El uso de las llamadas pistolas Taser -o dispositivos electrónicos de control o arnas de electrochoque o pistolas eléctricas- genera fuertes polémicas y tiene tantas adhesiones como rechazos.
Se trata de un arma “no letal” que es usada por algunas fuerzas de seguridad en distintas partes de mundo en ciertas situaciones tales como detenciones en la vía pública, para evitar la fuga de un sospechoso o como legítima defensa, según establecen las distintas legislaciones.
En 2007, la provincia de Mendoza adquirió 19 pistolas Taser a unos 3 mil dólares cada una, con sus respetivas municiones (35 dólares cada una) pero nunca se utilizaron. Quedaron archivadas en los depósitos del Grupo Especial de Seguridad (GES) hasta que el año pasado 17 fueron cedidas en comodato al Gobierno de la Nación. Es decir que existe la posibilidad que puedan volver a la policía local si fueran solicitadas.
Estas pistolas lanzan dardos con electrodos que están unidos a las armas por medio de cables. El impacto provoca una descarga eléctrica que interfiere las señales nerviosas que se trasmiten al sistema muscular de la víctima, produciendo una inmovilidad temporal y, obviamente, una caída al piso que puede resultar a veces más peligrosa que el electrochoque.
Los defensores de esta arma sostienen que es una solución intermedia al uso de armas de fuego, útil en situaciones donde hay gran aglomeración de gente, evitando así los "daños colaterales” que producen los proyectiles de plomo.
En cambio sus detractores sostienen que el uso de estas armas puede resultar peligroso y hasta mortal- para personas con insuficiencias cardíacas o que están bajo los efectos de algunas medicaciones. Además sostienen que causan dolor y sufrimiento y que si su uso no está perfectamente regulado pueden ser usadas como elementos de tortura.
