El paso de los días complica la situación de los cinco detenidos que tiene la muerte del empresario Diego Aliaga (51), hallado el pasado 11 de septiembre enterrado en un campo de Lavalle. A los acusados los procesaron con la nueva carátula, pero las defensas se oponen y al caso se le vienen varias “batallas” judiciales más. En este contexto, declarará el quinto imputado, el hombre que allanó el camino de la investigación e indicó donde ocultaban el cuerpo.
Mientras se espera una audiencia para volver a discutir la competencia de la causa (ver abajo), Diego Barrera (50), su esposa Bibiana Sacolle (46), los hijos de ella, Gastón (28) y Lucas (26) Curi, y Yamil Rosales (32)-empleado de esta familia-, fueron notificados en las últimas horas sobre la ratificación que recibió la fiscalía en cuanto a sus sospechas. Es decir, el juez interviniente compartió las pruebas y criterios y ordenó para ellos la ampliación del procesamiento con prisión efectiva.
El fiscal Fernando Alcaraz a todos los ha imputado por secuestro coactivo agravado por la participación de tres o más personas en concurso real con secuestro extorsivo seguido de muerte y agravado por la participación de tres o más personas, en concurso ideal con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y por ensañamiento y, por último, por robo agravado por ser en poblado y en banda. Esta sumatoria de delitos los llevaría a una pena única de prisión perpetua en en futuro juicio.
Como los pesquisas les fueron agregando agravantes al hecho, llegó la instancia de la nueva carátula del expediente, aprobada por el juez federal Marcelo Garnica. De esta manera se extendió el procesamiento, apelado por los abogados de la familia Barrera. En las próximas semanas será la Cámara de Apelaciones la que dirima la cuestión.
Justamente sus integrantes hace días le habían negado la libertad o al menos la domiciliaria a dos de los acusados, Sacolle y Rosales. Este último fue quien señaló el lugar exacto donde habían dejado a Aliaga muerto hacía más de un mes, y ante esta colaboración con la Justicia pretende algún beneficio, algo por ahora no consiguió.
Declara el hombre clave
Precisamente Rosales dará este jueves su testimonio de los hechos ante los investigadores. Su abogada Gabriela Massad apuesta una ficha más para mejorar su situación, demostrando que no existe riesgo de fuga a esta altura, ya que fue el último detenido y no se escapó pudiendo hacerlo.
Si bien el imputado extraoficialmente asume su intervención, buscará demostrar que no participó del asesinato, sino que actuó como encubridor. Este hombre era el chofer de la empresa de transporte de Barrera, y cruces de llamadas con uno de los hermanos Curi y la ubicación de su celular en la zona donde enterraron el cuerpo, lo pusieron como sospechoso hasta que confesó. Antes, había declarado como testigo.
Se discute la competencia
Más allá de que hace un mes la Cámara de Apelaciones había ratificado la hipótesis del secuestro extorsivo luego de que el juez Garnica se declarará incompetente, el punto no está del todo resuelto.
Es que las defensas pretenden que la causa pase a la Justicia Provincial, y a partir de ahí pelear por otra carátula que saque a sus clientes de una posible perpetua. Frente a esto, la Cámara habilitó para que el expediente llegue a la Cámara Federal de Casación de la Nación y que aquí haya resolución definitiva.
Aliaga dejó de ser visto el 28 de julio pasado, luego de encontrarse en un terreno de Guaymallén con su socio Barrera. Según el expediente, sus captores lo retuvieron para quedarse con documentación valiosa sobre negocios y bienes que los vinculaban.
La víctima estuvo cautiva en un predio de la Cuarta Sección de Ciudad, y por esos días a su hermano lo llamaron para sugerirle que junte U$S 1.000.000 para volver a verlo; este detalle abrió la investigación de un secuestro extorsivo y la intervención de la Justicia Federal.
El empresario falleció por una asfixia mecánica y Barrera, tiempo después, a través de un escrito declaró: “Aliaga se me murió”. El sospechoso agregó que fue en un contexto de agresiones mutuas y que su esposa e hijastros no estuvieron involucrados.
Al expediente le falta todavía el informe final de la autopsia, en el que se explique exactamente cómo se produjo la asfixia para el posterior deceso. Este es otro detalle que esperan los acusados y que creen que, eventualmente, podría beneficiarlos.
