La investigación contra el juez federal Walter Bento y el resto de los acusados de integrar una organización ilícita para el pago y el cobro de coimas a cambio de beneficiar a detenidos, tuvo ayer novedades importantes de cara al futuro de la causa. Por un lado se confirmó el procesamiento de los 22 imputados y, por otro, se conoció la suspensión de la esposa del magistrado en sus funciones en la Justicia.
Loa jueces Alfredo Rafael Porras, Manuel Alberto Pizarro y Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, integrantes de la Cámara Federal de Mendoza, avalaron este martes las actuaciones del fiscal general Dante Vega y el primer procesamiento que había dictado el juez que entiende en el expediente, Eduardo Puigdéngolas.
A fines de julio pasado este último se había pronunciado en favor de las acusaciones y le trabó embargos millonarios a todos los implicados. Por ejemplo, a Bento, sindicado como el líder de la banda y sospechado de cohecho pasivo, prevaricato, omisión y retardo de la justicia, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, lo embargó por $177.610.000.
Precisamente este imputado la semana desestimó la posibilidad de apelación de su procesamiento, asegurando en un escrito que recurrirá a tribunales internaciones por ser víctima de un “lawfare armado por el poder político y de una operación de prensa”. Consideró también que no había imparcialidad en la causa. Su pareja, Marta Isabel Boiza, se plegó a esta decisión.
Quienes si hicieron uso del recurso y apelaron fueron los siguientes sospechosos: Walter Aníbal Costa, el defensor oficial Jorge Omar Miranda, Walter Eduardo Bardinella Donoso, el comisario policial Jorge Gabriel Moschetti, los abogados Jaime Andrés Alba y Luciano Edgardo Ortego, Leandro Emanuel Cirot, Juan Ignacio Aliaga, el abogado Javier Leónidas Angeletti, Eugenio Javier Nasi, Omar Rodríguez, Jessica Melisa Miere, Juan Carlos Molina y los letrados que declararon en calidad de arrepentidos, Martín Ríos y Matías Aramayo.
Para todos ellos la respuesta de la cámara fue negativa, entre otras cosas porque “el procesamiento analiza los supuestos de hecho admitidos, y en su caso, las pruebas que lo verifican, para subsumirlos en la norma o en el microsistema de normas aplicables a las conductas reprochables, y que han servido de fundamento de su decisión”, destaca el fallo de los camaristas.
“En definitiva, con el estándar probatorio exigido en esta instancia, el auto de procesamiento se observa adecuadamente fundado, no luce arbitrario y no depende de la sola voluntad del Señor juez de la instancia de grado”, agrega el escrito.
Esta resolución será notificada al Consejo de la Magistratura, ya que este organismo hace su propia investigación y sigue de cerca la situación penal de Bento, para una eventual suspensión o destitución en las funciones de juez, las que sigue ejerciendo, por ejemplo, en su competencia electoral de cara a las elecciones Paso del 12 de setiembre próximo. La novedad también llegará a la Defensoría General de la Nación, la Inspección General de Seguridad provincial y el Colegio de Abogados de la primera circunscripción, por los sospechosos implicados.
De esta manera, la investigación de presuntas coimas da un paso más que importante y se encamina al juicio contra los 22 imputados, de los cuales seis están en la cárcel, tres con prisión domiciliaria y trece en libertad. Entre los detenidos que habrían pagado para obtener beneficios hay supuestos contrabandistas y narcos, delitos de competencia en la Justicia Federal y en cuyas causas habría intervenido Bento. En el esquema de la organización después aparecen intermediarios y el rol de los abogadores que representaban a los acusados.
Apartada
El otro cimbronazo que tuvo el caso Bento en las últimas horas tiene que ver con su esposa, Marta Boiza, suspendida en sus tareas laborales.
Esta mujer no está directamente vinculada al entramado de las supuestas coimas, pero si se la acusa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Para la fiscalía, se benefició con los ingresos ilegales de su marido y lo ayudó a blanquear dinero. Y ahora, los mismos jueces que confirmaron el procesamiento más el magistrado Juan Pérez Curci, decidieron removerla provisoriamente de su cargo de prosecretaria administrativa del Juzgado Federal 3. De esta manera, no podrá presentarse en los Tribunales Federales y dejará de cobrar su sueldo.
Esta decisión, al igual que la desestimación de la apelación los imputados, también llegará al Consejo de la Magistratura.
La situación de Aliaga padre
Alfredo Aliaga es otro de los acusados en la megacausa, y hasta ayer se encontraba detenido. Sin embargo, y a pesar de que ratificaron su procesamiento, los jueces le otorgaron la excarcelación con algunos requisitos. Entre ellos, seguir sometido al proceso, no obstaculizar la investigación, no salir de Mendoza sin previa autorización y una caución real de $1.000.000.
El de Aliaga no es un apellido más dentro del expediente, ya que el crimen de su hijo Diego en 2020 fue el puntapié de todo lo que siguió en el caso de coimas. Según los pesquisas, este hombre era mano derecha de Bento y coordinador del pago del dinero a cambio de los beneficios.
Quien reveló esto fue Diego Barrera, ex socio de Aliaga y principal acusado de su asesinato. Este homicidio también tiene en prisión a la pareja de este hombre, a los dos hijos de esta mujer y a un empleado de la empresa familiar.
Aliaga padre está imputado por cohecho activo y oportunamente le impusieron un embargo de $5.040.000. Hay otro integrante de esta familia involucrado, Juan Ignacio, acusado de falso testimonio y en libertad.
