Este viernes el juez Mateo Bermejo condenó a 9 años de prisión a Pedro Pablo Tormo (42) , ex chofer del Ministerio de Salud, por la muerte de un joven motociclista ocurrida en 2019 en Las Heras. El acusado manejaba en estado de ebriedad cuando ocurrió el hecho.
El debate culminó luego de varias semanas de audiencias y el fallo se acercó a lo que había pedido el fiscal Fernando Giunta, quien solicitó 12 años. El abogado del sospechoso en los alegatos reclamó un cambio de calificación a homicidio culposo agravado, delito que lo ponía frente a una condena de 3 a 6 años y con posibilidades de excarcelación.
Finalmente el juez se inclinó por la hipótesis de la fiscalía y de esta manera el hombre cumplirá la pena de manera efectiva, además de una inhabilitación de 9 años para conducir.
Tormo era empleado estatal y se dedicaba a manejar ambulancias, por lo que estaba registrado como conductor profesional. El 1 de mayo no se encontraba trabajando pero si estaba abordo de un Fiat Uno, cuando embistió a un muchacho que iba en moto.
Alrededor de las 6 de aquella jornada el acusado iba por calle Doctor Moreno, pero al llegar al cruce con Avellaneda se cambió de carril e impactó con la moto de Yamil Ezequiel Telles. Este chico sufrió graves heridas y agonizó cuatro días en el Hospital Central.
Sobre ese episodio el chofer declaró tanto en la instrucción de la causa como en el juicio que acaba de finalizar, manifestando siempre que se quedó “dormido” por la borrachera que tenía esa madrugada. Por eso habría perdido el control de su rodado y terminó chocando a la víctima fatal.
Lo concreto es que al hombre le cayó la imputación más severa para el caso de los accidentes viales, que es el homicidio simple con dolo eventual y que contempla condenas de 8 a 25 años. Los pesquisas entendían que debió representarse que manejando de esa manera podía causar una tragedia e igual mantuvo su accionar; su test de alcoholemia dio 1,7 gramos de alcohol en sangre, circulaba con exceso de velocidad y traspasó la doble línea amarilla antes del siniestro.
Bajo esta hipótesis el imputado permaneció en el penal durante toda la investigación, a pesar de que tuvo siete intentos de libertad o arresto domiciliario, todos rechazos por la Justicia. Los beneficios que buscaba se sustentaban en que sufría hipertensión y estaba dentro de los grupos de riesgo frente al coronavirus.
