Dos de los tres condenados por el crimen del carpintero Juan Carlos Moya (62), ocurrido en noviembre de 2017 en Guaymallén, cuyo juicio por jurados se celebró en agosto del año pasado, presentaron un recurso ante la Corte mendocina pidiendo que se revisen sus penas. El mismo fue elevado por los abogados de Diego Vildoza y Lucas Villanueva, pero el máximo tribunal local resolvió pasar a cuarto intermedio.
La Suprema Corte de Justicia realizó este miércoles en la mañana una audiencia en la cual los abogados defensores de Vildoza y de Villanueva se plantaron frente a los siete supremos para argumentar por qué piden que las penas de 22 años de prisión que les aplicó el juez técnico Gonzalo Guiñazú sean revertidas.
Quien dio inicio a la exposición fue el abogado defensor Pablo Cazabán, quien representa a Vildoza, el hombre que fue señalado como el conductor del vehículo en el que huyeron tras del homicidio, que luego estuvo prófugo durante cinco meses y del cual su aprehensión desnudó un caso de corrupción policial en Mendoza.
Cazabán explicó que “no cuestiona el veredicto del jurado popular”, sino que cuestiona la sentencia de imposición de pena que encabezó el juez Guiñazú. El letrado está convencido de que la pena de 22 años de su cliente está mal impuesta ya que el magistrado condenó a Vildoza como coautor, cuando el jurado popular lo había considerado partícipe primario.
Además, alegó que el juez “no fundamentó por qué aplicó esa pena y no hizo distinción del aporte que realizó cada sospechoso en el hecho de sangre”.
Luego, de manera desafiante miró fijo al estrado y concluyó: “Solicito que cacen la sentencia de imposición de pena que se dispusiese a Diego Vildoza y en consecuencia realicen el reenvío al tribunal de origen a fin de que, con otra composición, se realice una nueva audiencia de imposición de pena, nada más”.
Terminada la exposición de Cazabán, llegó el turno de la defensa de Villanueva, el hombre que para la fiscalía fue quien aportó el dato de que Moya tenía en su casa los 20.000 pesos, dinero por el cual murió tras recibir el disparo en el pecho. El abogado Cristian Puga remarcó que su cliente tiene cierta inocencia respecto al asesinato y aseguró: “No tuvo intención criminal respecto al homicidio y tampoco hay pruebas que lo ubiquen en el lugar de los hechos”.
Pero apenas cerró su discurso el último letrado, el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo, tomó la palabra para dejarle en claro a la defensa y a los siete jueces que la sentencia a los dos hombres condenados a 22 años de prisión por el asesinato del carpintero, “debe quedar firme” y que ambos deben seguir cumpliendo la pena impuesta por el juez Guiñazú. Con palabras similares coincidió la querellante Jimena Villanueva, quien tomó el micrófono después del fiscal.
En cuanto a Francisco Toro Agüero, la defensa no pidió removerle la pena de 23 años a la que fue condenado, tras ser señalado por la fiscalía como el autor material del crimen, luego de que encontraran una huella suya en el cargador de la pistola calibre 9 mm con la que ejecutaron a Moya en su casa de la calle Gutenberg al 995, en Villanueva.
Junto con este último, también fue señalado como autor del crimen Miguel Ángel Donoso, quien continúa prófugo.
Finalmente, para cuando la defensa y la querella terminaron de dar sus discursos, los supremos finalizaron la audiencia y luego fuentes judiciales informaron que decidieron tomar un cuarto intermedio para resolver lo solicitado en los próximos días.
