Los 14 integrantes de la megabanda internacional con base en Mendoza procesada por un millonario contrabando fue condenada hoy por la Justicia Federal luego de 14 meses de debate. El caso destapó el escándalo en el caso Bento, que tiene al titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza procesado por lavado de dinero, asociación ilícita y presunto enriquecimiento, junto a su esposa y dos de sus hijos.
Los jueces María Paula Marisi, Alejandro Piña, Daniel Carellli, del Tribunal Federal Oral 1, condenaron a los miembros de “La banda del chino Cheng” a penas de entre dos y nueve años de cárcel, aunque su líder, el ciudadano chino Zheng “Esteban” Cheng, continúe prófugo.
Según entiende la Justicia Federal tras el fallo, la organización criminal ingresó a la provincia mercaderías de contrabando por unos 3 millones de dólares, unos 300 millones de pesos al cambio oficial. Las mercaderías llegaban desde China –vía Chile- para ser vendidas en Mendoza y en Buenos Aires.
El juicio por asociación ilícita y contrabando inició en abril del año pasado y fue tomando mayor relevancia no sólo por la millonaria suma en mercaderías que los ahora condenados traficaron, sino porque tres de ellos han sido imputados por el fiscal Dante Vega en la resonante causa por presuntas coimas que tiene como principal acusado al juez Bento. Otros dos son testigos.
Los tres primeros son Carlos Barón Knoll, un funcionario de la Dirección General de Aduanas; Daniel Martínez Pinto, un comerciante domiciliado en el barrio Palmares, de Godoy Cruz; y Eugenio “Loco” Nasi Pereira, un transportista de Junín. Están imputados por cohecho activo en el caso Bento.
Para ellos la fiscal de cámara María Gloria André, a cargo de la acusación, había pedido distintas penas por contrabando agravado: nueve años para Martínez Pinto por ser uno de los jefes de la organización, cinco años y seis meses años de prisión para Barón Knoll y para Nasi Pereira, seis años y seis meses. Los jueces coincidieron con alguno de los pedidos y condenaron en igual sentido.
De dos a nueve años
Martínez Pinto recibió una condena de nueve años de cárcel. La misma pena fue para José Rodríguez Núñez, un comerciante y administrador de una empresa de seguridad, residente en el barrio Dalvian, de Ciudad. Ambos fueron considerados los líderes de la gavilla.
Nasi Pereira fue condenado a cinco años y seis meses de prisión, un año menos que el pedido fiscal. La misma pena compartieron el empresario de logística de transporte de nacionalidad chilena, Jorge Rojas Huerta; Adrián “Gato” Fourcade Salassa, Carlos Barón Knoll y Nam Ho Park Lee, un comerciante coreano nacionalizado argentino con domicilio en Jujuy, todos por ser considerados miembros de una asociación ilícita y por distintos hechos de contrabando.
Menor condena recibió Ángel Palumbo: cuatro años y medio por integrar la organización, aunque fue absuelto en tres casos de contrabando. En tanto, Juan Oliva recibió una pena de cuatro años y dos meses de cárcel.
Aún menor fue la pena para el empresario chileno de transporte Pedro Escárate, el albañil Juan Agüero, el camionero Sergio Agüero y el metalúrgico Sebastián Espejo, que recibieron sentencia de cuatro años de encierro.
El empleado de Aduanas, Mario Rodríguez, fue condenado a dos años de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, los magistrados ordenaron la inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionarios o empleados públicos y el decomiso de las mercaderías secuestradas en los procedimientos.
La punta del ovillo
El fiscal Fernando Alcaraz inició la investigación por contrabando en 2016, cuando se encontraron abandonados en el Corredor Andino tres camiones cargados con mercaderías de origen chino que habían entrado por Chile. En julio de 2018 se ordenaron más de 15 allanamientos. Cuando fueron a buscar a Cheng a su casa del barrio Dalvian ya no estaba, por lo que quedó prófugo y con pedido de búsqueda nacional e internacional.
Los allanamientos dejaron como saldo $5 millones secuestrados (entre dólares, pesos argentinos y chilenos), 12 vehículos de alta gama, decenas de pallets con distintas mercaderías y dos pistolas.
Según la investigación, cada uno de los acusados cumplía una función específica: los líderes aportaban el dinero y supervisaban la logística. El financista Palumbo ofrecía sus oficinas en Santiago de Chile, Mendoza y Buenos Aires donde se movía el dinero. Los empleados de Aduana daban facilidades para que la mercadería ingresara al país y los transportistas acondicionaban la carga para que no fuera descubierta.
