El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza 1 condenó a 10 años de cárcel a una mujer de 33 años por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravado porque la víctima era menor de edad al momento de los hechos.
Esta es la segunda vez que Sara Elena Valdez es condena por el mismo delito, ya que en 2015 había recibido una pena de 12 años de prisión.
Pero en este último caso el tribunal ordenó que se le pague a la víctima $2 millones a modo de indemnización por daño material y moral. En ese sentido, ordenó que se acelere el trámite del decomiso de una vivienda ubicada en la calle Alfonso X, de Guaymallén, donde vivía la condenada.
En diciembre de 2018 una chica denunció ante el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata que ocho años antes, cuando tenía sólo 15 años, había entrado en contacto con Sara Valdez y su madre, quienes le habían ofrecido ayuda porque ella había sido abandonada por su familia.
Las mujeres llevaron a la joven a la casa de la calle Alfonso X y, con el tiempo, la fueron ingresando al mundo de las drogas y la prostitución.
Luego la llevaban diariamente la zona roja de la Cuarta Sección, de Ciudad, donde la obligaban a prostituirse a cambio de dinero que le retenían las mujeres.
En un momento la joven logró escapar de sus captoras y se estableció en la vivienda de unos parientes, en El Algarrobal. Con el tiempo logró denunciar la situación a la que había sido sometida.
La primera condena
En marzo de 2015 el Tribunal Oral Criminal Federal 2 condenó a Elena Susana López Tejada (67) a 12 años de prisión tras ser encontrada culpable de haber captado a dos menores de edad y a una mayor, con fines de explotación sexual, situación que se agravó por haberlas engañado, amenazado y haber abusado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, según el artículo 145 bis del Código Penal.
Igual castigo recibió su hija Sara Elena Valdez, aunque en este caso la pena fue de 11 años. En la ocasión el tribunal decidió darles domiciliaria, a la primera por enfermedad la primera y por estar al cuidado de un menor la más joven.
También se falló contra un joven de 21 años -menor a la fecha de los hechos- a 4 años de cárcel efectiva, por lo que fue detenido tras la lectura de la sentencia. Y un cuarto sujeto, de 20 años, que deberá cumplir 3 años en suspenso.
Este caso se inició con la denuncia de VP, una menor de 17 años ante las autoridades de la Dinaf y que impulsó el propio director de Protección de Derechos Humanos, Héctor Rubén Cuello. Con sus dichos se inició el expediente que le sirvió a la fiscal federal Alejandra Obregón para impulsar la investigación y elevar el caso a juicio.
En el debate, que por sus características fue a puertas cerradas, se pudo conocer, a través de la declaración de la menor, hecha en una Cámara Gesell y que los jueces, defensores y la fiscal pudieron seguir mediante pantallas en la sala, que además de los malos tratos -donde no faltaron insultos, amenazas y golpes con el fin de que la menor ejerciera la prostitución-, la obligaron a “trabajar” generalmente con “hombres viejitos” que vivían en las fincas aledañas al domicilio de El Sauce donde estaba cautiva.
Otro tramo de la declaración puso al descubierto dos hechos preocupantes. En el primero se le “pedía” que consiguiera del “hogar de la Dinaf o de la calle, chicas bonitas y tontitas”.
En una oportunidad la menor fue llevada en un remís al penal Almafuerte, con la finalidad de que mantuviera relaciones sexuales con dos internos y que además pudiera ingresar estupefacientes para los presos.
Así se supo también que las víctimas, pese a que estaban permanentemente custodiadas, un día lograron escapar, oportunidad en que hubo una persecución e inclusive algunos disparos de armas de fuego, hasta que un móvil policial la rescató.
A otra menor -en este caso de sólo 14 años- la llevaban en auto al centro -San Martín y General Paz- donde la obligaban a ejercer la prostitución mientras era observada por la pareja desde el vehículo en que la habían transportado.
