El juez federal Walter Ricardo Bento (58) era de ese tipo de magistrado que cultiva el bajo perfil. Más allá de la colección de búhos de distintos materiales y orígenes que decoran su despacho y de participar en algunas causas mediáticas con interés político, Bento era ese juez casi invisible, atildado, un hombre que aparecía en la televisión cada vez que había una elección, cumpliendo salomónicamente la tarea de “juez con competencia electoral”, poniéndole los puntos sobre las íes a oficialistas y opositores.
Después, volvía a su despacho del Juzgado Federal 1 con sus expedientes y los expedientes del Juzgado 2 que comandó durante los años que estuvo acéfalo. Así, mientras la Justicia mendocina mostraba aciertos y falencias, Bento –la cara de la Justicia Federal- parecía navegar en un mar confiable donde sólo se veía, a lo lejos, un iceberg con una banderita que decía “seriedad y eficiencia”, flameando con viento a favor.
Pero hace exactamente un año – el 5 de mayo de 2021- la nave insignia de Bento chocó contra el iceberg, dejando a la vista un duro y oscuro tempano, en cuya superficie se sospechó un entramado conformado por coimas millonarias, abogados “flojos de papeles”, narcos y empresarios dedicados al contrabando. Y, por debajo de la línea de flotación, asuntos presuntamente más oscuros: capitales a investigar conformados por autos de alta gama, propiedades en barrios privados, extraños fideicomisos y habituales viajes, preferentemente a Miami.
El choque se veía venir: hacía meses que había llegado a manos del fiscal general Dante Vega y del juez federal Eduardo Puigdéngolas el teléfono Walter Bardinella Donoso, un sujeto detenido en 2020 en una causa de narcotráfico. Allí se hablaba de una organización dedicada a recolectar coimas a cambio de convenientes favores procesales, cuya cabeza sería el juez Bento.
Luego fue como tirar de un hilo que se fue engrosando y todavía no se corta: aparecieron testigos “estrellas” –como Diego Barrera (51), imputado por la muerte de Diego Aliaga (51), para los investigadores “mano derecha” del juez-; abogados procesados y “arrepentidos”; testimoniales de narcos –como Daniel “El Rengo” Aguilera- y un largo etcétera que dejan el siguiente resultado al día de hoy: 34 imputados por cohecho (31 con procesamiento firme), 13 “casos” de coimas, distribuidos en 4.500 fojas y 113 incidentes.
Hoy, a un año de ser imputado, el cuestionado juez se encuentra con procesamiento firme por 13 casos de cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, prevaricato y falsificación ideológica. Además, pesa sobre el sospechoso un embargo que supera los 500 millones de pesos, cifra que indirectamente muestra el capital en juego.
La acusación no sólo es contra el magistrado sino también contra su mujer Marta Boiza y sus hijos, Nahuel Agustín y Luciano Ezequiel. La mujer está procesada por lavado y enriquecimiento; los hijos también, encontrándose a la espera de ser indagados.
Un gran interrogante
Más allá del entramado de las presuntas coimas que habría cobrado el magistrado, la incógnita es ¿cómo hizo para -entre 2010 a 2020- residir unos 1.065 días en el exterior –casi tres años- sin que figure en sus cuentas y declaraciones juradas ningún tipo de gastos por pasajes, alquiler de viviendas y otros gastos?
Esa es la pregunta del millón (o de los millones) que se hacen los investigadores y que, parecería, habría comenzado a responderse.
Es que la causa Bento investiga también presuntos delitos de carácter económico, centrados en el análisis del patrimonio familiar a partir de 2010, cuando comenzó a evolucionar de manera visible, con un incremento de operaciones vinculadas a compra de inmuebles y autos de alta gama, participaciones en fideicomisos inmobiliarios y recurrentes salidas al exterior. En contrapartida, el patrimonio del grupo familiar no sería compatible con sus ingresos durante el último decenio.
Según el fiscal Vega, los Bento habrían incorporado bienes al patrimonio familiar con un grado de simulación para aparentar legalidad, con la finalidad de diversificar y distribuir los activos entre sus tres hijos, a cuyo nombre han sido inscriptos la mayor parte de los bienes adquiridos.
Por lo pronto, en los últimos días trascendió que el fiscal Vega solicitó a la Policía Aeroportuaria información sobre la forma en que los Bento pagaron sus viajes a Miami. Como respuesta se le envió una cantidad de tickets de los vuelos. Esos tickets fueron enviados a Lan, que informó no saber quién los pagó, ya que podrían haber sido abonados por una agencia de viajes o una persona. Pero aportaron un dato de interés: los números iniciales de algunas tarjetas de crédito que se utilizaron. Se trata de dos Visa, una American Express y otra Mastercard. Cuando se preguntó a las empresas emisoras locales, se informó que habían sido emitidas en Estados Unidos.
De esta forma se abrió una serie de posibilidades: 1) que Bento o sus familiares puedan tener una cuenta en EE. UU; 2) que un “amigo” (testaferro) pagó esos viajes y 3) que esas tarjetas sean de empresas de viajes del extranjero. Como fuere y en todos los casos, la situación de Bento podría ser complicada ya que estos gastos no fueron declarados. El tema sigue hoy “bajo investigación”.
En efecto, la causa está abierta: a un año de que se abriera el expediente por coimas, el fiscal Vega y el juez federal Piugdéngolas esperan el resultado de una pericia contable sobre los bienes de la familia. También esperan la respuesta al exhorto enviado a las autoridades de Estados Unidos para que informen cómo vivía Bento y quién es el dueño del “apartamento” –con vista al mar, piscina, gimnasio y canchas de tenis- ubicado en las torres “Oceanía” de Collins Avenue, donde residieron cuando estaban en Miami.
El día clave
Si bien hoy se cumple un año de la apertura de la causa por coimas que habría cometido una organización liderada por el juez federal Walter Bento, el día clave de la investigación que llevan adelante el fiscal Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas fue el 26 de julio pasado, cuando el magistrado fue procesado por asociación ilícita en calidad de jefe, cohecho pasivo en calidad de autor por 10 hechos, prevaricato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ese día, la Cámara de Federal de Mendoza confirmó el procesamiento y comunicó la novedad al Consejo de la Magistratura.
El procesamiento significó que la investigación no sólo era una cuestión parcializada, impulsada por Vega y Puigdéngolas, sino que los camaristas Alfredo Rafael Porras, Gustavo Castiñeira de Dios y Manuel Alberto Pizarro avalaban el caso.
Fue el punto de partida para que el Consejo de la Magistratura considerara que la investigación era seria y debía meterse en el ruedo.
El 27 de abril pasado, sus 18 integrantes encabezados por el presidente de la Corte Nacional, Horacio Rosatti, excluyeron a Bento del listado de aspirante a la Cámara de Casación. Muchos vieron en esa decisión un golpe para el magistrado mendocino.
Procesado, en libertad y en funciones, tal como le permiten sus fueros, el juez Bento tiene ahora dos flancos abiertos: la investigación judicial y la del Consejo de la Magistratura. La pregunta de todos es cuál de las dos terminará primero.
