Un operativo realizado el pasado lunes por el Servicio Penitenciario provincial sacudió la cárcel Almafuerte, ubicada en Luján de Cuyo, y secuestró más de mil dosis de cocaína y marihuana, listas para el consumo, así como tarjetas SIM y teléfonos celulares. En el caso intervino la Inspección General de Seguridad (IGS), que ya tiene a cuatro penitenciarios separados del cargo bajo sospecha de haber ingresado la droga y a otros en la mira.
El operativo fue realizado en el ala 1 del Módulo 4, del enorme penal construido en Cacheuta, diseñado para ser de media y de alta seguridad. Sin embargo, en esta oportunidad el mismo lugar que alberga delincuentes se había convertido en un “quiosco” que logró ser desbaratado gracias a una denuncia anónima que había sido radicada a través del mail que utiliza Almafuerte entre sus vías de comunicación.
Minuciosa investigación
Este último operativo fue parte de una investigación interna que hizo el Servicio Penitenciario junto a la IGS. Pero no se trató de una pesquisa espontánea, sino todo lo contrario. “Hace más de seis meses llegó una denuncia al mail de la cárcel que decía que había penitenciarios ingresando drogas. Algo muy grave”, especificó una fuente vinculada al caso en diálogo con Los Andes.
Las líneas investigativas se llevaron con máxima discreción por el temor a que se filtrara información que truncara los avances y advirtiera a los implicados cómo actuar para no ser descubiertos. A medida que avanzaba la averiguación, la mirada se enfocaba aún más en los guardiacárceles, tal cómo lo aseguraba el denunciante anónimo.
Los efectivos policiales que allanaron la cárcel secuestraron en total 296 gramos de cocaína que estaban fraccionados en 1.054 dosis. Junto a ello también incautaron 81 gramos de Cannabis Sativa divididos en 77 envoltorios, además de 65 tarjetas SIM y 10 teléfonos celulares.
Cuatro sospechosos
En el expediente de la IGS hay dos situaciones puntuales: cómo ingresaba esa droga al penal y cómo se vendía. Pues para los pesquisas no hay dudas de que todo ese material llegó con la ayuda de los penitenciarios.
Hasta el momento son cuatro los efectivos que ya pasaron a disponibilidad, es decir que no pueden ejercer el cargo y tienen el sueldo reducido a la mitad mientras estén bajo investigación. Sin embargo, creen que puede haber más colegas involucrados, ya sea para el ingreso como para la venta al menudeo dentro del penal.
“No hay dudas de que esa droga ha ingresado gracias a la ayuda de algunos penitenciarios. Es imposible que esa cantidad la metan familiares o visitas”, remarcó la misma fuente respecto a la hipótesis. Y sumó: “Esa cantidad de droga era para toda la cárcel. No se circunscribe a un solo sector”.
Aunque los sospechosos están en libertad, si la Justicia los considera culpables serán desvinculados de la Fuerza y hasta podrían cumplir condena tras los muros.
Los celulares
En cuanto a los teléfonos celulares, su hallazgo fue sospechoso para los sabuesos. Si bien los reclusos pueden utilizarlos dentro del penal luego de la pandemia de Covid, para hacerlo deben cumplir con un protocolo que consta en que las autoridades de la cárcel registren la marca, el modelo y el número de tarjeta de módulo de identificación de abonado (es decir, la tarjeta SIM). Pero, por sobre todo, el número de identificación internacional de equipo móvil (IMEI).
Cuando encontraron los 65 chips junto a los 10 aparatos sin registrar, la hipótesis se amplió a que eran utilizados para efectuar la comunicación entre reclusos y penitenciarios. De ese modo podían acordar la venta o los pagos por ingresar la droga de forma incógnita y sin riesgos de ser descubiertos.
