El Tribunal Oral Federal N°2 condenó a una banda conformada por dos mujeres trans acusada por trata de personas con fines de explotación sexual y un hombre por tentativa de homicidio, hechos ocurridos en Guaymallén en 2020.
El fallo firmado por los jueces Héctor Cortés, Roberto Naciff y Pablo Salinas (en disidencia, adhiriendo a las posiciones sostenidas por la fiscalía) fueron las siguientes: 7 años de cárcel para Paloma León (50), una mujer muy conocida en el ambiente gay de Mendoza y que fue protagonista de una película documental –Madam Baterflai, de Carina Sama- y 6 años para Antonella Rubí (39), una trans peruana considerada por la justicia como “mano derecha” de Paloma. Ambas por trata.
Además, se condenó a Matías Andrés Carretero Suárez (40) –novio de Rubí- a 4 años de cárcel por tentativa de homicidio. El tribunal absolvió a Ricardo Néstor Cáceres Molina (37), novio de Paloma, quien estaba acusado por trata de personas.
Durante los alegatos la fiscal María Gloria André había solicitado para Paloma y Rubí 14 años y 12 años, respectivamente, por trata y por tentativa de homicidio. En tanto que para Carretero el pedido había sido por 10 años de prisión.
El caso
El 14 de diciembre de 2020 una persona que paso a ser testigo de identidad reservada denunció a la línea a la 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata afirmó que Paloma, domiciliada en Gobernador Videla 1711 de San José, Guaymallén, explotaba sexualmente a aproximadamente 30 personas, entre las que se encontrarían personas trans y también menores de edad. Sostuvo que Paloma se movilizaba en un Volkswagen UP! blanco y tenía una computadora que contendría cargados los datos de cada una de las personas explotadas.
Además, indicó que cuando las mujeres explotadas salían a trabajar, eran vigiladas desde la terraza de la casa y que cuando no querían trabajar las amenazaban. Incluso la denunciante dijo que ella trabajó allí que había logrado escapar y por eso habría sido amenazada y perseguida.
Sostuvo también que las mujeres trabajan todos los días y que algunas residían en la vivienda por lo que le descontaban alquiler y comida y hasta les cobraban multas, las golpeaban y les retenían el IFE y los planes sociales que recibían. Cuando alguna de las jóvenes quería dejar de trabajar en el lugar, era amenazada. Al respecto, señaló que trabajó allí hasta aproximadamente dos meses antes de efectuar la denuncia, que luego pudo escapar, pero que continuó recibiendo amenazas y siendo perseguida.
La denuncia comenzó a ser investigada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” de Gendarmería Nacional y por el juzgado Federal 1 y la fiscal federal Alejandra Obregón, lográndose establecer que, efectivamente, a la vivienda señalada ingresaban muchas personas y que se hacían vigilancia desde la terraza.
La denunciante amplió la denuncia el 16 de diciembre del mismo año, afirmando que era amenazada por Paloma, quien se había enterado de la denuncia y quería que hiciera un video donde desmintiera los hechos.
La investigación siguió adelante y se descubrió que al menos seis mujeres trans ofrecían servicios sexuales, que se concretaban en auto o en la vivienda vigilada. Luego otro informe estableció que entre siete y diez mujeres trans ofrecían servicios sexuales.
También se registró en un video que Paloma y su pareja, Ricardo Cáceres, estaban en el lugar y que el hombre realizaba intercambios de dinero con los clientes.
Paloma tenía dos perfiles en Facebook y que Antonella Rubí sería la mano derecha de León y quien estaría encargada de mantener “el orden” dentro de la organización y de disponer la toma de represalias contra trabajadoras sexuales.
El día 18 de febrero del 2021 se recibió una nueva denuncia en la que se advertía que Paloma León explotaría sexualmente a chicas trans en el carril Rodríguez Peña e Independencia y que, si no le pagaban por estar en la vía pública, eran golpeadas.
Otra denuncia sostenía que explotaba sexualmente a mujeres en la zona roja de la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza (en las calles Federico Moreno, Corrientes, Maipú, Ayacucho) obligando a estas a ejercer la prostitución en un hotel de su propiedad.
Frente a la situación en febrero de 2021 se realizaron algunos allanamientos en la casa de Guaymallén y se detuvo a Paloma y Rubí junto a tres mujeres trans que ejercían la prostitución y algunos clientes. Además, se secuestraron teléfonos y dinero.
Las tres víctimas de trata afirmaron que se encontraban en situación de explotación sexual desde muy temprana edad, alrededor de los catorce años, habiendo transitado por otros prostíbulos o bien en la vía pública. Asimismo, destacan las profesionales del Programa, que las tres mujeres manifestaron encontrarse en situación de prostitución en el lugar allanado.
Por otra parte, el 24 de marzo de 2021 una de las denunciantes amplió su declaración y dijo que en la madrugada de ese día se encontraba en la vía pública cuando una persona le pegó un tiro en el cuello, el cual se deslizó por la tráquea. Agregó que estuvo en observación pero que los médicos decidieron no operarla.
Esta misma persona dijo que había sido amenazada de muerte por Paloma, previo a disparo y que, si bien al principio llegó al departamento de Paloma por su propia voluntad, a medida que pasaba el tiempo su trabajo comenzó a ser forzado y obligatorio. También señaló que la persona que le había disparado se llamaba “Matías”, que era pareja de Rubí. Los investigadores establecieron a través de un video que el agresor era Carretero.
