Por dos delitos hoy imputaron a la auxiliar Soledad Herrera a policía que operaba Centro Estratégico de Operaciones (CEO) cuando entró una llamada al 911 denunciando “violencia de género” por el caso Florencia Romano y, sin razón alguna, cortó la comunicación.
La inacción de esta policía es una de las razones por la cuales el femicidio de la adolescente de Guaymallén produjo el repudio de organizaciones feministas, de la población en general y las distintas movilizaciones que generó el caso.
En concreto la imputación es por abandono de persona y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El primer delito tiene una pena que va de 2 a 6 años de prisión; el segundo, la misma pena.
Si bien, en principio se evaluó el agravante de “abandono de persona”, esta figura fue desechada por la Fiscalía de Delitos No Especializados –el fiscal Jorge Calle y su jefa, la fiscal Laura Rousselle- que lleva adelante la investigación.
La prueba principal del caso es el audio que registró la llamada que nunca fue atendida por la policía. En la misma el vecino que denuncia advierte que se trata de una situación de “violencia de género”, sin especificar –obviamente porque no lo sabía- si eran gritos, o una pelea, por ejemplo.
Frente a esto, se desprende que la policía no se pudo representar, no pudo pensar directamente que se estaba denunciando una situación que terminaría en un asesinato. La ley determina que esta “representación” deber ser comprobada necesariamente . N se produjo en este caso y por lo tanto no aplicó el agravante de seguido de muerte.
Para incluir la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público, los fiscales analizaron el protocolo de actuación que tienen que acatar todos los policías que atienden las llamadas al 911, según explicó el comisario Roberto Lucena, uno de los responsables del CEO que fue llamado para que declarara.
El audio es elocuente: Herrera cortó la llamada sin razón alguna. Y aun en el caso de que el denunciante la hubiera insultado –algo que no ocurrió- la policía estaba obligada a no cortar porque, según la Ley de Policías, todos los uniformados tienen “un deber de tolerancia” que deben cumplir.
