La presunta “cómplice” de Cacho Garay (68) deberá seguir cumpliendo prisión domiciliaria luego de que se le negara la libertad en una audiencia en la que se dejó una puerta abierta para que la acusada pueda volver a trabajar.
Ayer por la tarde, del juez Federico Martínez fue la siguiente: le negó el cese de prisión preventiva a la acusada, Sandra Astudillo Staffolani (58) –una empleada legislativa y ex soberana vendimial-, medida que había sido solicitada por el abogado defensor, Carlos Moyano.
Por otra parte, el magistrado autorizó el cambio de domicilio donde la mujer cumple con el arresto domiciliario. La mudanza deberá hacerse a una vivienda ubicada a por lo menos 5 kilómetros de la denunciante, deberá realizar una encuesta ambiental previa y se mantendrá la pulsera georeferencial y la prohibición de acercamiento o comunicación que hayan prestado declaración en el expediente.
Además el juez abrió la puerta para que Astudillo puede trabajar: pero antes deberá acreditar la existencia de un empleo o relación laboral, los horarios de ingreso y salida, y un recorrido que pueda ser monitoreado.
La imputada trabajó hasta ser detenida en la Legislatura, donde tenía un contrato vigente hasta diciembre de 2023 por lo que es poco probable que vuelva a trabajar en la Casa de las Leyes. El planteo del defensor fue que Astudillo necesita generar ingresos ya que todos sus gastos son pagados por sus familiares.
En septiembre pasado los jueces Mónica Romero, Mateo Bermejo, y Eduardo Martearena, le habían otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria durante una audiencia de apelación solicitada por los defensores.
La acusación contra Astudillo
Sobre la mujer pesa una grave acusación: “abuso sexual doblemente agravado por ser gravemente ultrajante y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en número indeterminado de hechos, todo en concurso real y en contexto de violencia de género”.
Según la acusación realizada por la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Mónica Fernández Poblet, en fecha indeterminada, entre 2011 y 2013, se habrían producido los abusos por los cuales están imputados Garay y también Astudillo. La acusación sostiene que “Garay habría obligado a Verónica Macías en reiteradas oportunidades a mantener relaciones sexuales con él y Sandra Astudillo. Cuando la víctima se negó, el hombre la habría obligado amenazándola con un arma que siempre tenía en la mesa de luz y además los dos acusados la habrían obligado a ingerir tranquilizantes”.
El primero de los abusos sexuales perpetrados por Garay y Astudillo habría sido en el año 2011, y Astudillo le habría realizado tocamientos a Macías en contra de su voluntad. Luego ambos habrían mantenido relaciones sexuales no consentidas. “Ante la conmoción de la víctima, Astudillo la habría tomado con fuerza del cabello, arrojándola al suelo y dándoles patadas, para luego tirarle un balde de agua, llevarla hasta la ducha y darle un zomit y un clonazepan”, sostiene la acusación.
En otra ocasión, en 2013, los dos acusados habrían obligada a la víctima a mantener relaciones sexuales y ante la negativa, Astudillo le habría dicho: “hay que matar a esta pendeja, me va a meter en un quilombo”. Entonces Garay habría apuntado un arma contra la cantante y le habría dicho: no te vas a ir a ningún lado”.
Según la denuncia, Garay habría filmado esas presuntas agresiones sexuales entre la víctima y los dos acusados, que se habrían concretado durante fines de semana, entre 2011 y 2013.
