La Justicia Federal mendocina condenó a dos penitenciarios de alto rango que dirigieron la Unidad 32, ubicada en los Tribunales Federales en Mendoza, por una serie de abusos sexuales, amenazas y hostigamientos –bajo el contexto de violencia de género- a una suboficial y una celadora que estaban bajo su mando.
Este mediodía el Tribunal Oral Federal 2, conformado por los jueces Pablo Salinas y Roberto Julio Naciff y Héctor Cortes le impuso la pena de 3 años de prisión en efectivo (que deberá cumplir cuando la sentencia quede firme la sentencia) para el alcaide mayor Gabriel Martínez Zanelli (47), quien además no podrá prestar nunca más servicio en una fuerza a seguridad. Los delitos que se le atribuyeron son: abuso sexual agravado por haber sido cometido por un funcionario de una fuerza de seguridad, en tres hechos; e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en contexto de violencia de género.
En tanto que para el subalcaide Carlos Maidana Mikunda (42) el tribunal fijó una pena de y 2 a años de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en contexto de violencia de género, en cuatro hechos.
La situación de los uniformados es la siguiente: el primero, nacido en Buenos Aires, después de ser denunciado fue trasladado, ascendido y luego se retiró del Servicio Penitenciario Federal (S.P.F); el segundo, neuquino, fue trasladado, ascendido y actualmente cumple funciones en el penal de Marcos Paz.
Además el TOF 2 hizo una recomendación en materia de género para el Servicio Penitenciarios Federal: la creación de un área de genero para el personal y que se impulsen reformas que aseguren que no se brinde patrocinio jurídico institucional a personas acusadas de violencia de género y violaciones a los Derechos Humanos.
El 25 de abril pasado, los acusados escucharon los alegatos de las partes, momento en que la auxiliar fiscal María Eugenia Abihaggle solicitó para Alfredo Martínez una pena de 5 años y 6 meses de prisión como autor de los delitos abuso sexual agravado por haber sido cometido por un funcionario de una fuerza de seguridad, en tres hechos; coacciones; e incumplimiento de los deberes de funcionario público; todos los delitos en contexto de violencia de género. Además pidió que se le imponga inhabilitación perpetua para desempeñarse como miembro de una fuerza de seguridad.
En tanto que para Carlos Maidana, solicitó la pena de 2 años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en contexto de violencia de género; e inhabilitación por 4 años para para desempeñarse como miembro de una fuerza de seguridad.
Además, solicitó que cumplan con las siguientes reglas de conductas: pedido de disculpas públicas, capacitación en Ley Micaela, y publicidad de la sentencia en el ámbito laboral.
El pedido de los defensores de las víctimas
Los defensores oficiales Vladimir Triep y Leonardo Pérez Videla (como querellantes en función de la figura de Defensor de la Víctima) realizaron las siguientes solicitudes complementando el pedido de la Fiscalía.
A modo de conclusiones finales realizaron n pedido al tribunal para que los jueces hagan una exhortación en la sentencia final a los organismos superiores de S. P. F, para que realicen una reforma integral de sistema apuntando a:
1- Resignificar el concepto de ser humano más allá de cualquier concepción o visión binaria o yuxtapuesta de géneros.
2- Que la perspectiva de género se institucionalice, se transversalice, actualice y mejore constantemente.
3- Que recomiende a los órganos superiores correspondientes la adopción de toda medida que transforme culturalmente esta estructura institucional, que genere un ambiente laboral diverso, inclusivo y libre de violencias.
4- Que la denunciante sea reasignada a su lugar de trabajo habitual, que era la u32.
5- Que le sean devueltos en la forma que por derecho corresponda sus días de licencia que tuvo que solicitar por estar inmersa en estos hechos (más de 60 días).
6- Que siguiendo un modelo de reparación o compensación por el daño causado, previsto por la ley de víctimas y la normativa internacional de derechos humanos, se le recomiende al S.P.F. o al organismo específico que por derecho corresponda, le asignen un cargo superior jerárquico al grado que en la actualidad ostenta la denunciante.
Abusos del jefe
La fiscal federal María Alejandra Obregón comenzó el investigar el caso el 20 de marzo de 2020 la encargada de Despacho de la Sección SAM, del Centro de Detención Judicial “Unidad 32″ Mendoza presentó una denuncia.
Allí sostuvo que el director de ese centro de detención, Alfredo Martínez, la habría sometido a maltrato laboral, hostigamiento y amenazas, por haberse negado la misma a tener una relación íntima.
Explicó que su familia y la del denunciante tenía una amistad ya que ambas eran de Misiones pero cuando comenzó la relación laboral en Mendoza habría comenzado a recibir mensajes con doble sentido, los cuales se tornaron cada vez más elevados, incluyendo videos obscenos. Además, el denunciado habría comenzado a invitarla a salir en horario laboral para tomar café o caminar solos, manifestándole que nadie le llamaría la atención por salir en dicho horario ya que él era el Director del lugar.
Al declarar ante la fiscal la denunciante sostuvo que el acusado le habría efectuado tocamientos en tres oportunidades. La primera, cierta vez que el director la sacó de su trabajo y la llevó a su casa, y al dejarla en su casa, ella lo va a saludar con beso en la mejilla y él “me corre la cara y me pasa la lengua por mis labios”, entonces yo le dijo que se había pasado”.
En segundo suceso se produjo meses después, el día del cumpleaños de la esposa de imputado: “fuimos a su casa y me saludó diferente al resto, y me cruzó los brazos por la espalda y me apretó (de la cintura para arriba) contra su cuerpo. Desde ese día no fuimos más a su casa”.
El tercer suceso fue cuando me pegó en la pierna; el jefe la llamó y ella viendo que estaba de mal humor le dijo “vengo cuando tengas más humor”. Entonces Martínez luego de sonreír, le habría propiciado un golpe con la mano abierta en su pierna derecha a la altura del muslo, diciéndole: “rajá de acá antes que esto pase a mayores”.
Después, de la denunciante declaró que sufrió represalias por parte de Martínez, ya que logró que fuera trasladada temporariamente al Complejo Penitenciario VI, en Cacheuta, con los mismos horarios que cumplía su marido que también es penitenciario y trabajaba en el lugar, por lo que el matrimonio se vio obligado a dejar encerrado a sus hijos, ya que no tenían niñera.
Además se le dio la función de celadora, la misma función que cumplía durante el año 2018 cuando llegó a la Unidad.
La denuncia de la suboficial
Por otra parte, la fiscal Obregón recibió otra denuncia similar el 11 de octubre del año 2020 en su correo oficial que se anexó a la primera denuncia. En la misma, una Suboficial Superior sostuvo que “el Alcaide Mayor Gabriel Martínez y el Subalcaide Carlos Maidana Mikunda habrían incurrido en actos de misoginia, hostigamiento, discriminación, manipulación, violencia de género y abuso de autoridad contra su persona en su ámbito laboral, (Centro de Detención Judicial de Mendoza “Unidad 32″), donde prestaba servicios desde hacía veintidós años. Lo expuesto, la llevó a padecer estrés laboral y depresión, motivo por el cual comenzó tratamiento psiquiátrico y psicológico”.
Tras la denuncia, la suboficial afirmó que luego tuvo que padecer controles constantes o recorridas innecesarias en sus sectores efectuadas solo mientras ella se encontraba a cargo; burlas por parte de Maidana quien luego de hacerle pasar momentos humillantes o incómodos pasaba por su sector y le “guiñaba el ojo”.
También tuvo que enfrentar un cambio de horarios -quince días horario diurno y quince días en horario nocturno-, a pesar de que sus superiores sabían que no podía trabajar durante la noche, dado que en virtud de su tratamiento psiquiátrico se encontraba tomando medicación que le generaba somnolencia.
