El Juzgado Federal 3 de Mendoza condenó nuevamente a un conocido narco a tres años de prisión por amenazar a una fiscal de Cámara y a los jueces del TOCF 1, durante un juicio que terminó con la condena más alta dictada en la provincia por narcotráfico.
Esta mañana el tribunal de San Rafael convalidó una pena de tres años a Raúl Daniel Bressi Escalante (62) durante un juicio abreviado, luego de los defensores del delincuente y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y la Fiscalía Federal de San Rafael, a cargo de Ignacio Sabas, cerraran un acuerdo por dos hechos de amenazas.
De esta forma, Bressi suma una tercera condena a su historial narcocriminal: en 2018 fue condenado a 14 años por el transporte de 825 kilos de marihuana que fueron decomisados en el “Operativo Vendimia” de 2018.
Luego, en agosto de 2022, el TOCF 1 estableció una pena de 19 años de cárcel al considerarlo líder de una organización narco que, en 2020, quiso ingresar a la provincia, más de 2 toneladas de marihuana que venían desde Formosa ocultas en camión cargado con arroz a granel. Esta condena es la más alta que ha recibido un delincuente por delitos de narcocrimininalidad.
En ambos casos fue hallado responsable tráfico de estupefacientes en calidad de organizador, por lo que se unificó su pena a 24 años de prisión y una multa de un millón trescientos setenta y nueve mil setecientos pesos ($1.379.700). A esta unificación se suma ahora los 3 años que estableció el tribunal sureño.
En el marco de un juicio abreviado, Bressi fue hallado culpable del delito de amenazas en dos ocasiones por haber intimidado a los funcionarios judiciales desde su lugar de detención y durante una audiencia de debate.
Amenazó a los jueces
El primero de esos hechos ocurrió el 16 de febrero de 2022, cuando desde la cárcel se comunicó telefónicamente con el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Mendoza y le dijo a un auxiliar que no recibía un buen trato médico. Después agregó “no le costaba nada” mandar a pegarle a los jueces, que sabía dónde vivían muchos de ellos y que él “manejaba todo” desde la cárcel.
Y las amenazas continuaron ya que dijo que él “metía toneladas de marihuana” a Mendoza, por lo que no le costaría nada mandar a pegarles a los jueces. Por último sostuvo que era un hombre de palabra, y como prueba de ello indicó que verificasen su legajo personal para indagar “cómo le quedó la casa a un juez de San Luis”.
Amenazó a una fiscal
El segundo episodio ocurrió el 5 de agosto del mismo año, durante una audiencia de debate, cuando amenazó a la fiscal que acusó durante el juicio. “Te burlaste de la muerte de la esposa de mi compañero, ya vas a ver; acordate que me la cobro, culiada, vas a ir a mirar vidrieras con custodia”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Durante el debate, el detenido fue traído a Mendoza desde el Complejo Penitenciario Federal N° 4 de La Pampa, donde cumplía condena, insultó y amenazó tanto la fiscal como a una jueza que presidió el tribunal. Las amenazas obligaron a retirar al acusado de la sala de debates, al tiempo que se ordenó una custodia policial para las dos funcionarias federales amenazadas.
Según se desprende del acta de acuerdo para el juicio abreviado, el representante del Ministerio Público Fiscal y el imputado acordaron mantener la calificación legal por la que fuera elevada la causa a juicio: amenazas por dos hechos, que concurren en forma real entre sí. Para la fiscalía, la materialidad de los hechos quedó demostrada en la constancia de la comunicación telefónica al Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza, en el manuscrito remitido por Bressi Escalante vía correo electrónico y en la grabación y la transcripción de la audiencia en la que profirió amenazas a la fiscal.
A través de la sentencia de homologación del acuerdo, el juzgado argumentó: “Todos los elementos probatorios señalan que la conducta desplegada por Raúl Daniel Bressi Escalante tenía como finalidad alarmar o amedrentar a los magistrados y funcionarios a cargo de la causa que lo tiene detenido. La prueba producida en autos, permite tener por acreditado que los dichos del encausado tenían por finalidad infundir temor e intimidar a los nombrados lo que, a su vez, motivó que se adoptaran medidas de seguridad sobre los mismos y sus familias”. En ese sentido, se manifestó que su objetivo era “producir temor o intranquilidad en los funcionarios a cargo de la causa en la cual se encuentra detenido” y que, si bien se retractó al momento de prestar declaración indagatoria, “el delito ya se había consumado”.
De esta manera, la jueza subrogante del Juzgado Federal 3, Susana Beatriz Pravata, homologó el acuerdo de juicio abreviado firmado entre el MPF y el imputado, y estableció una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de amenazas en dos hechos que concurren en forma real, además de disponer su reincidencia.
