Condenaron a banda relacionada con el caso Bento que ingresó al país mercaderías por U$S 4,5 millones de dólares

La organización estaba integrada por comerciantes, camioneros, gendarmes y aduaneros que trajeron desde Chile celulares y otros valiosos productos.

Condenaron a banda relacionada con el caso Bento que ingresó al país mercaderías por U$S 4,5 millones de dólares
La mercadería decomisada por Gendarmería.

El Tribunal Oral 1 de Mendoza condenó a una banda de contrabandistas conformada por comerciantes, camioneros, gendarmes y aduaneros que, en 2019 ingresaron al país, desde Chile, mercaderías por el valor de U$S 4,5 millones de dólares.

Uno de los acusados que finalmente fue absuelto, está imputado en el la causa por presuntas coimas que lideraría el juez federal Walter Bento; en tanto que otro implicado que no pudo ser juzgado porque está prófugo, ya que habría sido alertado previamente por un comisario que también está procesado en el caso Bento.

Ayer los jueces Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli condenaron por contrabando a: Diego Juárez Ferro, 8 años de prisión (9, al unificarse con una condena anterior); Fabián Salas Narváez, 6 años; Luca Federico Salas Ortiz, 4 años; y Mario Javier Alberto “Charly” Baronian, 3 años condicional.

El comisario  José Gabriel Moschetti Retamales juzgado por el caso Bento.
Foto: Orlando Pelichotti
El comisario José Gabriel Moschetti Retamales juzgado por el caso Bento. Foto: Orlando Pelichotti

Para los efectivos de Gendarmería Nacional Ariel “Chapu” Rades Herrera, y José “Chacho” Peñaloza Pérez; 4 años; y para el funcionario de la Dirección General de Aduanas Walter Barroso Zalazar, 3 años y 6 meses.

También fueron condenados: Ricardo Abraham, 3 años condicional; Roberto Enrique Marín Videla 4 años (9, al ser unificada con una pena anterior en Formosa). En tanto que se absolvió a Omar Rodríguez Cichinelli por falta de acusación.

Durante el juicio surgió que esta causa de contrabando está relacionada con el juicio que actualmente se realiza en Tribunales Federales y que tiene como principal acusado el suspendido juez federal Walter Bento.

El absuelto Rodríguez Cichinelli está acusado porque habría pagado coimas a cambio de beneficios procesales. En tanto que el comisario Gabriel Moschetti, acusado de formar parte de la asociación ilícita en la causa Bento, habría alertado a dos integrantes de la banda ahora condenada que iban a ser detenidos. Así, Fabián Ballester Ladrón de Guevara se encuentra aún prófugo, en tanto que Diego Juárez fue detenido posteriormente.

Según la investigación realizada por el fiscal Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas, Rodríguez Cichinelli “habría sido beneficiado por la asociación ilícita que aquí se investiga en dos etapas diferenciadas: en primer lugar, previo a la faz judicial, mediante el aviso de Moschetti, Bardinella y Aliaga de las medidas de allanamiento y detención”.

Y en segundo lugar, “una vez detenido, mediante el dictado de resoluciones procesales favorables, solicitadas por Ortego y ejecutadas por Bento para mejorar su situación procesal y obtener así su libertad de modo presuntamente ilegítimo por obedecer, presumiblemente, a un acuerdo ilícito previo”.

Durante los alegatos, tanto el representante de la Aduana, Guillermo Aguilera como la fiscal de Cámara María Gloria André había solicitado penas de hasta 9 años para los imputados.

El modus operandi de la banda

Según la acusación, la banda habría participado en cuatro hechos de contrabando realizados entre octubre y diciembre de 2019, pero finalmente no todos pudieron ser probados en debate. El primero fue consumado y los restantes, en grado de tentativa. En ellos habrían ingresado mercaderías de distinto tipo –teléfonos e indumentarias, mayormente- por un valor de $300.000.000, según fueron valuados en diciembre de 2019, es decir 4,5 millones de dólares, al cambio de ese momento.

Las maniobras fueron realizadas con un patrón común: introducir la mercadería sin declarar a Mendoza desde la República de Chile, desviando los camiones de la ruta señalada para su importación para que, de esta forma, la carga no ingresara a las instalaciones del Área de Control Integrado (ACI) Uspallata, vulnerando así los controles aduaneros preestablecidos.

Los camiones iban hasta una empresa ubicada en el carril Rodríguez Peña al 2500, de Godoy Cruz, donde se descargaba la mercadería no declarada. Al día siguiente, los choferes retornaban en el mismo vehículo hasta el ACI Uspallata para documentar su ingreso a Argentina sin carga.

La presunta organización criminal facilitaba a los transportistas un doble juego de documentación apócrifa (MIC/DTA con firmas y sellos de aparentes funcionarios de la Aduana argentina y de funcionarios de Gendarmería Nacional) para poder realizar la maniobra.

El contrabando consumado fue detectado el 10 de octubre de 2019 en la intersección de la ruta nacional 40 y la ruta nacional 7, en Luján, cuando la Policía de Mendoza procedió al control de un camión marca Scania conducido por Aguirre Valdez y constató la existencia de una importante cantidad de mercadería que no coincidía con lo detallado en la documentación y cuyo monto final ascendió a 2.247.334 dólares estadounidenses, equivalentes en ese momento a 130.300.475,92 pesos argentinos, según consta en el expediente.

El cargamento estaba integrado por gran cantidad de ropa de hombre y mujer, una bicicleta marca Cannon Dale con motor eléctrico, una bicicleta marca Scott tipo mountain bike de fibra de carbono, 100 cargadores de celulares, 197 celulares Samsung J2 Core, tres celulares IPhone 6S, siete Samsung A30; un Samsung A20 y otros productos como lentes de sol, zapatillas y pavas eléctricas.

El siguiente hecho de contrabando ocurrió el 24 de octubre de 2019, cuando personal policial en el puesto fijo Punta de Vacas de Gendarmería controló a un camión que llevaba 53 teléfonos valuados en $520.205,95.

Posteriormente, en el mes de diciembre de 2019, los miembros de la presunta organización criminal intentaron cometer dos hechos de contrabando. El 5 de diciembre en la ruta nacional 7, sobre el kilómetro 1151, a la altura del portón de ingreso al ACI Uspallata, personal de Gendarmería Nacional de guardia en el puesto de control detuvo el tránsito de un camión. La carga ilegal, valuada en $109.435.278, estaba conformada por ropa para niños y adultos, bijouterie y hasta un sillón masajeador.

Por último, el 12 de diciembre de 2019, en la ruta nacional 7, también a la altura del ACI Uspallata, un camión eludió la entrada, estacionándose en frente del predio aduanero.

De todos modos, los gendarmes lo requisaron y dieron con una carga ilegal valuada en $32.240.964, conformada por 7.500 pelotas de fútbol y gran cantidad de ropa.

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