Dos abogados imputados en el caso de las presuntas coimas que tienen como supuesto líder al juez Walter Bento, titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza, están cerca de quedar presos en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires.
Se trata de los letrados Jaime Alba y Luciano Ortego, quienes actualmente se encuentran alojados, provisoriamente, en la U-32, ubicada en el subsuelo de los Tribunales Federales de Mendoza.
Es que el Servicio Penitenciario Federal les ha asignado cupo en el penal bonaerense aunque aún no han sido trasladados. Actualmente, por la feria judicial, el expediente del “caso Bento” se encuentra habilitado pura y exclusivamente para que el juez mendocino termine su declaración que comenzó la semana pasada.
Por lo tanto el traslado se efectuaría cuando se retome la actividad, tras el receso invernal. Este posible traslado a Ezeiza podría agravar las detenciones de los imputados ya que estarían lejos de sus abogados y también de sus familiares por un tiempo prolongado.
Ortego fue detenido el 3 de mayo pasado, en la “primera ola” de detenciones que ordenaron el fiscal Dante Vega y el juez federal Eduardo Puigdéngolas, cuando Ortego fue imputado junto al juez Bento por asociación ilícita y otros abogados como Martin Ríos y Matías Aramayo, quienes tras declarar y acogerse a la figura de imputados arrepentidos, quedaron en libertad.
Alba, por su parte, fue detenido en la”*segunda ola” ordenada por los investigadores el 8 de junio pasado. Esta semana, el abogado Alba, quien se defiende a sí mismo aunque tiene un representante legal, presentó un recurso de hábeas corpus solicitando su libertad –justamente, alegando las condiciones de su detención- pero la medida fue rechazada por la Cámara Federal de Mendoza.
Qué rol tienen los abogados
Según el organigrama establecido por los investigadores, Ortego y Alba ocupan puestos de importancia en la presunta organización delictiva. Los dos letrados serían “organizadores” o “coordinadores” de las presuntas coimas.
La cabeza de la organización sería el juez Bento, debajo estaría Diego Aliaga (el corredor de aduanas asesinado) y debajo, como presuntos coordinadores entre los líderes y el resto de los imputados, Alba y Ortego.
Ambos abogados serían el nexo con los presuntos “miembros”, es decir los abogados arrepentidos que representaban legalmente al último eslabón de la cadena: los presos que habrían pagado para recibir a cambio beneficios procesales de parte del magistrado federal implicado.
