Después de 34 años de la desaparición de Adolfo Garrido (29) y Raúl Baigorria (31) –el primer caso local de desaparición forzada de personas durante la democracia- la Justicia Federal de Mendoza detuvo hoy a 21 personas relacionadas con el caso, entre ellos al ex juez provincial Enrique Knoll y al ex fiscal provincial Adelmo Argüello.
Además de los ex magistrados, los 19 restantes detenidos son ex policías que participaron en distintas instancias en la desaparición de Garrido y Baigorria, algunos que estuvieron en el fatídico procedimiento que se hizo en la rotonda de Monseñor Orzali, en el parque General San Martín, y otros que participaron de la fallida o ineficaz investigación posterior.
Esta mañana, luego de que el juez federal Marcelo Garnica, responsable del Juzgado Federal 3 de Mendoza, ordenara una serie de allanamientos en distintos departamentos del Gran Mendoza, a pedido de la Fiscalía Federal 2 de Mendoza, interinamente a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz, personal de Gendarmería Nacional detuvo a todos los sospechados en sus respectivas viviendas.
Todos fueron imputados por el delito de privación ilegítima de la libertad, por desaparición forzada de persona, es decir por el artículo 142 que dice: “Se impondrá prisión de diez (10) a veinticinco (25) años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.
Según explicó a Los Andes una fuente que trabaja de la investigación, luego de que el caso pasara a manos del juez Garnica, quien delegó la investigación en el fiscal Alcaraz, se inició una silenciosa investigación en la que se tomaron testimonios, y se ordenaron distintas pruebas que fueron consideras como razonables para llevar adelante hoy las detenciones e imputaciones.
“En algunos casos los sospechosos son ancianos o bien tienen algún tipo de patologías más o menos graves por lo que se determinó realizar detenciones domiciliarias provisorias”, explicó la fuente consultada.
Se trata de una modalidad más o menos novedosa que la Justicia Federal local ha utilizado en algunos casos de Lesa Humanidad o bien en mujeres embarazadas o madres con niños pequeños que han sido imputadas en causas de droga.
Según trascendió, uno de los que habría obtenido este beneficio fue el ex Adelmo Argüello, junto a tres ex policías imputados (uno de ellos sufrió un ACV recientemente).
En tanto que el ex juez Enrique Knoll fue uno de los primeros en llegar a Tribunales Federales, donde fue indagado y quedó detenido en la U-32 junto a los policías y ex efectivos implicados.
La nueva investigación
A la hora de definir la investigación realizada por el juez Garnica y el fiscal Alcaraz, podría decirse que todas las actualizaciones realizadas por los ex uniformados y por Knoll y Argüello se habrían realizado siguiendo los “patrones” utilizados durante la última dictadura, pese a que la desaparición de Garrido y Baigorria ocurrió ya en democracia.
Para los investigadores estaría probado que el 28 de abril de 1990 las víctimas desaparecieron tras un procedimientos policial que fue visto por algunos testigos. Y que luego, ambos fueron llevados junto al Fiat 1500 en que se movilizaban, hasta la comisaría Quinta de Ciudad pero este procedimiento nunca quedó asentado en esa dependencia.
Luego Garrido y Baigorria fueron llevados hasta Investigaciones, en donde algunos testigos sostienen haberlos visto golpeados. Esta situación nunca fue puesta en conocimiento de la Justicia de Mendoza.
Posteriormente, cuando una abogada de los familiares de las víctimas presentaron un habeas corpus, el caso quedó en manos del por entonces juez Knoll y luego también de Argüello. Ahora, la Justicia Federal entiende que se habría producido una inacción judicial por parte de los magistrados imputados. Es decir que habrían tomado testimoniales de forma selectiva, habrían ordenado la investigación con personal policial que había participado en el procedimiento en el que se detuvo a Garrido y Baigorria o bien que estaban en actividad en la comisaría Quinta.
En resumen, “todos los imputados tuvieron participación en distintos tiempos y lugares de la negligente investigación que nunca tuvo detenidos”.
Para los federales el 28 de abril de 1990, en horas de la tarde, Adolfo Garrido O y Raúl Baigorria circulaban en un vehículo tipo rural Fiat 1500 color azul, dominio B-099.827, con dirección Norte-Sur, y al llegar a una rotonda conocida como “Monseñor Orzali” de la provincia de Mendoza, fueron interceptados por un móvil de la Dirección Motorizada del que descendieron cuatro funcionarios uniformados y con boinas que cubrían sus cabezas.
Luego de hacerlos descender del vehículo y “cacharlos” los trasladaron a dependencias policiales. Por la noche, algunos testigos los ubicaron en Investigaciones, sobre calle Belgrano de Ciudad.
