En una carta abierta difundida este sábado, los padres de Joaquín Sperani, el joven de 14 años encontrado sin vida en una casa abandonada en Laboulaye, expresaron su indignación y decepción hacia las autoridades por el manejo de la desaparición de su hijo y la investigación del asesinato.
Los padres, en su carta, afirmaron que desde el primer momento en que denunciaron la desaparición de Joaquín, ningún organismo público ni institución de la ciudad se acercó a brindarles apoyo o colaborar en la búsqueda. Criticaron especialmente a la Policía, el Poder Judicial y la Municipalidad de Laboulaye.
“A una semana de que nuestro hijo Joaquín falta de nuestra casa seguimos sin respuestas y dejamos bien en claro que desde el primer momento que denunciamos su desaparición ningún organismo público, así como ninguna institución de nuestra ciudad se acercó a nuestra puerta a brindarnos su apoyo ni a colaborar con su búsqueda” escribieron.
En la misiva, los padres responsabilizaron a la intendencia y al colegio donde estudiaba Joaquín, el IPEM N° 278 Malvinas Argentinas, por no activar ninguna alerta y por su falta de apoyo durante la búsqueda.
Asimismo, cuestionaron al comisario Carreras y al fiscal Walter Guzmán, encargados del operativo de búsqueda, señalando que se realizaron rastrillajes en las afueras de la ciudad, mientras que fue la propia familia la que, al tercer día de búsqueda, encontró a Joaquín sin vida a tan solo 100 metros de su escuela.
Los padres de Joaquín también instaron a los vecinos de la zona a colaborar aportando cualquier grabación de cámaras de seguridad que puedan ser relevantes para la investigación.
Además de su reclamo a las autoridades locales, los padres solicitaron al Congreso que se debata seriamente la edad de imputabilidad de los menores:“Les pedimos a los diputados de la nación que avancen con los proyectos presentados en la Cámara para debatir seriamente la edad de imputabilidad de los menores”. En caso de aprobarse una baja en la edad de imputabilidad, solicitaron que se sancione una ley bajo el nombre de “Ley Joaquín”.
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