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hace 3 horas
Una mujer, imputada en la “segunda ola” de acusaciones que el fiscal federal Dante Vega realizó en el caso de las presuntas coimas que tienen como jefe al juez Walter Bento, se encuentra prófuga en Chile y, desde allí, ha solicitado su libertad.
Se trata de Rosa Isabel Fernández Morales, quien fue imputada el 8 de junio pasado, cuando Vega acusó a siete personas, entre ellas Jaime Alba (abogado), José Gabriel Moschetti (comisario), Walter Aníbal Costa Sgró, Jorge Miranda (abogado), a Javier Leónidas Angeletti (abogado) y Martín Rodolfo Bazán (policía).
Rosa Isabel Fernández Morales, de nacionalidad chilena pero con residencia en Mendoza, está imputada por el delito de cohecho activo agravado, en calidad de coautora, porque habría pagado sobornos, puntualmente 40.000 dólares, presuntamente por intermedio de su abogado defensor Jorge Miranda, destinados a la asociación ilícita investigada con el fin de obtener beneficios procesales en la causa en la que se encontraba imputada, en concreto, un cambio de la calificación legal que se le atribuía y posteriormente su excarcelación, esto es, en referencia al caso individualizado en el apartado II del dictamen Fiscal como: “caso 6”.
Fernández -condenada con un pena menor de contrabando- se encontraba en Chile cuando fue imputada. La sospechosa habría viajado hace tiempo con el fin de cuidar a su madre que se encuentra enferma o bien sabiendo que podría quedar implicado en el casos de coimas. Lo cierto es que, al enterarse de la novedad, presentó un escrito solicitando la eximición de prisión.
El caso 6
El llamado “caso 6 es el siguiente”: en 2013, a través de una denuncia anomia se empezó a investigar a una organización dedicada a transportar mercadería de contrabando desde Chile. En noviembre de ese año se detuvo a un camión que venía de Buenos Aires con 257 mil paquetes de cigarrillos valuados en 3 millones de pesos.
A través de información que provino de escuchas telefónicas, en febrero de 2014 se detuvo en Uspallata a otro camión con cigarrillos de contrabando. El hallazgo precipito un allanamiento en un galpón en Rodeo del Medio donde se encontraron más de un millón de pesos en cigarrillos.
Se trataba de una organización comandada por un argentino y un chileno en la que Rosa oficiaba de contacto en la Aduana para facilitar el paso de los camiones que luego fue juzgada por contrabando. Diez personas resultaron condenadas,entre ellas la chilena. Inicialmente Rosa fue imputada como autora y luego como partícipe secundaria y por lo tanto se le dio la libertad. Los investigadores sostienen que la mujer pagó 40 mil dólares a cambio de su libertad presuntamente a través del abogado Jorge Miranda, hoy también imputado por coimas en la misma causa. El beneficio fue recibir una condena menor, excarcelable.
