional (muerte accidental, con pena de hasta 3 años de cárcel); 3) homicidio con dolo eventual; y 4) secuestro coactivo agravado por muerte no querida. 5) Además, pidió que se declare la inconstitucionalidad de la prisión perpetua.
Mañana abrirá su alegato la abogada Gabriela Massad, quien asesora Yamil Rosales, el único de los acusados que tiene un status distinto: es imputado arrepentido: prestó una ayuda fundamental para la resolución de caso ya que señaló el lugar donde fue enterrado el cuerpo de Aliaga, un campo inculto de Lavalle imposible de encontrar sin su ayuda.
Es por eso que para la fiscal André el chofer debe ser condenado 25 años de prisión. En tanto que para el querellante la pena debe ser de 15 años de cárcel.
Mañana también podrían alegar las abogadas Gemina y Anahí Venier, quienes defienden a Sacolle y a sus dos hijos.
Secuestro y muerte
El Ministerio Público Fiscal le atribuye a la familia Barrera y a Rosales haber planificado e intervenido en la sustracción, el ocultamiento y la retención de Aliaga, con el fin de obligarlo, con amenazas y coacciones, a que les otorgase la documentación de dos propiedades sin pagarlas: un boleto de compraventa y un recibo de cancelación de venta de la casa ubicada en la manzana 41 del barrio Dalvian, de Ciudad, y otro boleto de compraventa de una oficina del segundo piso de la Galería Bamac, en Ciudad. Ambas propiedades de Aliaga.
También obligaron a la víctima a develar dónde guardaba los documentos de un Chevrolet Camaro y un Jeep Wrangler con el fin de quedárselos. Además, querían evitar que Aliaga les quitara dos minibuses Mercedes Benz Sprinter que habían sido adquiridos en junio y julio de 2020 y pagados en efectivo con dólares que les había entregado Aliaga. Los vehículos estaban a nombre de Sacolle, pero la víctima tenía formularios 08 firmados por la mujer como vendedora.
Todo comenzó el 28 de julio de 2020 a las 8.48, cuando las cámaras de la seguridad de Palmares registraron a la víctima y a una mujer saliendo a bordo de una camioneta BMW X6 para llevarla a su casa, en Maipú. A las 9.30 se dirigió a la casa que tenía en Bandera de los Andes 9840 de Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Dejó el auto en la puerta, ingresó y esa fue la última vez que fue visto con vida.
En esa casa estaba Barrera esperándolo porque allí ambos iban a montar centro de rehabilitación para discapacitados que iba a dirigir Sacolle. Lo cierto es que entre Barrera, Gastón Curi y Rosales lo redujeron y lo habrían subido a una Sprinter naranja que llevó hasta el lugar Lucas Curi. Las cámaras de la zona permitieron ver cómo estos sujetos entraron y luego salieron con la Sprinter y un Chevrolet Celta y se iban luego hacia un depósito ubicado en Jujuy 840 de Ciudad de Mendoza, donde llegaron cerca de las 11.
En ese depósito Barrera y Rosales y tal vez otras personas que no han sido identificadas retuvieron a Aliaga por la fuerza. Mientras este ocurría Viviana Sacolle se comunicaba por teléfono con sus hijos y su pareja.
Por la tarde, Barrera fue a la casa de Aliaga, desconectó la cámara de seguridad y se habría apoderado de la documentación de las casas y los vehículos. Estos documentos fueron secuestrados luego en la casa que los Barrera habitaban en el barrio Dalvian pero que le pertenecía a Aliaga.
Para los investigadores, los Barrera habrían realizado un llamado extorsivo al hermano de la víctima para obtener un rescate. El 30 de julio, mientras Gonzalo Aliaga denunciaba en la Oficina Fiscal 19 la desaparición de su hermano, recibió un llamado: “Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde que ya te vamos a llamar”. La investigación determinó que esa llamada la hizo Gastón Curi. A partir de ese momento no se volvió a recibir ningún mensaje.
Según la información que se logró determinar a través de la necropsia, antes del 10 de agosto Aliaga fue asesinado. La muerte fue ocasionada por asfixia mecánica para ocultar el secuestro y robo de documentación de bienes registrables y personales, celular y reloj de la víctima.
Tras darle muerte, los acusados habrían llevado el cadáver de Diego Aliaga hasta un campo inculto en la localidad de Costa de Araujo, Lavalle, ubicado a unos 5 kilómetros, en Callejón Estrella y ruta 142.
Allí, en la tarde del 10 de setiembre, la Policía encontró el cadáver de la víctima enterrado, cubierto parcialmente por una frazada. El cadáver tenía un bóxer de color negro y un cuello polar negro y una bufanda del mismo color le cubría la cabeza. También una cinta adhesiva de azul le cubría la boca.
