Dos nuevos imputados ha sumado la causa que investiga al juez federal Walter Bento como presunto líder de una organización delictiva dedicada a pedir coimas a cambio de beneficios carcelarios: se trata del abogado Luis Francisco “Chato” Álvarez y del Fabián Vaia, un empresario que se dedica a rubro de los insumos médicos.
Tras el levantamiento del secreto de sumario ordenado por el juez Eduardo Puigdéngolas, ayer el fiscal Dante Vega ordenó una serie de medidas tales como detenciones y allanamientos y nuevas imputaciones.
Así, en Buenos Aries ayer fue detenido Luis Francisco “Chato” Álvarez, un abogado porteño que desde hace algunos años es vecino de Bento en el barrio Palmares y que, desde el principio de la investigación aparece nombrado en el expediente como el letrado que le prestó un BMW al Diego Aliaga, antes de que fuera asesinado.
Álvarez quedó detenido e incomunicado a la vez que fue imputado por asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor y por tres hechos, en concurso real entre sí y en concurso real con el anterior delito, en relación a los Casos número Diez (Daniel Martínez Pinto) y Once (Sebastián Palumbo y José Rodríguez Núñez)”.
“Cuando Aliaga no tenía éxito en sus tratativas, ingresaba Luis Francisco Álvarez”, sostiene la acusación. Pero el abogado porteño ofrece “una puesta en escena más sofisticada: siempre pide dinero a cambio de la obtención de una libertad espuria, pero en vez de entrar en contacto con los presos lo hace con sus familiares o amigos, en reuniones pactadas en un café y como Aliaga, insisten en la presencia de las esposas de los detenidos en las “reuniones de negocios”, esto para agregar un factor de presión adicional”
Para el fiscal, Álvarez nombra a Bento a la hora de hacer “la propuesta” como “lapicera que le falta” o la “lapicera que le faltaba arreglar”.
“Además de intervenir activamente en el cohecho activo y pasivo realizado por Daniel Martínez Pinto (lo “presiona” para que firme la cesión del departamento según le escribió el propio Martínez a Aliaga); mantuvo con éste una relación asidua, siempre por fuera de la defensa técnica propia de un abogado y sin que pueda catalogarse como una amistad”, dice la acusación.
Un empresario imputado
Pero además ayer el fiscal Vega imputó a Fabián Vaia por cohecho activo agravado pero el caso conocido como número 12. Según consta en el expediente, Vaia –vecino también de Palmares- es un empresario dedicado al rubro de los insumos médicos que habría entrado en contacto Bento cuando el magistrado lo imputó por evasión tributaria, en noviembre de 2015 como uno de los responsables de la empresa Insumos Biomédicos S.A. Finalmente, Bento lo sobreseyó en esa causa.
Según el médico Daniel Palumbo –un nuevo testigo que es padre de Sebastián Palumbo, actualmente juzgado como integrante de una banda dedicada al contrabando- Vaia apareció en la cárcel de Cacheuta, en octubre de 2019, cuando su hijo estaba detenido allí y se presentó como un viejo amigo de Sebastián.
Días más tarde, Vaia fue hasta la casa de Palumbo y le dijo Vaia le dijo “mirá, lo podemos sacar al Seba pero tenés que poner hoy 160 mil dólares”.
“Para que te quedes tranquilo yo voy a ser el garante, yo voy hacer que se cumpla el trato. Va a ser así va haber un cambio de caratula, le van abajar la cosa al Seba, y con eso ya va a quedar en otra situación diferente a la que está, mucho menor”, declaró el médico.
Para el fiscal Vega Vaia es una suerte de “intermediario” y además “no es un improvisado, ni tampoco un oportunista; se trata de una persona que está perfectamente enterada del sistema de coimas que articula la asociación ilícita dirigida por el Juez Bento y de la situación por la que atravesaba Sebastián Palumbo, como así también de la dirección de su padre y demás datos de éste que hacían a la cuestión. Si bien no se han determinado elementos de convicción para considerarlo parte de la asociación ilícita, es evidente que interviene en el contexto delictivo de la banda en relación a este caso”.
Ayer también fueron imputados el juez Bento por los delitos de e asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con el delito de cohecho pasivo por un hecho en referencia a Daniel Martínez Pinto (caso 10), en concurso ideal con el delito de prevaricato y también en concurso real con el resto de los delitos por los que se los ha indagado y procesado.
También se imputó a Daniel Martínez Pinto, un presunto contrabandista que actualmente está detenido en Neuquén por el delito de cohecho activo agravado por el llamado caso 10 y a Marcos Adrián Calderón por ser, presuntamente, cómplice primario del delito de cohecho.
