Oro, dólares, joyerías que funcionaban como pantallas de “cuevas” para el cambio de divisas, autos de alta gama, boliches y casas en barrios privados. Un lucrativo negocio que iba viento en popa… hasta que la AFIP-DGA vio que los números no cerraban y dio aviso al juez federal Marcelo Garnica, quien en junio allanó 22 locales regenteados por dos jóvenes que habían amasado una fortuna durante la pandemia de Covid-19.
¿Cómo lograron dos mendocinos de 25 y 27 años sostener este tipo de “emprendimiento” que consiste en cambiar divisas sin la autorización del Banco Central en el centro de la Ciudad? Con mucha seguridad, con ex policías y comisarios en actividad que ofrecieran sus servicios a cambio de coimas periódicas o bien de jugosos sueldos, según consta en el expediente.
Pero ¿cómo empezó el millonario negocio? La hipótesis sostiene que para conseguir el dinero para aprovisionar los locales y disponer de capital, la organización se habría valido de camioneros que habrían trasladado oro hacia Chile e ingresado dólares y euros para comercializarlos en el Centro mendocino.
Luego, los dos jóvenes líderes del negocio obtuvieron importantes ganancias que fueron “blanqueando” mediante la compra de autos de alta gama (un BMW y una camioneta Mitsubishi), a la vez que diversificaban los negocios abriendo el bar “La rosa club”, en Ciudad, un boliche con el mismo nombre en Luján y otro, “Praga”, en Ciudad.
Haciendo historia, el que comenzó con el negocio de los dólares fue Ernesto Bazán (69), conocido en el ambiente de los “arbolitos” del Centro como “Chamuyo” o “Stefano”, quien arrancó en el negocio en la década del ‘80, utilizando como oficina algún café céntrico y con un teléfono como única herramienta.
En el ambiente de los cambistas siempre se comentó que sería un testaferro, que habría amasado un capital con “colaboración” no desinteresada de un gran empresario. Él declara que recibió como herencia tres campos y que vendió uno y le dio 80.000 dólares a su hijo y 20.000 a la ex esposa.
Fue su díscolo hijo Nicolás (25) –junto a su socio Renzo González (27)- quien “chocó” el negocio familiar, visibilizándolo a través de la apertura de siete joyerías (cuatro bajo el nombre Stefano Canella, otras dos como Vía Roma y otra como La casa del tesoro), los dos bares y el boliche.
Lograron amasar una pequeña fortuna: en los allanamientos de julio pasado se secuestraron 4.100.000 pesos, 49.900 dólares y 7.480 euros (unos $28 millones). Para entender el volumen del negocio resta decir que se identificaron 74 personas que trabajaban en esos lugares, muchos de ellos como “arbolitos”.
Hoy Nicolás Bazán está detenido e imputado como jefe de la asociación ilícita dedicada al lavado activos y cohecho (coimas). Renzo González es considerado jefe de la asociación ilícita. Ernesto Bazán está imputado por asociación ilícita y cohecho activo.
Los tres están detenidos y, en breve, el juez podría decidir si los procesa junto a los otros siete detenidos, según explicó el abogado Cristian Marcos Puga, defensor del mayor de los Bazán.
El rol de cada uno
¿Quién se habría encargado de custodiar y trasladar valores, controlar a los vigiladores y a las cámaras de seguridad? En un primer momento, el ex comisario Marcelo Salcedo lideró las tareas de seguridad pero luego Bazán hijo se peleó –hubo golpes que quedaron registrados en las cámaras de seguridad- y lo reemplazó en marzo de 2022 por el ex comisario Ángel Fava (echado de la Policía de Mendoza en 2015, hoy prófugo) y Roberto “Poroto” Bustos (65), un hombre con una dilatada experiencia: ex militar, ex funcionario del Poder Judicial de la Nación, ex personal civil de Inteligencia, ex seguridad de presidentes, ministro y militares, actualmente jubilado. Salcedo y Bustos están imputados como miembros de la asociación ilícita; el último se declaró inocente.
Pero, sin dudas, la figura más “llamativa” de la investigación es la del comisario Dino Enzo Rossignoli (49), jefe de la División Operativa Federal de la Policía Federal Argentina. De acuerdo a la instrucción fiscal, fue contactado por Bazán padre para que, a cambio de presuntas coimas, les diera protección.
Rossignoli está detenido e imputado por asociación ilícita y cohecho pasivo. En su despacho de la sede de la Federal se secuestraron 21.500 dólares en una caja de seguridad, entre otras cosas.
La contadora María José Gregorio está detenida e imputada como miembro de la asociación ilícita como partícipe necesario. Se habría encargado de orientar a Bazán y a González en el armado de la ingeniería utilizada para lavar activos.
Por último, Andrés Bauco (prófugo), Félix Masera y los hermanos y productores musicales Juan Manuel y Alejandro Agustín Moral se encargaban de manejar los negocios –joyerías, boliches y “cuevas”- y reportaban directamente a Nicolás Bazán, según la investigación.
De acuerdo a las pruebas recolectadas, le enviaban fotos y en algunos casos mensajes donde se decía, por ejemplo “150 (dólares) a PFA” que, se sospecha, serían pagos al comisario Rossignoli.
