En consonancia con el levantamiento del secreto de sumario, la investigación que tiene como presunto jefe al juez federal Walter Bento de una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas por favores a presos, tomó un nuevo impulso hoy con la detención e imputación de tres abogados, un comisario y, además hay nuevos imputados y se decretó la inhibición de bienes de Bento, su mujer y sus tres hijos.
El fiscal Dante Vega solicitó al juez federal Puigdéngolas las siguientes medidas: la imputación, detención, incomunicación, citación a prestar declaración indagatoria (y, en algunos casos, la prohibición de salir del país) del abogado Jaime Alba, el comisario José Gabriel Moschetti, Walter Anibal Costa Sgrò, Rosal Isabel Fernández Morales. Además, se ordenó el arresto domiciliario de Alfredo Rodolfo Aliaga (el padre de Diego, por la edad).
También se solicitó la imputación y citación a prestar declaración indagatoria de Jorge Miranda (abogado), Javier Leónidas Angeletti (abogado) y Martín Rodolfo Bazán (policía). A todas estas medidas se sumó la ampliación de las imputaciones del juez Bento, Walter Bardinella, y los abogados Martin Ríos y Luciano Ortego.
Otra novedad es la inhibición de los bienes de Bento, de su mujer, Marta Boiza, y de sus hijos Nahuel, Luciano y Facundo Bento.
Además se realizaron allanamientos de los lugares de residencia y trabajo de las personas involucradas, con autorización de requisa y registro de toda persona y vehículo que se encuentren.
El abogado Alba era “el coordinador”
El abogado Jaime Alba fue imputado por el delito de cohecho activo agravado en tres hechos, todos a su vez en concurso real por ser “uno de los organizadores o coordinadores, junto con Luciano Edgardo Ortego de la asociación ilícita liderada por Walter Ricardo Bento, integrada además por Alejandro Matías Aramayo, Leopoldo Martín Ríos, José Gabriel Moschetti y Walter Bardinella Donoso, quienes actuaban siguiendo las instrucciones dadas por Diego Alfredo Aliaga, destinadas a que el juez cumpliera en los expedientes, con su parte en el acuerdo ilícito, esto es, obtener libertades o desvinculaciones de la causa, mediante el dictado de faltas de mérito o cambios de calificación legal de menor grado, que servían para aparentar la legalidad de sus resoluciones, en procesos penales tramitados en el Juzgado Federal nro. 1 de Mendoza a cambio de sobornos”.
Para el fiscal Vega, Alba no cumplía un rol menor: sería “coordinador de la actividad de la organización criminal, delineando la actividad del resto de los miembros, consiguiendo abogados para actuar en los casos de cohecho o incluyéndose entre los miembros en caso de ser necesario”.
El rol del comisario Moschetti sería “integrante de la organización criminal y “como miembro de la Policía de Mendoza (Comisario de la Policía de Mendoza y Jefe del Departamento Narcocriminalidad Valle de Uco) por un lado, incorporar información para la formación de causas judiciales, registrando como “informante n° 59” de la Policía a Diego Alfredo Aliaga y también a Walter Bardinella Donoso como “datero”, para luego obrar en consecuencia y, aprovechándose de su actividad lícita, haber puesto en conocimiento de Walter Eduardo Bardinella Donoso actuaciones y datos de los allanamientos.
Esta información permitió la fuga de 6 de los 14 imputados en una causa federal que està incluida en la investigación que lidera el fiscal Vega. Además, intentó apoderarse del teléfono celular Walter Bardinella, cuando este fue detenido.
El abogado Angeletti, por su parte, es investigado en por “cohecho activo agravado, por tres hechos en concurso real por haber pagado sobornos, destinados a la asociación ilícita investigada en autos con el fin de obtener beneficios procesales en la causa en la que se encontraban imputados Walter Aníbal Costa, Diego Alfredo Aliaga (y Alfredo Rodolfo Aliaga, para finalmente quedar desvinculados de la misma, con el dictado de su sobreseimiento”.
El defensor oficial Sergio Miranda está imputado el “delito de cohecho activo agravado, por un hecho, en principio por haber pagado sobornos destinados a la asociación ilícita investigada en autos, con el fin de obtener beneficios procesales, en la causa en la que se encontraba imputada Rosa Fernández, puntualmente la suma de 40.000 dólares estadounidenses para quedar desvinculada”.
Con el nuevo avance de la investigación se amplió la imputación para el juez Bento, quedando de la siguiente manera: jefe de una asociación ilícita en concurso real con “el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con delito de prevaricato por diez hechos”. Además se le atribuye enriquecimiento ilícito de lavado de activos de origen delictivo.
