Gustavo Seré, el hombre que estuvo en la cárcel 451 días y sus noches por un crimen que no cometió, ha demandado al Estado provincial por una suma superior a los 7 millones de pesos.
Seré estuvo detenido entre 2017 y 2018, acusado del asesinato del adolescente Emir Cuattoni (15) por cuya muerte el mes pasado la Corte provincial confirmó una durísima condena de 32 años de cárcel para el empresario Dionisio Nazar Elmelaj Elaskar (58).
“El caso Seré” levantó importantes polémicas porque desde el preciso momento en que al hombre se le confirmó la prisión preventiva, la causa ya era denunciada como “armada” y Seré señalado como un “perejil” que nada tenía que ver con el crimen. Aún así, pasó más de un año y dos meses en el penal de Boulogne Sur Mer. Durante ese tiempo, en la causa figuró –y así lo presentaban algunos los medios- como “narcotraficante”, cuando era un ciudadano común y corriente, sin antecedentes, que tenía un instituto de enseñanza de oficios.
Ahora Seré, a través de sus abogados Guillermo Yornet y Antulio Santamaría, ha demandado civilmente a la Provincia por la suma de 7.311.147 pesos “en concepto de reparación por los daños materiales, morales, psicológicos y de imagen pública y percepción”.
“No creemos que haya mala fe de las autoridades judiciales ni del Ministerio Publico Fiscal pero sí creemos que se trata de una cuestión de equilibrar las cargas públicas. No es lo mismo la carga pública de ir a votar que soportar una prisión preventiva durante un año y dos meses sin haber cometido ningún delito. Incluso ser investigado mucho tiempo antes por la Policía, perturbando su normalidad”, sostiene Santamaría.
Un caso “armado”
La demanda comienza narrando la “sátira de investigación policial al mejor estilo Inspector Columbo”, donde hubo un testigo que “se dio vuelta” y brindó un relato “guionado” señalando a Seré en una fiesta, vendiendo droga. A esto se sumó el ex policía Roberto “Pastilla” Roldán, quien introdujo la hipótesis de que se trató de un ajuste de cuentas narco y también que unos chicos le habían robado algo en la camioneta de Seré y por eso había matado a Emir.
Luego también fue señalado por “un informe de Inteligencia Criminal de la Policía” y un ex empleado de Seré, quien dijo haber escuchado de su boca: “Ahí lo puse al guacho ese”, señalando la escena del crimen.
La demanda también se detiene en el papel del Poder Judicial que “compró” la versión policial y valoró erróneamente la calidad de las pruebas apartándose del principio de la “sana crítica racional”, ya que las pruebas eran “inexistentes”. “Se cometió un grosero error judicial, ya que la prisión preventiva careció de sustento lógico y fáctico”, señala el escrito.
Los abogados del demandante sostienen que hubo responsabilidad del Estado ya que “en el caso de que una persona inocente pierda la libertad, la existencia de daño resulta evidente” y que “no se puede dudar que ese daño se produjo por la decisión de efectivizar la prisión preventiva”.
“Se violó el principio de la libertad personal del imputado durante la investigación penal preparatoria, el cual es un derecho de los considerados fundamentales del hombre”, sostiene el escrito.
La indemnización solicitada
Seré reclama una indemnización de $3.811.475 por daños materiales, a lo que hay que sumarle $1.500.000 por daño moral y $2.000.000 por reparación de daño a la imagen, donde se incluye una campaña integral de reparación.
El escrito sostiene que Seré presenta un cuadro de estrés post traumático severo, con una incapacidad del orden del 30% por todas las vivencias y vejaciones que tuvo que afrontar en un establecimiento carcelario. El hombre actualmente se encuentra bajo terapia psicológica.
En relación a su imagen pública, la demanda advierte que Seré, sin desearlo, se transformó en un personaje público que era visto como “un asesino de niños y narcotraficante”.
“Sólo basta con poner Gustavo Seré en el buscador de Google” para ver cuál es la imagen del demandante. No sólo fue noticia cuando fue detenido, sino que el interés se redobló cuando salió en libertad y si se googlea buscando imágenes, aparece “esposado, rodeado de policías y guardiacárceles”.
Posición del Estado provincial
La demanda ya ha sido contestada por la Provincia, que niega que Seré haya sufrido los daños denunciados y que se hayan violado sus garantías constitucionales. También niega algún tipo de responsabilidad, daño psicológico, moral y de imagen. Luego sostiene que no existió un “error judicial”.